El 'boom' de los huertos solares dispara la preocupación entre los alcaldes de la provincia

En la actualidad, se contabilizan 75 propuestas (según datos de la Junta facilitados a la Diputación Provincial de Málaga, con el pago de la garantía ya efectuado, siendo todas admisibles bajo los decretos de 2018 y 2020). Se esbozan cuatro grandes zonas en las que se prevén estas infraestructuras: el sur del Valle del Guadiaro, en la Serranía de Ronda (Gaucín, Casares, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo); la Meseta de Ronda y la comarca de Guadalteba (Ronda, Cuevas del Becerro, Cañete La Real, Almargen y Teba); la comarca de Antequera, con la ciudad del Torcal, Campillos, Archidona, Mollina, Humilladero y Villanueva de Algaidas y también Almogía; y el Valle del Guadalhorce, alcanzando la Sierra de las Nieves y la Costa del Sol (Álora, Alozaina, Cártama, Casarabonela, Coín, Pizarra, Alhaurín El Grande, Alhaurín de la Torre, Guaro, Monda, Ojén, Benalmádena y Marbella).

Ante tal avalancha de solicitudes (se prevé que esta cifra crezca), los consistorios demandan capacidad de decisión, con el objetivo de preservar el patrimonio natural de los municipios y mitigar la afección sobre el paisaje, la fauna, la flora, zonas de cultivo y la economía.

Los regidores también critican la parcelación de los proyectos, puesto que si éstos no generan más de 50 megavatios (MW), corresponde a la Junta la autorización medioambiental, con un trámite más simplificado que si la producción es mayor que dicha cifra. Entonces es el Gobierno el que debe dar su visto bueno. Por ello, se da la circunstancia de que una misma promotora está detrás de distintos proyectos en la misma zona, como en el caso de una actuación prevista en Cañete, Teba, Ronda y Cuevas del Becerro, con cinco huertos de 49,9 MW cada uno.

Además de las horas de sol, la próxima llegada de fondos europeos para políticas verdes, los posibles tintes especulativos y que Málaga tenga menos instalaciones de este tipo que otros territorios; entre otros motivos, explicarían el 'boom' de proyectos con los que intentan lidiar los ayuntamientos malagueños. Éstos, si los mismos cuentan con los vistos buenos de la Junta o el Gobierno, deben conceder licencia de obra. Otros ayuntamientos, como el de Coín, estarían planteando modificar el PGOU para tratar de frenar la implantación. El de Álora pondrá en marcha una oficina para facilitar a los afectados la tramitación de alegaciones. «Queremos decidir cómo, dónde...», manifestaron alcaldes de la comarca de Ronda.

Desde el Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves, sus regidores piden que se paralicen los proyectos en trámite y un estudio pormenorizado que permita un crecimiento ordenado para este tipo de instalaciones. «El impacto acumulativo de los parques es devastador y desmesurado para la zona y para la provincia», subrayaron, insistiendo en que se deben instalar de forma «controlada, ordenada y consensuada con el territorio».

Temor a otra burbuja

Este 'boom' ha puesto también en alerta a la Diputación, que en el pleno de la próxima semana aprobará por unanimidad una moción para exigir al Gobierno y a la Junta una moratoria en aquellos proyectos que ya se hayan encontrado con el rechazo de sus ayuntamientos. La institución supramunicipal se ha puesto al frente de esta oposición tras recibir la petición de asesoramiento técnico por parte de la mayoría de los alcaldes afectados, en busca de informes con los que poder detener la instalación de estas plantas.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha activado además una respuesta institucional con el envío de tres escritos a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; al consejero de Hacienda y Financiación de la Junta, Juan Bravo; y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. Salado reclama un acuerdo político de máximo nivel para una moratoria especial hasta que se articulen «los necesarios mecanismos de participación local, de forma que la instalación de cualquier parque solar de gran tamaño deba ser aprobada y autorizada por el ayuntamiento correspondiente y se respete el patrimonio medioambiental, paisajístico y cultural de los municipios».

Salado, que pide a Bravo una reunión con la consejería, la Diputación y los alcaldes afectados, califica de «atropello al municipalismo» la forma de tramitación actual de estos parques y le recuerda al titular de Hacienda que entre los 75 proyectos que se tramitan «se da la circunstancia de que hay municipios pequeños y medianos en entornos naturales de gran valor como Gaucín, Casarabonela, Álora o Cañete La Real, que acumulan en tramitación varios parques solares por varios millones de metros cuadrados».

A la ministra Ribera, Salado plantea «si este proceso de transformación energética de nuestro país no se ha diseñado con demasiada rapidez ante la presión del calendario impuesto por la Unión Europea para la ejecución de los proyectos a financiar», en alusión a los fondos europeos que llegarán a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez esta semana, en la que las energías renovables constituyen la tercera prioridad.

En ese sentido, Salado criticó la falta de coordinación entre administraciones con el municipalismo «en un tema que les afecta de lleno». «Los ayuntamientos se encuentran con planes estratégicos que les afectan, que se hacen en despachos de Madrid o de Sevilla y que se hacen sin contar con la opinión de las administraciones locales en infraestructuras que medioambientalmente y paisajísticamente afectan a su entorno», agregó. «El fin y la idea es buena, es transformar las energías de combustibles fósiles en renovables», expresó, «pero esto no se puede convertir en una burbuja como ocurrió con la inmobiliaria. Tiene que haber una estrategia clara y no esta carrera urgente, porque esto tiene una repercusión en el sector turístico y agrícola», abundó.

En su misiva a la FEMP, Salado esgrime que «el fomento del uso de las energías renovables no debe ir reñido con los valores de defensa del medio ambiente, la biodiversidad y el paisaje contra los que atentan muchos de estos proyectos». Advierte además de que muchas de estas plantas pueden repercutir en la actividad agrícola. «Los precios que pagan las multinacionales por el alquiler de la hectárea son inasumibles para la mayoría de los agricultores y esa pérdida de la actividad agrícola y ganadera será la puntilla para muchos pequeños pueblos», concluye.

Salado, además, se mostró muy crítico con los virtuales beneficios de estas plantas. «Las grandes fábricas no están en España y el empleo que generará la instalación y el mantenimiento de las plantas no será tan destacable», aseguró, además de insistir en que se podrían romper «las sinergias que tenemos en Málaga de protección de nuestro paisaje, de turismo ecológico, senderismo, esos corredores verdes como el que queremos hacer en el Guadalhorce, por ejemplo».