Desmantelan la pasarela sobre el río Guadalhorce para la construcción de la EDAR Norte tras el varapalo judicial al proyecto

El alto tribunal andaluz, en una decisión que se conoció el pasado 26 de junio, deja sin efecto el anteproyecto de la obra atendiendo a la petición de los vecinos. Los trabajos, de hecho, ya se habían detenido una semana antes, ya que las empresas subcontratas, ubicadas entre Málaga y Alhaurín de la Torre, argumentaban que habían sufrido amenazas y presiones.

Estos hechos, de los que se desmarcaron y condenaron las asociaciones vecinales que rechazan la ubicación de la EDAR, fueron denunciados por la UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por Sando, Dinotec y Aquambiente, adjudicataria de la construcción. Y es que la Policía Nacional investiga todo lo ocurrido desde que comenzaron los trabajos preliminares, desde la quema de máquinas, hasta la rotura de la pasarela sobre el río o la obstaculización del camino hacia las fincas, con la colocación de barreras, entre otros contratiempos.

Mari Carmen Mestanza, portavoz de este movimiento ciudadano, deja claro la satisfacción tras asistir a «la eliminación de la presa» que se había construido en el Guadalhorce para la entrada a las parcelas donde se contempla la nueva EDAR, que consideraban totalmente ilegal, y confía en que, de una vez por todas, se atiendan las razones que defienden para reclamar a la Junta que, en lugar de en estas tierras de frutales, la depuradora se levante en otro emplazamiento, que no afecte a la Vega Mestanza.

En paralelo, fuentes técnicas manifestaron a SUR que todavía se está analizando un posible recurso de casación por parte de la Consejería de Agricultura. El plazo es hasta el 5 de septiembre y, sobre la mesa, no solo están las cuestiones relativas a la obra, a los vertidos al río y su impacto al medio ambiente. Hay que analizar qué pasa con las expropiaciones ya efectuadas o posibles fórmulas de compensación a las empresas adjudicatarias.

Hay que tener en cuenta que la obra que se ha detenido es la más importante de las que hay en marcha en estos momentos en Andalucía, que llevaba tramitándose desde 2007, con el objetivo de garantizar la depuración en municipios como Cártama o Alhaurín El Grande. El incumplimiento de la obligación de tratar estas aguas supone 1,2 millones de euros de multa para España por parte de la Unión Europea cada año.

La idea, actualmente en el aire, es poner en marcha una depuradora que preste servicio a la ampliación de Málaga capital, Alhaurín el Grande, Torremolinos, Cártama y Alhaurín de la Torre. Los cinco municipios firmaron un convenio para la gestión y explotación de esta la estación, gestionada por Emasa.