El Govern habla de una «auténtica anomalía democrática»

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha interpretado esta decisión como un "juicio político", una "instrumentalización política". La también portavoz de la Generalitat ha afirmado que "no se ha hecho nada ilegal" y ha manifestado el total apoyo y solidaridad del Govern con los tres imputados. Ve una "auténtica anomalía democrática" que atribuye a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno central por querellarse contra quien puso las urnas para que la gente opinara sobre el futuro de Cataluña, ha defendido. Ha acusado de "cinismo" al Gobierno central por afirmar que la citación se produce ahora para no interferir en el proceso electoral del 27-S. "La presión sobre la Fiscalía -por parte de Gobierno- no ha parado en ningún momento, tampoco a lo largo de la campaña electoral. No ha habido respeto por ninguna fecha y por ningún periodo electoral", ha lamentado.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que es "la mejor demostración" de por qué Cataluña debe ser un país independiente. "La pertenencia a España es inviable", ha concluido el líder republicano en declaraciones a Rac1, y ha lamentado que la imputación se filtrara días atrás en los medios, ya que lo ve una falta de pulcritud. Junqueras también ha afirmado que le parecería "monstruoso" que alguien hubiera escogido el 15 de octubre como fecha para que declare el presidente para hacerlo coincidir con el 75 aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys.

Su compañero, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, considera que "nada es casual viniendo de donde vienen todos estos males provocados por esta estupidez y esta cerrazón del sistema político español". Pero ha advertido de que "la democracia es imbatible". En declaraciones en el Congreso, Tardá ha señalado que no pone pegas al proceso soberanista sino "al revés". Y ha avisado de que el proceso independentista sigue avanzando "viento en popa" y es "imparable", además de subrayar que el Parlament cuenta con "una mayoría soberanista" para cumplir su "hoja de ruta", que "llegará a buen puerto".

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha expresado hoy su respeto por la decisión del TSJC. "El Gobierno, como en cualquier otro procedimiento judicial, lo único que hacemos es respetar esas decisiones", ha remarcado en los pasillos del Congreso.

El candidato del PP en las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, ha pedido a Artur Mas que renuncie a ser reelegido presidente de la Generalitat porque "no es el interlocutor que necesita Cataluña en estos momentos" y porque no está legitimado a aspirar al cargo. En declaraciones a los medios en el Parlament, ha reclamado al presidente poner fin a la etapa que considera más nefasta para la política catalana en democracia: "Mas ha hecho mucho daño a la sociedad, nos ha fracturado y dividido, y esta imputación es el colofón y la evidencia de una Presidencia que ojalá podamos olvidar".

El portavoz de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en el Congreso, Pere Macias, ha considerado hoy que hay una persecución política para descabalgar a quien ha ganado en las urnas. Macias, en declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, ha denunciado que las instituciones del Estado "no gozan de buena calidad democrática". "Cuando se quiere descabalgar a alguien que ha ganado en las urnas por estos procedimientos no suena a democracia de calidad", ha dicho Macias, que considera que después de las elecciones catalanes del domingo lo que debería haber ocurrido es que se hubiera citado a Mas a "dialogar sobre el conflicto entre Cataluña y España" en lugar de que le cite un tribunal de Justicia.

La CUP ha rechazado hoy "de pleno" la imputación: "Estamos ante un nuevo ataque contra las instituciones del país por parte de un Estado demofóbico". En un comunicado, asegura que el Estado "utiliza políticamente las instancias judiciales para intentar doblegar la voluntad del pueblo catalán". La CUP advierte al Estado que "la desobediencia vivida el 9-N será una práctica habitual de ahora en adelante por parte de las instituciones catalanas, y más después del mandato claro expresado el pasado 27 de septiembre en las urnas".

La coordinadora nacional de ICV, Dolors Camats, considera que se trata de "un despropósito más del Gobierno del PP" que se suma "a los cometidos antes, durante y después" de este proceso participativo y que ayudará "a aumentar la polarización". Según Camats, que no ha expresado su solidaridad con Mas, este último "ya ha utilizado la querella" presentada contra él para potenciar su figura y con toda seguridad "lo seguirá haciendo ahora que ha sido imputado".

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, "no acaba de comprender" que se pretenda encausar a una persona "solamente por pretender organizar un referéndum" y "menos aún" que esto ocurra cuando del resultado de las elecciones del pasado domingo en Cataluña se extrae la "conclusión clarísima" de que entre los integrantes del nuevo parlamento catalán "aproximadamente el 60% son partidarios de que se convoque y organice una consulta legal y pactada". Erkoreka ha añadido que llama "poderosísimamente la atención" que pueda ser objeto de un encausamiento judicial quien se "empeña" en hacer posible esa "reivindicación mayoritaria de la sociedad catalana".

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha recordado que cuando la Fiscalía impulsó esa imputación, el PSOE ya avisó de que "eso no resolvía los problemas de fondo". En una rueda de prensa en el Congreso, el dirigente socialista ha rehusado contestar si esa citación resta legitimidad al todavía presidente en funciones de Cataluña para ser reelegido jefe del Ejecutivo catalán. "Lo que corresponde es respetar la decisión de la Justicia y mostrar el convencimiento de que todos los van a respetar", ha comentado.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha asegurado que el presidente catalán debería estar en la carcel de Soto del Real y no en el Palau de la Generalitat. Según una nota de prensa emitida por VOX, Abascal recuerda que VOX "fue el primero en interponer una querella contra Artur Mas, el pasado 13 de octubre". Por ello, dice alegrarse de la imputación del presidente en funciones de la Generalitat por "desobediencia". Aunque considera que "no es suficiente" y deberían imputarle también por "los delitos de prevaricación, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y sedición".