El vacío legal que obliga a Rubén a dejar su piso en Torremolinos

La cuenta atrás para esta mudanza comenzó hace algo menos de un mes, aunque, en realidad, la historia viene de largo, casi del mismo día en el que se construyó el bloque en el que, hasta que le han obligado a irse, ha vivido esta pareja.

La promotora que edificó, en el barrio de El Calvario en 2005, subarrendó los inmuebles a dos sociedades explotadoras para que firmaran, a su vez, contratos de alquiler.

El residencial, bien situado, se llenó rápido. Lo que no sabían los que tenían allí su casa es que, tal y como dictaminó un juez, en el momento en el que la compañía que levanta el inmueble llega a un acuerdo con las otras mercantiles, «atraviesa notables dificultades económicas»; aunque, a pesar de ello, asegura su señoría en el escrito, las mercantiles que hacen negocio con esta construcción, no le abonan contraprestación alguna.

Ante todo ello, como queda recogido en el dictamen judicial, el objeto de esta relación, entre promotora y explotadoras, lo que busca es dificultar a la entidad financiera que ha concedido el préstamo para la obra que pueda cobrarlo y, por lo tanto, «no se aprecia la existencia de título que legitime la posesión por parte de las mercantiles arrendatarias«.

Es esta maniobra la que da lugar a una reclamación del pufo generado y a la subasta de los pisos del bloque para hacerle frente. Tiene unos daños colaterales, personificados en los residentes: «Debe concluirse que los ocupantes de las fincas litigiosas, respecto a las que se ejercita acción hipotecaria, se halla en posesión de las mismas sin título bastante. Frente a la presente resolución judicial no cabe recurso alguno».

Estos contratos, no valen nada, a pesar de haber abonado la mensualidad en tiempo y forma y de que no tienen nada que ver con las deudas que se reclaman.

Dentro de la compleja situación, hay dos escenarios: de los 39 bienes que han salido a la venta al mejor postor, 29, están en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), debido a la quiebra de la entidad que firmó el préstamo para la construcción, y 10 en manos de particulares. De este último lote, los de Rubén y Yolanda fueron adjudicados a una mujer que, como afirman los afectados, es la misma que estaba al frente de una de las mercantiles con las que habían suscrito los acuerdos para alquilar que, finalmente, se han considerado no válidos.

Esta paradoja es motivo de investigación, por si fuera constitutiva de delito, pero no evita que Rubén y su pareja, al igual que otra vecina, Yolanda, cuya casa ha caído en manos de la misma propietaria, se vayan a la calle.

Y el caso es que, junto al resto de afectados, han movido cielo y tierra para impedirlo, denunciando la situación, incluso, con una huelga de hambre, que emprendió Yolanda. De hecho, su caso ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, de la mano del PP, de IU y de Vox, además de al Ayuntamiento.

Pero Rubén, como le ocurre a Yolanda, es también «víctima de un vacío legal», como explica su abogado, Alejandro Siles, ya que, como apunta, no se trata de un «deudor hipotecario», puesto que, en puridad, no es que haya dejado de pagar el préstamo de su vivienda, por lo tanto, no se pueden aplicar las medidas para evitar desahucios que existen, al ser específicas para ese tipo de casuísticas.

Aunque pidieron al juez que entendiera que podría tratarse de un escenario equiparable y que tuviera en cuenta que se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, tanto sanitaria como económica, tal y como queda constatado en los informes de los servicios sociales municipales, este no se ha avenido y, por lo tanto, se impone el cumplimiento a rajatabla de la orden de lanzamiento.

«Me consta también que la nueva propietaria ha hecho mucho hincapié en que debía de ser así», dice Rubén. El afectado también explica que se han hecho algunos intentos de acudir a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y a otras instancias, para tratar de encontrar alguna opción, pero ya, resume, «es tarde».

A hechos consumados, lo que tiene claro, es que, el próximo día 1 de julio, el piso estará vacío. Eso sí, no oculta sus sospechas ante lo «kafkiano» de todo lo que ocurre, empezando porque, antes de informarle de que debía de abandonar su domicilio, no se le notificó el auto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torremolinos, de 8 de enero de 2024, que da lugar a los desahucios y a todos los trámites posteriores. Con este argumento, de hecho, hay residentes que tratan de echar por tierra, por la vía legal, todo el proceso.

De lo que eran sus vecinos, hay algunos que han llegado a acuerdos con los nuevos propietarios, para mantenerse de alquiler, y luego está el grupo que tiene su vivienda en manos de la Sareb. Aunque en un primer momento, estos inmuebles también cambiaron de manos, la sociedad pública, a la que el Gobierno municipal también había pedido que intentara poner todos los medios para evitar desahucios, solicitó al juzgado la reversión de estos bienes. De esta forma, los administra y puede, una vez que estudie los casos de los que allí viven, ofrecer algún tipo de alquiler social y evitar su salida. Este análisis todavía está en marcha, como confirma la Sareb.