La Unión Europa denuncia a España por desproteger el humedal de Doñana

La Comisión entiende que tampoco se está haciendo nada por evitar el deterioro de los hábitats protegidos en este humedal, «lo que supone una infracción de la legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza». Asociaciones ecologistas como WWF celebraron ayer la noticia y apuntan que Europa «ya no se conforma con medidas cosméticas», por lo que instan al Ministerio de Transición Ecológica a que de una vez «asuma su responsabilidad y cierre los cientos de pozos que tiene identificados». Además, las ONG reclamaron a la Junta de Andalucía que elimine las miles de hectáreas de cultivos ilegales que consumen ese agua que escasea.

Según explicó la UE, la decisión de llevar a España a los tribunales, procedimiento que podría acabar en una sentencia condenatoria y la imposición de sanciones, viene motivada porque considera que «las medidas vigentes para garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y la conservación de los hábitats de Doñana son insuficientes» y su aplicación es deficiente. «Están mal implementadas», asegura.

Para las autoridades europeas, el problema viene, una vez más, por la sobreexplotación del acuífero, la masa de agua subterránea que nutre el principal humedal del Viejo Continente y uno de los que presenta mayor diversidad de ecosistemas, siendo además parte de la ruta migratoria de millones de aves cada año. «Se están desviando grandes cantidades de agua tanto para la agricultura como para las necesidades de los turistas locales», reprocha la UE, y la consecuencia es que como resultado de ese exceso de gasto hídrico, «el nivel freático se está hundiendo». Una situación que deja el espacio natural en una situación insostenible a ojos de la UE. «La fuerte disminución en los niveles de agua subterránea ha hecho que los hábitats dependientes del agua en los sitios Natura 2000 sean extremadamente vulnerables a los periodos secos del área, y continúan deteriorándose». Además, vulnera la Directiva Marco del Agua, que exige que las masas de agua subterránea alcancen un «buen estado cuantitativo», es decir, que tengan suficiente caudal para sostener los ecosistemas de los que dependen.

El procedimiento contra España se inició en 2010, tras una denuncia de WWF por la sobreexplotación del acuífero y su repercusión en la fauna. En 2014, la Comisión abrió un procedimiento de infracción que culminó en 2016 con un dictamen contrario a España por una infracción de la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Hábitats y la Directiva de Conservación de las Aves, ya que la degradación de los espacios naturales protegidos afectaba a numerosas especies, algunas de ellas en riesgo crítico de extinción como la cerceta pardilla. Desde WWF aplaudieron la noticia porque «Doñana necesita medidas reales al problema del agua».

La asociación ecologista recordó que durante años han denunciado la existencia de 1.000 pozos ilegales y más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales de fresas y frutos rojos, y que las imágenes vía satélite no hacían sino corroborar que pese a los anuncios de control por parte de las administraciones seguían «proliferando las balsas y pozos, mientras que la superficie de cultivos ilegales volvía a crecer ante la falta de control y la impunidad con que se expande la agricultura ilegal en el entorno de Doñana». Y reprocharon que medidas como el trasvase anunciado por el Pacto Nacional del Agua para poner fin a los problemas de abastecimiento y garantizar la conservación del espacio natural «solo contribuirá a mantener la invasión y la insostenibilidad del modelo agrícola que cerca Doñana».