¿Cuánto cuesta el alquiler de las sedes judiciales en Torremolinos?

Al Gobierno andaluz le urgía buscar un local para el registro, tal y como reconoció la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera, por el gasto en alquiler que representaba, que se consideró excesivo; la propiedad del inmueble planteó una subida para este ejercicio. Los números hablan: el arriendo anual rondaba los 83.000 euros, a lo que había que sumar unos 15.000 en concepto de limpieza, agua, electricidad y la seguridad.

Estar dentro de la sede municipal torremolinense no es gratis, la Administración regional abonará a la local unos 24.000 euros en concepto de canon por uso. A pesar de ello, son 75.000 euros menos.

La decisión de abaratar costes con el registro, genera una duda sobre el resto de sedes judiciales y si están son o no de titularidad pública. La planta judicial de Torremolinos, en concreto, consta de un Juzgado Decano, cinco de Primera Instancia, otros tantos de Instrucción, Fiscalía Provincial, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Registro Civil.

Todas estas dependencias están repartidas en varios inmuebles, por los que hay que abonar un alquiler, en el eje de la avenida Palma de Mallorca. El desembolso es de 34.821,89 euros por mes, es decir, 417.862,68 al año, tal y como detallan en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Esta realidad no es exclusiva del partido torremolinense, se da en la mayoría, tal y como indica Alfonso Justicia, secretario general del Sindicato Profesional de Justicia de USO, que desconoce la cifra exacta que hay que pagar por una práctica generalizada en Málaga y, de hecho, en toda Andalucía, a pesar de que es un dato que han solicitado a los responsables del Ejecutivo regional.

«Es un disparate», lamenta el representante sindical que critica que, además de por la derrama, el sistema de alquileres da lugar a problemas cuando hay que hacer frente a problemas de mantenimiento de edificios o averías.

Con esta realidad, sostenida desde hace años, queda clara la necesidad de acometer las obras de construcción del Palacio de Justicia de Torremolinos, una vieja demanda, tanto de los profesionales de la judicatura como de partidos políticos y representantes institucionales, de la que se habla desde hace dos décadas.

A finales de julio, la viceconsejera Ana Corredera explicó que la Junta trabaja en el expediente que permitirá asumir la cesión de la parcela municipal, en El Pinillo, donde está prevista la nueva sede judicial.

Ello es posible una vez que Torremolinos ha resuelto toda la fase previa, lo que ha supuesto que el suelo vuelva a manos municipales, ya que, en 2005, había sido cedido al Gobierno andaluz para, precisamente, edificar al ciudad de la justicia. Constatado que la entrega no ha sido aprovechada por el beneficiario para el uso previsto, la Administración local ejerció el derecho de reversión de la finca para, nuevamente, volver a entregarla.

Una vez que esté registrado el cambio de titularidad, lo siguiente será firmar un convenio entre la Junta y la Diputación que permitirá encarar ya las obras. El motivo es que el complejo judicial se levantará gracias al esfuerzo compartido entre estas dos administraciones y la local.

La Diputación será la que construya el palacio judicial, con una inversión que rondará los 15 millones de euros. Posteriormente, alquilará el inmueble a la Junta, por 30 años, a un precio que le permita recupera lo que ha puesto para la operación.

Este entendimiento quedó plasmado en un protocolo firmado, a finales de 2023, entre el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid.