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Una doble incidencia en la Línea de Alta Velocidad (LAV) a la altura de Toledo -concretamente, el robo del cable de las instalaciones de seguridad, y después, el enganche y arrastre de la catenaria por un tren- ha afectado a miles de viajeros. En la alta velocidad entre Málaga y Madrid, han sido al menos 10 trenes los que han sufrido retrasos este lunes.
Si has sido uno de los perjudicados por esta afectaciones, Facua-Consumidores en Acción recuerda los derechos que tienen los pasajeros, aún cuando su tren no haya sido cancelado. La asociación apunta a que Renfe tiene obligación de cumplir, entre otras normas, con el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, que establece no solo el derecho a la devolución del importe de los billetes o la reubicación en nuevos medios de transporte, sino también la obligación de las empresas a asumir la asistencia a los afectados aunque la paralización o grandes retrasos en sus servicios estén motivadas por causas extraordinarias.
Esta normativa europea recoge que si el retraso es superior a 60 minutos, la empresa ferroviaria tiene que ofrecer comidas y refrigerios de manera gratuita «en una medida adecuada al tiempo de espera». En el caso de que el usuario precise alojamiento, también deberá proporcionárselo en un hotel u otro lugar, así como el transporte entre la estación de ferrocarril y el lugar en cuestión. Esta estancia se podría limitar a un máximo de tres noches en caso de «circunstancias extraordinarias ajenas a la explotación ferroviaria», como es el caso de un «fenómeno metereológico extremo», apuntan desde Facua.
Asociaciones de consumidores señalan que la compañía ferroviaria tiene que proporcionar transporte en otro tren u otro medio -en condiciones equivalentes a las pactadas-, o devolver el precio pagado por el servicio a los viajeros que se vean afectados por cancelaciones o retrasos de al menos 60 minutos -ya sea en la salida o en la llegada al destino-, siempre que se avise con una antelación de al menos 48 horas respecto al inicio del viaje. En el caso de que la notificación de la cancelación o retraso se produzca con solo cuatro horas de antelación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que los afectados tendrán derecho, además, a «una indemnización por el doble del importe del título de transporte».
Para reclamar el reembolso del billete, si esta es la opción elegida, habrá que presentar una solicitud, que la propia compañía tiene que facilitar, y el dinero «se abonará en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud».
Asimismo, Facua aclara que si no se proporciona al pasajero un transporte alternativo dentro de los 100 minutos siguientes a la salida prevista inicialmente, este tendrá derecho a comprar otro billete con otros proveedores de ferrocarril, autocar o autobús, cuyo importe tendrá que reembolsarle posteriormente la empresa ferroviaria.
En este caso en concreto, Renfe debe cumplir con lo explicado anteriormente, pero no tiene que indemnizar a los pasajeros. Como señala Facua, la norma libra a las empresas ferroviarias de dar compensaciones extra si puede demostrar que «el retraso, la pérdida del enlace o la cancelación» fue motivada por «el comportamiento de terceros» entre los que incluye «el robo de cables». Entre los eximentes, se encuentran el robo de cables o el sabotaje, especificamente las causas que han provocado los retrasos en las líneas AVE de este lunes.
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