Nerja aprueba una ordenanza indispensable para asumir la gestión de la depuradora

La propuesta de la nueva ordenanza, presentada por el alcalde, José Alberto Armijo (PP), la concejala de Economía y Hacienda, Ángela Díaz (PP), y la portavoz del grupo municipal popular, Gema García, contó con los votos a favor del PP, Cs y Adelante, y con la abstención del PSOE y del concejal no adscrito, José García. Durante su intervención Díaz destacó que «teniendo en cuenta la importancia que tiene esta ordenanza reguladora, fundamental para la puesta en funcionamiento de estación depuradora de agua residuales de Nerja, consideremos necesaria su pronta entrada en vigor».

Igualmente la concejala nerjeña recordó que «cumpliendo con la legislación vigente en materia de prestación de este servicio de alcantarillado y depuración, y como en nuestro caso será prestado a través de una sociedad de economía mixta -la empresa Aguas de Narixa S. A.- la contraprestación económica tiene que articularse como prestación pública de carácter no tributario, y no como una tasa». «Una vez aprobada definitivamente la ordenanza, será publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) para su entrega en vigor», finalizó.

Por otro lado, la sesión plenaria aprobó también la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la gestión de residuos de construcción y demolición, aprobada en abril 2017, dos meses antes de saltar la 'operación Rubbish', que desembocó en el juicio que está pendiente de celebrarse en el Juzgado de lo Penal 15 de Málaga, con los votos a favor de PP y Cs, y la abstención de Adelante, PSOE y el concejal no adscrito. «El texto cuenta con todos los informes técnicos favorables y está suscrito por los arquitectos municipales y la letrada de urbanismo«, según informó el Consistorio.

La concejala de Urbanismo, Nieves Atencia (PP), ha valorado en un comunicado la modificación, con la que se clarifican algunos aspectos del actual documento, destacando que «será muy positiva la aplicación de esta ordenanza modificada, en el procedimiento de justificación de la devolución de la fianza que prestan los solicitantes de licencias de obra, así como se clarifica la documentación que se debe presentar, con lo que se corrigen las controversias que se han estado dando».

«La propuesta contempla la modificación de dos artículos, el 7, en dos apartados y se introduce un tercero relacionado con el procedimiento con el fin de mojar su interpretación, y el 9, referente a la declaración y la certificación, en el que se recoge un nuevo porcentaje en cuanto al desvío de lo declarado inicialmente y lo justificado mediante la documentación que se debe aportar para proceder a la devolución de la fianza», ha apostillado la concejala.

Tras su aprobación, la ordenanza reguladora de la gestión de residuos de construcción y demolición modificada será sometida a información pública y audiencia de los interesados con su publicación en el BOP y en la sede electrónica municipal, para que en el plazo de 30 días puedan presentarse la reclamaciones o sugerencias que se estimen convenientes.

Por otro lado, el pleno dio luz verde a una operación financiera para incorporar el remanente de tesorería de los últimos ejercicios, de 9,1 millones de euros, para la ejecución de proyectos e inversiones en el municipio. Entre otras actuaciones, se ha contemplado la ejecución de once viviendas sociales en la calle Zurbarán, por un presupuesto estimado de 1,2 millones de euros; la nueva biblioteca junto al Balcón de Europa, en la calle Iglesia, por 347.000 euros; o los proyectos previstos en los fondos europeos Edusi, de los que el Consistorio consiguió cinco millones en 2016. En total, se destinarán 4.050.000 euros a inversiones.

En la sesión se aprobó también un cambio en el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento en lo relativo a las liberaciones de los concejales. La portavoz del PSOE y alcaldesa en la pasada legislatura, Rosa Arrabal, criticó al gobierno municipal bipartito, de PP y Cs, por no autorizar su liberación con un sueldo del 75%, como sí se aprobó en la anterior sesión para el portavoz de Adelante Nerja-Maro, Andrés Jiménez. La líder socialista local ha llevado el asunto a un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que ha fijado la vista para septiembre de 2023. «Es una venganza por no apoyar el Plan de Choque contra el Covid-19», expresó. «Lo que tiene que hacer es buscarse un trabajo fuera del Ayuntamiento», le replicó la portavoz del PP, Gema García.