Jesús Ruiz se enfrenta al pago de 120 millones y 12 años de inhabilitación por la quiebra de Aifos

Ahora el final está más cerca. El ministerio fiscal y las partes instantes del concurso han presentado ya sus conclusiones. Faltan por presentarse las de las personas para las que se pide la culpabilidad. Quedan todavía asuntos importantes por dirimirse dentro del concurso (activos pendientes de liquidarse e incidentes por resolver, como los relacionados con ventas de activos que fueron impugnadas por la administración concursal), pero como dice Nicolás Molina, uno de los tres administradores concursales designados por la jueza para gestionar la empresa y su liquidación (junto a Antonio Jesús Franco e Ignacio Álvarez Reggio), «ya se ve la luz al final del túnel».

Jesús Ruiz se enfrenta a una condena de 12 años de inhabilitación para administrar empresas, así como a responder con sus bienes del 100% del déficit concursal de Aifos, es decir, 120,4 millones de euros. Esta es la petición que ha hecho la administración concursal, a la cual se han adherido tanto la fiscalía como las acusaciones particulares. Para Teresa Maldonado, por su condición de accionista y el cargo de administradora solidaria que ocupó durante varios años, exige cinco años de inhabilitación y que responda de forma solidaria por el 20% del déficit concursal (es decir, 24 millones de euros).

Además, en sus conclusiones la administración concursal señala a siete cómplices de Jesús Ruiz, entre los que hay tanto personas físicas como jurídicas. Se trata de Ignacio María Cuadra y Rafael Antonio Coba, ambos directivos del grupo empresarial que formaba Aifos, que ocupaban cargos de apoderados en filiales; de la propia Teresa Maldonado (con carácter subsidiario para el caso de que no se la considere culpable de la quiebra); y de las sociedades instrumentales Tempestad Group 21, Carousel Eurogrup, Prohouse Inversiones, Arquitectura Ingeniería y Construcciones Ziur y Activa Homes. Para Cuadra y Coba se pide que sean condenados a responder subsidiariamente del déficit de la empresa y para el resto, al reintegro de activos que vendieron de forma fraudulenta para favorecer a Aifos en perjuicio de los acreedores, según la acusación.

¿Qué es lo que se decide en este juicio? La pregunta puede parecer obvia, pero es pertinente dado que Jesús Ruiz Casado se ha enfrentado a cientos de demandas civiles y querellas diferentes (y las que le quedan). Lo que va a determinar el Mercantil número 1 es si quienes eran los propietarios y gestores de Aifos fueron culpables de su quiebra. Así lo creen las partes acusadoras y por eso piden que se condene a Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado a responder con sus bienes del agujero patrimonial de la compañía, además de a penas de inhabilitación.

«Encontramos una auténtica avalancha de pruebas que deben llevar a la calificación del presente concurso como culpable», argumenta Carlos Cómitre en sus conclusiones finales ante la jueza. «El administrador social de Aifos cedió en pago en fraude de sus acreedores a su filial AIC Ziur, de la cual es además propietario y también administrador, cientos de fincas libres de cargas cuando, y es un hecho probado en todas las sentencias, ya se encontraba en situación de insolvencia. Tales sentencias también consideran probado la inexactitud grave y el incumplimiento sustancial de la obligación de llevar contabilidad, en los documentos acompañados con la solicitud del concurso, pues, sin duda, la contabilidad de Aifos resultaba, por decirlo de algún modo, 'creativa', sin que tan siquiera sus auditores se pudieran pronunciar sobre tal forma de llevar las cuentas, denegando su opinión en reiteradas veces», explica. Y añade que está probado que se realizó una ampliación de capital «sin que tal operación supusiera ingreso alguno para la empresa».

