Cuatro años para un juicio y pocos medios ante la violencia machista: los retos de la modernización judicial que estrenan Torremolinos, Marbella y Fuengirola

La norma entró en vigor, el 1 de julio, en 70 de los 85 partidos judiciales de Andalucía, lo que supuso que, en la provincia, comenzaran a operar cambios en los de Archidona, Torrox, Antequera, Coín, Ronda, Vélez-Málaga y Estepona. En la práctica, se tradujo en 81 nuevas plazas de funcionarios.

Desde el primero de mes, ocurre lo mismo en las tres sedes costasoleñas, donde se pasa de 34 juzgados unipersonales a tres tribunales de instancia con secciones especializadas y servicios comunes. En paralelo, los tres juzgados de paz de esta demarcación, Benalmádena, Mijas y Benahavís, se convierten en oficinas de justicia municipales, con lo que deben ganar en funciones y autonomía.

En la tercera etapa de este proceso, antes del 31 de diciembre, deberán adaptarse los doce partidos judiciales más grandes de Andalucía, es decir, Málaga y las otras siete capitales de provincia y los que tienen su base en las ciudades de Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril.

Esta transformación, recuerda la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, la pone en marcha el Ejecutivo regional por tener transferidas la comunidad autónoma estas competencias estatales y emana de la Ley de Eficiencia, de 2 de enero de 2025, que busca actualizar y optimizar las estructuras y recursos judiciales del país, que, de manera general, fueron configurados por la Ley Orgánica del Poder Judicial hace 40 años. Así lo presenta el Ministerio cuya cartera está en manos de Félix Bolaños que, al respecto, elogió las ventajas de la innovación legal, por hacer esta función «más ágil, más flexible y con mayor capacidad de respuesta ante la congestión de algunos juzgados»; entre otras cosas, por abrir la posibilidad a facilitar la incorporación de jueces, al no estar estos adscritos a un juzgado en concreto.

Dentro de este plan, los tribunales de instancia centralizarán los servicios comunes, con la idea de aprovechar de manera óptima los recursos disponibles, lo que implica que se pasará de 3.900 juzgados unipersonales a 431 oficinas judiciales, una en cada partido, a las que hay que añadir las de los municipios donde haya juez de paz, con la premisa de proporcionar una atención completa a los ciudadanos en todos los puntos del territorio nacional y evitar desplazamientos a la ciudadanía y sobrecarga de trabajo.

Una de las apuestas de la reforma legal es la solución negociada al conflicto para abordar el exceso de litigiosidad. Esto es, en los ámbitos civil y mercantil, está previsto que las dos partes acudan a los conocidos como Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) para, si es posible, evitar el juicio, tal y como recuerda la diputada responsable de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Sonia Cámara Gamero. «La idea es muy buena, ya que busca que el justiciable tenga que enfrentarse a menos tiempos de espera, pero tiene que estar acompañada de una dotación de medios», reflexiona.

Y es que, como deja claro, en el caso concreto de Málaga no se puede olvidar el contexto en el que entra en vigor esta actualización legal, con el servicio público judicial que se encuentra, previamente, ya saturado, por las propias características de esta zona del país. «Nos encontramos con una provincia que tiene una gran población flotante y en la que se dan hechos que son muy complejos de juzgar», analiza, en relación, por ejemplo, a la presencia del crimen organizado, con mafias de distintos puntos del mundo que han hecho de Málaga su lugar de «trabajo».

Esta realidad, advierte la letrada, es patente en ejemplos como que, entre los togados, haya que cuadrar las agendas a casi un lustro de previsión, con señalamientos de las vistas de casos en los que trabajan actualmente, incluso de años anteriores, para 2028, o que haya que esperar meses para trámites judicial, en principio sencillos, como los relacionados con un matrimonio.

Y, aunque destaca que organizaciones como el Colegio y otros actores implicados, han hecho un esfuerzo por poner en marcha herramientas tecnológicas y procedimientos que ayuden en este transición, considera crucial el desarrollo adecuado de cuestiones como los expedientes digitales y otros instrumentos contemplados que, aunque tienen la intención de facilitar la vida al justiciable y a quienes le representa, si no están plenamente activos, pueden hacer que la Justicia continúe con su actual parsimonia.

Además, no hay que olvidar las deficientes de tipo material, básicas, de la Justicia en Málaga, con problemas en los propios edificios en los que imparte, como es el caso del partido de Torremolinos, que incluye a la vecina Benalmádena, con una población censada que supera las 150.000 personas, y que precisa, desde décadas, centralizar y modernizar sus actuales y deficitarias dependencias, por las que además se pagan cientos de miles al año en alquiler con dinero público, para lo que se proyecta un gran complejo judicial que tiene que terminar de avanzar en la fase administrativa.

Y, dentro de este escenario, una cuestión «especialmente sensible» es la de la violencia hacia la mujer, como reconoce la representante de la entidad colegial. El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), de hecho, ya ha solicitado por escrito a la Secretaría General de Servicios Judiciales de la Junta de Andalucía el refuerzo urgente de medios materiales y personales en este ámbito.

No en vano, desde el pasado 3 de octubre, los modernizados órganos judiciales conocen de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, independientemente de que exista o no relación con la pareja o expareja. Esta medida, sostiene la organización sindical, «si bien responde al mandato del Convenio de Estambul y busca una justicia más especializada y con perspectiva de género, puede quedar en papel mojado sin los recursos necesarios para aplicarla». «El incremento de carga de trabajo es inminente y las plantillas actuales son claramente insuficientes. Si no se refuerzan los juzgados desde este mismo mes de octubre, no solo no se avanzará en la protección de las mujeres, sino que se generará un efecto contrario al pretendido: más retrasos y más riesgos de revictimización», razona Raúl Serrano García, secretario de Organización y Acción Sindical de SPJ-USO Andalucía.

SPJ-USO recuerda que, aunque el Gobierno central aprobó la creación de 50 nuevas plazas judiciales especializadas, la mayoría no entrarán en funcionamiento hasta enero de 2026, coincidiendo con la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia.

La Junta, como competente en la materia, explica que la puesta en marcha de las fases I y II de los tribunales de instancia se asumido 86 plazas de personal (nuevas o estabilizadas) y 58 puestos de jefatura, con un coste de 4,5 millones que asume, como indicó en un comunicado, «en solitario» y sin que, como lamentó el consejero José Antonio Nieto, el Gobierno central negociara con las autonomías, sin una memoria económica asociada a la reforma legal, y con «plazos muy exigentes para aplicarla».

A ello, cuantifican desde la Consejería, se añade la adaptación del sistema de gestión procesal @driano (3,6 millones); el equipamiento digital (16,2 millones); 1,15 millones para actualizar la orden que regula las retribuciones de los profesionales del Turno de Oficio a los nuevos requisitos de procedimiento, que exigen intentar un acuerdo antes de interponer cualquier demanda civil o mercantil; 20,7 millones en obras para adecuar las sedes judiciales a la nueva estructura de las plantillas, más flexible y que requiere espacios amplios y diáfanos; o los 8,1 millones para implantar los MASC.