Desahucio en Torremolinos mientras el juzgado investiga a la dueña de las viviendas como sospechosa de estafar a los residentes

Esta firma, según el juzgado de Torremolinos que entiende de este caso, subarrendó los pisos con objetivo de dificultar el cobro de las deudas que había generado, por lo que los contratos posteriores, como los de Yolanda y Rubén, no son reconocidos como válidos.

Como consecuencia de ello, la reclamación de estos impagos abrió la puerta a los desahucios de los inmuebles, tras ser subastados para obtener dinero con el que hacer frente al pufo. Son 39 bienes, de los que 29, están en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), debido a la quiebra de la entidad que firmó el préstamo para la construcción, y 10 en manos de particulares. De este último lote, los de Rubén y Yolanda fueron adjudicados, tras la puja, a una mujer que, como afirman los afectados, es la misma que estaba al frente de una de las mercantiles con las que habían suscrito los acuerdos para alquilar que se han considerado no válidos.

Es una paradoja que genera sospechas. Como confirman fuentes de la Policía Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), hay unas diligencias abiertas, tras la denuncia de Rubén, Yolada y otros afectados, en total, media docena. El TSJA apunta que el Juzgado número 5 de Torremolinos trata de esclarecer si hay un delito de estafa con los residentes como víctimas. A partir de esta fase inicial de la instrucción, si lo hechos así lo indican, podrían imputarse otros ilícitos a los responsables de las sociedades con las que la promotora pactó el negocio de los alquileres.

A las puertas del lanzamiento judicial, en plena temporada alta de demanda de vivienda, por la llegada de turistas, a Torremolinos, la notificación ha dejado noqueados a Rubén y Yolanda. Esta última, antes de conocer la fecha de su desahucio, llegó a protagonizar una huelga de hambre con el objetivo de llamar la atención sobre el desamparo en el que se encuentra y para advertir sobre el hecho de que la misma persona que había suscrito con ella un alquiler, que no era legal, había podido adquirir luego su vivienda, lo que la deja en la calle.

En cuanto a los 29 vecinos y vecinas que tienen su domicilio en los inmuebles que gestiona la Sareb, se negocia la posibilidad de un alquiler social, en base a los informes de vulnerabilidad que abrirían la puerta a esta vía, elaborados por el Ayuntamiento. Un grupo de estos inquilinos están representados por el despacho de abogados Ruiz Rey, que confía en que, finalmente, se logre una solución beneficiosa.

También se han llegado a acuerdos entre los propietarios privados y las personas que estaban en los pisos que han cambiado de manos, para facilitar la firma de alquileres, con lo que se evitan los previsibles desahucios.

De estos avances, no obstante, no se han beneficiado ni Yolanda ni Rubén.

«Lo más grave de todo esto es que nos llega la notificación de lanzamiento, pero sin que hayamos tenido nunca la de desahucio», reflexiona Rubén. Su argumento es el que esgrimen otros vecinos del bloque de El Calvario para reclamar que todo el procedimiento de ejecución hipotecaria en el que se han visto envueltos se paralice, ya que sostienen que no fueron informados del auto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torremolinos, de 8 de enero de 2024, que da lugar a todos los trámites posteriores.

«Estamos en una situación kafkiana, a un mes de tener que dejar nuestra casa, en un municipio en el que lo más barato que se encuentras es a mil euros y, además, en temporada alta de turismo», lamenta.

Al no ser deudores hipotecarios, tampoco pueden acogerse a vías que les permitan permanecer en su domicilio. «Estamos en una zona gris, que nos perjudica», deja claro Rubén.

«Aquí está pasando algo raro, que pegará el bombazo dentro de unos años, pero, mientras llega ese momento, la cuerda se rompe por el lado más débil, el de los vecinos afectados por todo lo ocurrido», considera este vecino de Torremolinos.