El sector servicios: «No es el momento de subir impuestos ni a las personas ni a las empresas»

María José Álvarez ha mostrado otra inquietud a la que se enfrenta el sector: ha advertido de que afronta un proceso de «internalización» de servicios por parte de administraciones y empresas, lo que puede derivar en que no se active la figura de la subrogación, lo que dejaría a las empresas «en una situación muy grave» y llevaría a la reducción de puestos de trabajo.

La presidenta de Eulen se ha referido también a los costes laborales: «Venimos de asumir una subida del salario mínimo», ha recordado. Y ha defendido que ahora las empresas del sector «no están en condiciones de asumir un incremento en los costes».

A los costes laborales ha aludido también Rodrigo Martín Velayos, presidente de Randstad: ha afirmado que le parece bien subir los salarios cuando la economía crece y la tasa de paro está baja, pero ha defendido que «no es operativo» subir los costes laborales en situaciones como la actual. De hecho, ha manifestado que será necesario adoptar medidas de contención de costes laborales unitarios («ya vendrán tiempos de poner en la agenda las tareas pendientes», ha planteado) y de flexibilidad. «Flexibilidad no es incertidumbre. Hay que recuperar el concepto de la 'flexiseguridad'. Las empresas necesitan flexibilidad y la gente, seguridad. La protección de los trabajadores está en nuestras capacidades. Hay que fomentar la empleabilidad de la fuerza laboral con el sistema educativo, políticas activas de empleo y formación durante toda la vida», ha defendido el presidente de Randstad.

En la misma línea se ha manifestado Enrique Sánchez, presidente de Adecco en España: a su juicio, es fundamental la certidumbre jurídica, no hay que hacer «pruebas» en el mercado laboral, pero sí hay que «dar flexibilidad».

Martín Velayos ha señalado que éste «es el momento de luchar juntos para crear empleo». Para ello, ha afirmado que se requieren medidas tanto a corto como a medio plazo. De manera inmediata, plantea dar tiempo a las empresas para que puedan recuperar su actividad y, para el largo plazo, realizar reformas estructurales.

De acuerdo con una encuesta realizada por su firma, la mayor parte de las compañías prevé que se reactivará plenamente a partir del último trimestre de este 2020 y el primero de 2021. En este contexto, considera vital adaptar la duración de los expedientes de regulación de empleo a la recuperación de la actividad de las empresas (ERTE), más que poner una fecha fija a la prórroga de éstos. De lo contrario, ha advertido, podemos ir de ERTE a ERE (expedientes de regulación de empleo). Evitar esa secuencia, ha señalado, dependerá de lo que se acuerde en los próximos días entre el Gobierno y los agentes sociales. De no tomarse medidas, ha asegurado, la tasa de paro se irá por encima de los niveles de la crisis anterior.

También a corto plazo, a juicio del presidente de Randstad, la Administración deberá apoyar a las empresas para que puedan adaptarse al teletrabajo y, a aquéllas que deban efectuar sus labores presencialmente, a adaptar sus instalaciones a la «nueva normalidad».

En cuanto a las medidas de medio plazo, el presidente de Randstad ha asegurado que serán necesarios incentivos a la contratación.

También en esa conferencia han participado empresarios del sector de los cuidados y la dependencia. Ignacio Vivas, presidente de Aeste, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, ha animado a revisar el modelo de las residencias, que a día de hoy ocupan a 200.000 profesionales de manera estable y no deslocalizable. Ha llamado a un «gran pacto de estado» entre todas las administraciones para definir cómo será el sistema de cuidados para los mayores.

Cintia Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, ha coincidido en que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de un pacto de país: «No vale esto es tuyo, esto es mío. Hay que apostar por la colaboración público-privada, por que haya concursos que garanticen la calidad de los servicios», ha defendido. Además, ha reconocido que la pandemia ha supuesto un «daño reputacional» extremo para el sector de las residencias. «Hay 20.000 personas que han causado defunción en nuestros centros. No voy a decir nunca que lo hemos hecho bien, pero sí lo hemos hecho bien con los recursos que teníamos y sin ayuda», defendió.

Pascual también ha afirmado que es fundamental luchar contra la economía sumergida en el sector. A esta cuestión también se ha referido la presidenta de Eulen, quien ha asegurado que las ayudas estatales (en referencia al ingreso mínimo vital) se han de vincular a la búsqueda de empleo «porque la economía sumergida no cotiza».