Los constructores piden un plan de infraestructuras con colaboración público-privada

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, ha asegurado que es necesario un plan de estímulo «basado en la ortodoxia económica». Asimismo, ha demandado «seguridad jurídica, flexibilidad y política fiscal que no aumente la presión tributaria». Respecto a esta última cuestión, ha requerido «reducciones temporales» de impuestos, tal y como, ha dicho, está aplicando Alemania. Del Pino también ha defendido que en el diseño de la recuperación hay que «escuchar a las empresas porque son las que crean empleo». También ha animado a recuperar la normalidad y a levantar las restricciones cuanto antes, puesto que, ha argumentado, donde antes se ha recuperado la normalidad, antes se está registrando la reactivación económica. «No tenemos mucho tiempo para hacer las reformas», ha asegurado Del Pino, quien ha afirmado que se ha de imponer un «acuerdo» en el que se considere la voz de las empresas y de los agentes sociales.

El primer ejecutivo de Ferrovial ha insistido en que España sigue necesitando inversión en infraestructuras. Y enumeró algunas de ellas: instalaciones de tratamiento de aguas, infraestructuras sociales y asistenciales o la rehabilitación de edificios que, además de reducir el consumo energético, puede generar empleo de forma inmediata.

Manuel Manrique, presidente de Sacyr, ha llamado a una «recuperación rápida y eficaz» que esté basada en los principios que comparte con la CEOE: la defensa de la libertad empresarial, la eficacia fiscal, el apoyo a la innovación, la búsqueda y el estímulo del talento y la sostenibilidad. En este sentido, Manrique ha asegurado que, después de que el Gobierno haya tenido alguna actuación en apoyo al automóvil y al turismo, «es necesario impulsar las infraestructuras». Y, para ello, ha demandado el fomento de la colaboración público-privada, a la vista del importante esfuerzo fiscal que va a tener que realizar el Estado para contener los efectos económicos de la pandemia. A juicio de Manrique, es esencial la movilización de recursos privados a largo plazo, así como la apuesta por infraestructuras que mejoren la vida de la gente, entre las que ha incluido no sólo las carreteras, sino las redes de telecomunicaciones, de agua, la economía circular, las soluciones sostenibles a la movilidad, las energías renovables, la educación y la sanidad.

También en apoyo de las infraestructuras, Manrique ha llamado a que España se ponga «a la cabeza de la lucha contra el cambio climático». Y a que incida en la atracción de inversión extranjera: «En el mundo hay mucha liquidez que busca proyectos moderadamente rentables, pero seguros y sostenibles; ésta es una gran oportunidad para España». Pero, ha insistido: España tiene que dar «seguridad jurídica, certidumbre y fiabilidad».

Manrique ha señalado que las empresas tienen también que cumplir con sus responsabilidades: «Somos conscientes de los retos que nos han encargado», ha afirmado. «Hay que decir basta a la mala fama de sectores; ya estamos cansados», ha reclamado. Y, a continuación, ha abundado: «Debemos crear empleo de calidad, tenemos que tener empresas más flexibles y que favorezcan la conciliación».

Ángel Simón, presidente de Agbar y vicepresidente de Suez, ha enlazado con el mensaje de Manrique respecto a la necesidad de la colaboración público-privada y respecto al compromiso que han de manifestar las empresas: «Tenemos que establecer un pacto social territorio a territorio, de la nación, de las comunidades autónomas, de cada ayuntamiento; tenemos que establecer un pacto social que esté basado en la solidaridad, la ocupación de calidad y la reconstrucción verde y sostenible».

Maurici Lucena, presidente de Aena, ha sintetizado el impacto de la pandemia en su actividad: en abril y mayo, el tráfico aeroportuario cayó más de un 99%. «Para Aena están siendo los meses más duros de toda nuestra historia; enlazaremos un año 2019 que fue récord en actividad y en beneficio neto con un 2020 que va a ser con seguridad muy malo, muy negativo». Pero también señaló su reacción, que fue «institiva» en un primer momento, con la protección de las inversión y el ahorro de 100 millones al mes, con lo que ahora Aena cuenta con más de 3.000 millones de euros de liquidez para encarar los próximos meses.

De hecho, la compañía ya ha reanudado sus inversiones: entre este año y el próximo prevé destinar a este fin 1.200 millones de euros.

Asimismo, el alto ejecutivo de Aena aseguró que ahora mismo el objetivo de la compañía no es que haya más pasajeros, sino que haya más aviones. Y, con ese objetivo, la compañía prevé incentivos comerciales para que las líneas aéreas movilicen más aparatos, con descuentos en las tarifas de aterrizaje con el objeto de que haya más movimiento.

Lucena también anunció en este foro que la compañía ha colaborado con el Gobierno, la Comisión Europea y las líneas aéreas «para diseñar lo que vamos a ver ya a partir de la semana que viene» y que va a consistir en procesos aeroportuarios más seguros, con la gestión de colas, la garantía de la distancia física, aforos máximos, control de la temperatura de los viajeros y la lectura de un formulario para seguir la trazabilidad si surgen casos de Covid-19.