La Fiscalía mantiene la petición de cárcel para Griñán e inhabilitación para Chaves

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de nuevo ayer ante el tribunal que les juzga. /Raúl Caro. EFE
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de nuevo ayer ante el tribunal que les juzga. / Raúl Caro. EFE

Las acusaciones dejan sin cargos a Antonio Estepa, exsecretario general de Hacienda, mientras las defensas piden la libre absolución para los restantes 21 procesados

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El momento clave de los diez meses de juicio de la pieza política del 'caso de los ERE', que ha sentado en el banquillo a una década de gobiernos socialistas, comenzó ayer con la lectura de las conclusiones por parte de la Fiscalía anticorrupción, las de las acusaciones populares del PP y Manos Limpias y las de las defensas sobre 22 procesados. No hubo sorpresas. El Ministerio Público mantiene la petición de cárcel para, entre otros, el expresidente José Antonio Griñán (seis años) y cuatro exconsejeros, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo por delitos de prevaricación y malversación; Y también reitera la petición de diez años de inhabilitación, de entre otros, el expresidente Manuel Chaves por el delito de prevaricación continuada.

De las acusaciones populares, el PP sostiene las mismas peticiones de condena, mientras que Manos Limpias suprime la acusación de malversación a Griñán y la de prevaricación a Chaves. A todos ellos la acusación les hace responsables de crear y sostener en el tiempo un sistema administrativo ilegal para la concesión de 850 millones de euros de ayudas sociolaborales desde 2001 a 2010 sin una orden, sin fiscalización previa y sin atenerse a la normativa sobre subvenciones, y de no haberle «puesto freno» pese a las advertencias de la Intervención General de la Junta. Un sistema que, según la acusación, derivó en menoscabo de fondos públicos. Ninguno de los procesados está acusado de enriquecimiento ilícito. Las defensas han pedido la absolución para ellos, en el caso de los expresidentes por falta de pruebas.

Tras escuchar a más de 120 testigos, 9 peritos y la versión de los propios acusados, los fiscales Manuel Fernández Guerra y José Enrique Egocheaga solo han modificado la situación del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, al que antes acusaban de prevaricación y con una petición de diez años de inhabilitación, y ahora piden su absolución. Dado que los letrados del PP y Manos Limpias también le retiran la acusación, podría no tener que seguir en el banquillo. Estepa salió de la Audiencia de Sevilla diciendo que le ha tocado la lotería tras seis años de calvario.

Los fiscales han rebajado su petición de condena para el exdirector general de la agencia pública que pagaba las ayudas (IDEA) Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina de ocho a seis años de prisión y 30 años de inhabilitación.

Solicitan una pena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, además de para Chaves, para los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

Piden seis años de prisión y 30 de inhabilitación, además de para Griñán, para Lourdes Medina y Jacinto Cañete, para la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez por prevaricación y malversación. Por los mismos delitos piden ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los ex secretarios generales técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado, y el también ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Las defensas, que reclaman la libre absolución de los procesados, interpretan que el uso del sistema de las transferencias de financiación era legal porque se incluyó en las leyes de presupuestos y estas fueron aprobadas por el Parlamento; También algunas defensas sostienen que su utlización no implicaba que se tramitaran sin orden ni fiscalización por parte de la Consejería de Empleo. Otras también apelaron a que la concesión de ayudas sociolaborales en Andalucía no necesitaba orden propia porque ya el Gobierno de España aprobó una en 1994 a la que podían acogerse.

También las defensas de algunos acusados, entre ellos Griñán y Chaves, apelan a que nunca recibieron ni tuvieron conocimiento de las advertencias de la Intervención porque ninguna de ellas fue de actuación, una especie de alerta roja en el procedimiento administrativo de que pudiera haber menoscabo de fondos públicos. El abogado de Griñá, José María Mohedano, ha incluido como eximente alternativa la del «error invencible» sobre un hecho de infracción penal.

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