Patricia Navarro, sobre la EDAR Norte: «La Junta respeta el derecho de 20 vecinos, pero defiende el interés de 250.000 malagueños»

Así, ha incidido en que «nosotros, que siempre hemos respetado y hemos estado cerca de los vecinos afectados, hemos creído que, respetando el derecho que tienen de hacer valer precisamente su interés, el de 20 vecinos, nosotros teníamos que defender el interés de más de 250.000 malagueños que son los que están afectados ahora mismo por no poder tener esta infraestructura», ha subrayado.

Además, ha informado de que tras esta paralización ahora están estudiando, por un lado, la parte jurídica, y también la parte de infraestructura en cuanto a qué hacer, qué alternativas hay, cómo abordarlas, pero «no descartamos ninguna de las opciones y ahora mismo se están estudiando todas».

Navarro, en una entrevista concedida a Europa Press, ha incidido en que el Gobierno andaluz «como siempre, respeta cualquier resolución judicial y, en este caso, respeta absolutamente una sentencia que se pronuncia sobre una cuestión formal, pero en ningún caso sobre el fondo».

«El juez no se mete en la necesidad, en la oportunidad y en la idoneidad de esta infraestructura, ni siquiera de su ubicación», ha explicado, al tiempo que ha añadido que «lo que dice es que en la tramitación lo que se utiliza para decidir que sea esa la ubicación es un estudio de alternativas y cada una de esas alternativas debía de haber llevado una valoración ambiental».

Así, ha explicado que «la única que tiene la valoración ambiental es la actual ubicación, que se ha tramitado escrupulosamente. Se ha revisado y ha tenido trámites ambientales uno detrás de otro y los ha superado absolutamente todos. No hay ninguna figura de protección que contravenga esta decisión».

Navarro señala que «en estos momentos donde hay muchas voces y muchas fotos», ha recordado que «ese estudio de alternativas y esa decisión sobre la ubicación fue de la Junta de Andalucía del PSOE». «Nosotros ya nos encontramos este proyecto en marcha» y «dar marcha atrás podía ser un perjuicio mucho mayor que seguir hacia adelante».

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha manifestado, como siempre lo han hecho, que respetan «absolutamente a los vecinos que emprendieron esta acción judicial y que lo que hicieron valer fueron sus derechos en defensa del interés de 20 vecinos», pero ha dejado claro que la Junta de Andalucía «lo que hizo fue intentar defender el interés general y sobre todo proteger a más de 250.000 malagueños que tienen sus aguas sin depurar».

«Entiendo que ellos defiendan a 20 vecinos, pero nosotros estábamos defendiendo el interés general y sobre todo el derecho de 250.000 malagueños que tienen sus aguas sin depurar», ha apostillado.

De igual modo, ha sostenido que «en todo momento hemos estado en contacto con esos vecinos, hemos hecho absoluta pedagogía, hemos intentado practicar hasta la extenuación el diálogo, pero sobre todo hemos sido transparentes y honestos con ellos».

«Cada trámite que se iba haciendo, cada novedad que había sobre el proyecto nos hemos sentado y se lo hemos comunicado; hemos ido incluso a verlos», ha indicado y ha agregado que «nos hemos mostrado absolutamente cercanos y empáticos porque sabíamos que podía ser una molestia para ellos».

No obstante, ha valorado que «ellos decidieron, y nosotros lo respetamos, presentar la denuncia y es una manera de resolver también los conflictos de intereses».

Frente a ello, ha lamentado que «no es manera resolver los conflictos de intereses intentar boicotear unas obras, amenazar a los operarios. Eso no lo es», ha señalado Navarro, que ha dicho preferir que esa parte «quede lo más pronto posible olvidada por parte de todos, porque fue, de verdad, días muy duros para esta Administración y para este Gobierno, ese continuo boicot que se quiso, en los primeros compases de las actuaciones, ejercer sobre la obra».

Por otro lado, Navarro ha agregado le «preocupa» los «impactos» tras suspenderse esta actuación, entre ellos, el medioambiental, «porque no hay nada que vaya más contra el medio ambiente que la falta de un equipamiento que permite depurar las aguas»; y el impacto económico «para el bolsillo de todos los andaluces que van a tener que seguir pagando las sanciones de la Unión Europea, que es la que mandata que los municipios de más de 20.000 habitantes tienen que tener depuradas sus aguas».

También ha dicho que tiene impacto urbanístico, «porque los desarrollos urbanísticos están también comprometidos por equipamientos como este», ya que, como ejemplo, «si no hay un equipamiento que depure las aguas, pues los trámites ambientales para poder construir viviendas será más complicado que salgan adelante».

De igual modo, ha aludido al impacto hídrico, en primer lugar, «por la calidad de las aguas, tanto del río que va regando a su paso campos de cultivo, como también las aguas de baño, donde llegan esas natas tediosas a la playa»; pero también por «la falta de recursos adicionales que los regantes del Guadalhorce podrían tener ya cuando se construyera y estuviera a disposición ese agua».

«Esa depuradora iba a llevar un sistema terciario con el que se iba a aprovechar el agua regenerada con agua de mayor calidad, infinita mayor calidad, y con todas las garantías se iba a poder regar gran parte del Guadalhorce con sistemas de bombeo», por lo que «los agricultores del Guadalhorce están perdiendo también esa oportunidad».

Navarro, por tanto, ha mostrado preocupación y ha alertado de que «vemos que el perjuicio para una gran mayoría de malagueños es muy grande», ha concluido.