La defensa del dueño de la finca donde murió Julen recurre la decisión de la jueza sobre investigar la piqueta

Los letrados del bufete Lawbird Legal Services, que representa al propietario de la parcela, han formulado recurso de reforma contra el auto -y subsidiariamente, en caso de que ésta lo denegara, de apelación a la Audiencia Provincial- de la jueza, que no consideró pertinentes las pruebas propuesta por la defensa, que instaba a la magistrada a tomar declaración al director del Consorcio Provincial de Bomberos, a los primeros efectivos que actuaron en el rescate, a los agentes del Greim (Grupo de Montaña) de la Guardia Civil y a los de Criminalística.

Con esas testificales, los abogados de David Serrano pretenden que se investigue un informe aportado por ellos mismos -firmado por el arquitecto Jesús María Flores, que es hermano del socio principal del bufete, el letrado Antonio Flores- que apunta a la posibilidad de que la muerte del pequeño Julen no se produjera por la caída al pozo, sino por los golpes de una piqueta empleada la tarde-noche del 13 de enero por el equipo de rescate para tratar de retirar el tapón que se encontró a 72 metros de profundidad.

La magistrada rechazó practicar las pruebas solicitadas al considerar que aún estaban pendientes las periciales y testificales iniciadas en la investigación, esto es, la autopsia (solo está el informe preliminar, no el definitivo), el análisis de las muestras de tierra del tapón (que aún se están examinando en los laboratorios de la Guardia Civil) y las declaraciones que hoy mismo se reanudan en el juzgado. La jueza determinó que, para ella, el documento del arquitecto no tiene la consideración de «informe pericial», sino más bien una opinión de un profesional, aunque estimó que se incluyera en el sumario de la causa. Y consideró un defecto de forma que los abogados que asisten a Serrano no indicaran en calidad de qué pretendían tomar declaración a las personas propuestas.

Los abogados de Lawbird Legal Services rechazan los argumentos de la jueza y piden que se admitan esas pruebas para no colocar a su cliente en una «clara desventaja». Entienden que es «obvio» que las declaraciones a los miembros del operativo de rescate deben tomarse en calidad de testigos y sostienen que el hallazgo de cabellos con bulbo en la piqueta solo puede haberse producido por contacto.

Los letrados insisten en que las consideraciones hechas «de buena fe» por el arquitecto se apoyan en los informes de la propia Guardia Civil, no en el informe preliminar de la autopsia, por lo que entienden que las pruebas que proponen solo sirven para «completar» la investigación, que a juicio de la defensa iría en dos líneas distintas: la primera, las circunstancias en las que se hizo el pozo; y la segunda, las lesiones (en relación a la causa de la muerte) y el operativo de rescate.

También argumentan los letrados que el informe del arquitecto debe tener la consideración de «pericial» en base a su «cualificación profesional» y también a la ley y la propia jurisprudencia, por lo que piden a la magistrada que lo incluya en la causa, pero dándole dicha validez.