La demolición del Vista del Rey en marcha: Benalmádena licita las obras
El Ayuntamiento contrata los trabajos, que costarán 837.000 euros, mientras el hotel sigue abierto y en manos de la empresa que explotaba el Vistamar
Cuatro años y medio después de que una providencia del Tribunal Supremo convirtiera en firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ... que declaraba ilegal la construcción del hotel Vista del Mar y obligaba a su demolición, el Ayuntamiento de Benalmádena ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para el derribo del establecimiento. El Consistorio ha licitado por 836.766,23 euros los trabajos de demolición de este establecimiento situado junto a la estación de Cercanías de Torremuelle que hoy opera con el nombre de Vive Costa Azul. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses y el plazo para que las empresas presenten sus ofertas finaliza el 3 de noviembre.
El proyecto que se ejecutará está firmado en diciembre de 2024, las obras fueron aprobadas el pasado abril y se licitan cuando faltan apenas seis meses para que se cumpla el plazo de cinco años que marca la Ley de Enjuiciamiento Civil para ejecutar las sentencias desde la firmeza de la resolución judicial.
El establecimiento —levantado gracias a un decreto de 2001 del entonces alcalde Enrique Bolín a favor de la empresa Inversiones y Promociones R.B.—, que de acuerdo con el fallo nunca debería haberse construido, continúa operando con normalidad como apartahotel.
El establecimiento, compuesto por 61 apartamentos con capacidad para 122 personas, piscina climatizada al aire libre y zonas comunes está en manos de Grupo Vega Inversión 2019, el mismo grupo empresarial que explotaba el hotel Vistamar o Vivemar, que fue clausurado el pasado 7 de octubre después de haber permitido su reapertura en junio de 2024, cuando dos sentencias judiciales ya advertían de que estaba siendo explotaba ilegalmente y había sido usurpado a sus propietarios, que nunca han tenido relación jurídica alguna con el conglomerado empresarial y que no perciben el alquiler desde 2019.
El edificio está dentro de una parcela sin medianerías, constituido en forma de «U», con una pendiente de norte a sur de unos dos metros, y consta de cuatro niveles (sótano, planta baja y otras dos más en altura) y una cubierta parcialmente transitable. Suma 4.673,68 metros cuadrados construidos y un volumen de 13.416,59 metros cúbicos.
Primera sentencia, de 2011
El caso emana de una denuncia formulada por la mancomunidad de propietarios de la urbanización Torremuelle, a la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga dio la razón en julio de 2011. El juez llegó a dictar en noviembre 2017 un auto de ejecución forzosa en el que obligaba al Ayuntamiento a ejecutar el derribo en un plazo de tres meses, además de imponer la ejecución subsidiaria a la Junta de Andalucía y advertir al concejal de Urbanismo que se le impondrían «multas coercitivas cada 20 días que transcurriesen sin ejecutar» el derribo en una cuantía comprendida entre los 300 y 1.200 euros con cargo a su «patrimonio personal». El auto se recurrió y llegó al TSJA, que falló en el mismo sentido que el juzgado malagueño en julio de 2020 en una sentencia que el Supremo convirtió en firme en abril de 2021.
El Ayuntamiento ya ha advertido que «en caso de que hubiera algún tipo de oposición por alguna parte, se solicitará autorización judicial antes de demoler, siguiendo el proceso establecido por el juzgado»
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