Y hay más, afirma el abogado que representa a cientos de compradores de viviendas de Aifos: la empresa «habría sobreseído la totalidad de los pagos a los que estaba obligada mucho antes de la solicitud del concurso». «Es más, contra Aifos, antes de la presentación del concurso, se habían interpuesto 494 demandas por incumplimiento de contratos, lo que consta acreditado en el propio informe de la administración concursal, y además se encontraba inmerso en otros cuatro centenares de litigios de la más amplia naturaleza, por los que se le reclamaba una suma superior a los 350 millones de euros», declara en su escrito. «Consta igualmente que el concursado no colaboró con la administración concursal nombrada ni facilitó la información necesaria para el interés del concurso», concluye.

Respecto a Teresa Maldonado, el representante de los acreedores asegura que hay pruebas de que sin su participación, «la mayoría de las actuaciones perjudiciales para la concursada no habría sido posible». Y cita un episodio especialmente grave a su juicio: «El 19 de diciembre de 2008, cuando la sociedad era absolutamente insolvente, la concursada adquiere al matrimonio, y para autocartera, un 20% del capital de la empresa, y cuatro meses después comunica al juzgado la apertura de negociaciones en relación a su insolvencia».

Si la jueza declara culpables a los dueños de Aifos, será una esperada victoria moral para sus acreedores ordinarios (fundamentalmente proveedores y compradores de viviendas que no fueron entregadas), pero no aumentarán sus probabilidades de recuperar su dinero, que son prácticamente nulas después de casi 14 años de proceso judicial. Para empezar, porque Ruiz Casado y su mujer, que ostentan el dudoso honor de ser el matrimonio que más dinero debe a Hacienda de toda España (15 millones y medio de euros cada uno), no tienen bienes a su nombre a pesar de que siguen teniendo un alto nivel de vida.

Según ha podido saber este periódico, ni siquiera la vivienda donde reside la pareja, un piso situado en el paseo marítimo de la zona Este de Málaga, es propiedad suya, sino de uno de sus hijos. «Son unos insolventes profesionales», sostiene Nicolás Molina. Hace ya años, la administración concursal tuvo sospechas de que el empresario podría haberse llevado dinero a Andorra y habló con la Fiscalía para investigarlo, pero aquel intento no prosperó.

La liquidación de bienes de Aifos ha servido fundamentalmente para resarcir parte de sus deudas hipotecarias con bancos, pero es muy difícil que llegue nada a los acreedores ordinarios. Sin embargo, en los últimos años los compradores de viviendas de la promotora han encontrado una alternativa para recuperar su dinero: demandar a los bancos donde ingresaron los anticipos. El bufete Ley 57, dirigido por el ya mencionado Carlos Cómitre, fue pionero en explorar en Málaga esta senda, abierta por el Tribunal Supremo en 2015 con varias sentencias en las que estableció que las entidades donde se depositaron cantidades para la compra sobre plano son responsables de la devolución de las mismas si no se constituyó el aval que la ley marca como obligatorio. Cómitre ha ganado ya varios centenares de casos y hay otros bufetes que han seguido la misma estrategia.

A día de hoy, la mayor parte de bienes de Aifos ya han sido enajenados. Precisamente hace unos días salían a subasta pública 112 activos inmobiliarios de la promotora. Lo que queda por liquidar son activos difíciles de vender: un montón de trasteros y garajes repartidos por toda la Costa del Sol y un par de terrenos grandes con serias taras. Como curiosidad, uno de ellos, ubicado en Coria del Río (Sevilla), está infestado por el mosquito de la fiebre del Nilo. El otro, en la localidad granadina de Atarfe, tiene problemas de desarrollo urbanístico. «Con Aifos ya he perdido la capacidad de sorpresa», asegura Nicolás Molina.

El administrador concursal cree que es obligado destacar, después de este largo periplo procesal, el trabajo realizado por el Juzgado Mercantil número 1 de Málaga, pues sacar un macroconcurso como éste adelante no es fácil, y menos con los limitados medios y la saturación que arrastra este órgano judicial. «Al juzgado no se le puede pedir más, para mí tanto la jueza como el secretario judicial son superhéroes», resume.