El independentismo cierra filas ante la imputación de Mas

El coordinador general de CDC, Josep Rull, ha acusado al Gobierno central de utilizar de forma partidista las instituciones del Estado, en especial, la Fiscalía, y le ha reprochado su "cobardía política" por querer convertir en un tema penal una cuestión política.

Por su parte, la CUP también ha mostrado su apoyo al presidente de la Generalitat por su imputación por la consulta soberanista, aunque ha situado el debate sobre su investidura en un "plano diferente" y ha insistido en que no apoyará su reelección.

La formación política recuerda que lo que hicieron el 9-N los imputados fue "cumplir con un mandato popular de celebrar un referéndum" e insiste en que "la CUP se mantiene firme en la voluntad de encontrar una presidencia de consenso y ante los ataques del Estado".

Como paso previo a su imputación, el presidente de la Generalitat comparecerá en el juzgado el próximo 15 de octubre, mientras que la exvicepresidenta y la consejera de Educación lo harán el día 13. Deberán responder a la querella que la Fiscalía presentó el pasado 21 de noviembre, al entender que, entre otras cuestiones, cometieron un delito de desobediencia por no hacer caso de la suspensión de la consulta decretada por el Tribunal Constitucional.

En el auto en el que el TSJC admitió a trámite la denuncia contra Mas, en el mes de enero, los magistrados apreciaron indicios de que el dirigente nacionalista y dos miembros de su gabinete ignoraron la suspensión cautelar pues continuaron los actos preparatorios del sucedáneo de referéndum.

Según aquel auto, mantuvieron la publicidad institucional y realizaron actos administrativos de desarrollo de carácter verbal o por la vía de hecho hasta llevar a cabo, en edificios públicos de la Generalitat de Cataluña, las votaciones el día 9 de noviembre de 2014. Los jueces destacaron además que el propio Mas se responsabilizó públicamente de todo ello, según aparece en la querella de la Fiscalía.

De forma indiciaria, los jueces entendieron que frente a las órdenes de suspensión cautelar concretas y determinadas del Tribunal Constitucional, Mas, Ortega y Rigau incurrieron presuntamente en los delitos de desobediencia a resoluciones judiciales, prevaricación y malversación de caudales públicos. Estos delitos implican penas que van de los seis a los 24 meses de inhabilitación para el delito de desobediencia y hasta los 10 años de inhabilitación, para la prevaricación administrativa. Este extremo podría influir en las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP para la investidura del próximo presidente de la Generalitat.

Además de Mas, Ortega y Rigau, han sido citados como testigos la directora de un instituto de L'Hospitalet que se negó a ceder las llaves del centro para que se celebrara la votación, un directivo de la empresa Focus, que gestionó el centro de prensa, la directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción de la Consejería de Justicia, que es donde se imprimieron las papeletas, y el responsable de la coordinación del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat.

Declaraciones de Catalá

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado hoy que la citación de Mas no se produjo antes para no interferir en las elecciones autonómicas, pero que una vez pasados los comicios ve "lógico y razonable" que la Justicia siga "con sus trámites y con sus tiempos". "Lo que ha tomado en consideración el TSJC es no haber interferido en el proceso electoral y no haber llevado este tipo de actuación a las últimas semanas, donde seguramente sí hubiera podido haber una cierta contaminacin de un proceso judicial y electoral", ha dicho Catalá a los medios tras reunirse con la consejera de Justicia de Navarra, María José Beaumont.