La Junta confía en que Europa evite la impunidad en el caso de los ERE
El Gobierno andaluz espera ser escuchado en el procedimiento que ahora se abrirá en la justicia comunitaria
El Gobierno andaluz no ha ocultado su satisfacción por la decisión adoptada por la Audiencia de Sevilla en relación con el caso de los ERE al plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) ... y espera ser escuchado en el procedimiento que se abrirá en esa instancia. En la Junta han mostrado su confianza en que sea la justicia comunitaria la que evite la impunidad que, en su opinión, consagraba las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) cuya ejecución ha quedado ahora suspendida.
Según la portavoz de la Junta, Carolina España, la decisión adoptada por la Audiencia de Sevilla corrobora que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se extralimitó en sus funciones.
Tanto España como el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, mostraron su confianza en el proceso que se seguirá ahora en el TJUE, donde la Administración autonómica espera ser escuchada.
Parte perjudicada
Sanz subrayó que ahora la justicia europea tiene que posicionarse y por eso la Junta de Andalucía siempre ha apoyado la decisión de la Audiencia. «Incluso hemos solicitado ser oídos ante el Tribunal Europeo como parte claramente perjudicada en defensa del interés general de los andaluces», recordó.
Tras coincidir con la Audiencia de Sevilla en que las sentencias del Tribunal Constitucional pueden provocar «una gravísima impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España, impidiendo que desde Andalucía podamos recuperar la mayor cantidad posible del dinero defraudado», Sanz resaltó que el objetivo del Gobierno andaluz siempre ha sido recobrar esos fondos.
«En total, hemos hecho 244 revisiones con reclamaciones; este Gobierno quiere evitar que el inmenso fraude que se cometió quede impune -dijo Sanz-, de ahí que valoremos positivamente y apoyemos esta decisión de la audiencia que consideramos coherente y necesaria para evitar la gravísima impunidad en la que puede quedar el mayor causa de fraude y de corrupción que se ha conocido en España, como definió el Tribunal Supremo».
En su opinión, cada vez está más claro que el Tribunal Constitucional ha querido suplantar la labor del Tribunal Supremo y ha existido una más que posible extralimitación, a la que espera que la justicia europea ponga ahora freno.
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