La hucha del saneamiento: 145 millones recaudados y sólo 11 invertidos

Ni más ni menos que 300 obras de depuración con una inversión de 1.766 millones de euros, de los que la mayor partida (390,1) se gastaría en Málaga. Un dinero que permitiría ejecutar medio centenar de actuaciones necesarias para completar el mapa del saneamiento en la provincia, poniendo especial énfasis en puntos negros como el río Guadalhorce (donde cada día acaba la carga contamiante que generan cien mil personas) y la treintena de pueblos del Valle del Genal, la zona norte y la Axarquía que siguen sin depuradora. Pero también ampliando y renovando las infraestructuras existentes en la Costa del Sol.

La puesta de largo de esta iniciativa fue todo un hito. No en vano, era la primera vez que se enumeraban en un mismo documento todas las carencias existentes y, sobre todo, se ponía sobre la mesa un programa de acción para subsanarlas. ¿Cómo? Tirando de fondos estatales y europeos, pero fundamentalmente del bolsillo del contribuyente que, desde mayo de 2011, paga en su recibo del agua un canon de infraestructuras hidráulicas contemplado en la Ley de Aguas de Andalucía con un carácter finalista; es decir, que todo lo que se recaude se tiene que reinvertir en la construcción, ampliación y mejora de depuradoras y demás equipamientos necesarios para garantizar el ciclo integral del agua. En el horizonte, una fecha marcada en rojo: el 1 de enero de 2016, plazo máximo fijado por la Unión Europea para que se garantice el tratamiento del cien por cien de las aguas fecales en poblaciones mayores de 2.000 habitantes. La realidad, sin embargo, deja bien a las claras los pocos avances registrados en estos seis años. Prueba de ello es cómo la Comisión Europea ha pedido esta semana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le imponga a España una multa de al menos 46,5 millones de euros porque cinco años después de que condenara al Estado todavía quedan 17 poblaciones de más de 15.000 habitantes que no depuran sus aguas, entre ellas parte de Estepona y Marbella (San Pedro), así como Nerja, Coín y Alhaurín el Grande. También resulta sintomático que en esta lista negra haya otras cuatro localidades andaluzas (Matalascañas, Isla Cristina, Tarifa y Barbate).

Eso sí, los ciudadanos siguen cumpliendo religiosamente con este recargo que supone en torno al 10% de la factura: unos 3 euros mensuales. Desde mayo de 2011 hasta la última liquidación realizada al cierre del pasado junio (se computa de forma semestral), las arcas autonómicas han ingresado en toda Andalucía 390,9 millones de euros a través de este canon. ¿Cuánto dinero procede de Málaga? Desde la Consejería de Hacienda no facilitan datos pese a que este periódico lo ha solicitado amparándose en la Ley de Transparencia. El argumento es que el citado canon es un tributo autonómico y, además, basado en el principio de solidaridad, de forma que lo pagan todos los usuarios por igual independientemente de que en su municipio tengan o no depuradora. Es decir, que lo que se recaude en un determinado territorio no tiene por qué invertirse en ese mismo territorio. Sin embargo, los datos recabados por SUR a través de los ayuntamientos y empresas suministradoras, que son a las que compete facturar el recargo y transferirlo a la Junta, cifran en 124,6 millones la aportación de la veintena de grandes localidades de la provincia, que suman 1,37 millones de habitantes. Si esta cuantía se extrapola a la población total (1,6 millones según el último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística), la cuantía se elevaría hasta los 145 millones de euros (el 37% de la recaudación en Andalucía).

Destino de los fondos

¿Dónde está ese dinero? ¿Cuánto se ha invertido durante este periodo en toda Andalucía? ¿Y en Málaga? Esas son otras interrogantes a las que, a día de hoy, siguen sin contestar en la Consejería de Medio Ambiente, aunque según las cuentas elaboradas por SUR el gasto consignado es de 11 millones de euros. Tampoco lo hacen cuando se les solicita que desgranen las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha o un calendario de plazos. En cualquier caso, la realidad es que, al margen de que el destino de estos fondos no tienen por qué coincidir con su procedencia, los pocos pasos dados en estos seis años en materia de depuración quedan reducidos a la finalización de infraestructuras que ya estaban en ejecución y que, por tanto, no formaban parte del plan de actuaciones declaradas de interés comunitario ni financiables con este canon (las instalaciones de Torrox, Alameda, Comares, Villanueva del Rosario, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas y Cuevas del Becerro), así como continuar con la ampliación de la planta de Guadalmansa (Estepona), que paga el Estado pero ejecuta la Junta.

De hecho, las únicas obras nuevas han sido la depuradora de Colmenar, que lleva un año en servicio tras un desembolso de 2,1 millones; y la agrupación de vertidos de Alhaurín el Grande y Cártama (6 millones, de los que el 80% se financian con fondos europeos y el resto a través del canon) aunque sin completar porque su destino final será la tercera depuradora de Málaga capital, un proyecto que sigue en el aire. Actualmente se encuentran en construcción la de Teba (empezó en abril con un presupuesto de 3 millones) y desde hace unos días también las de Villanueva del Trabuco (2,2 millones), Villanueva de Tapia (1,1) y la remodelación de la de Cañete la Real (2,2). Eso sí, lo hacen dos años después de que fueran adjudicadas. El resto es una incógnita, puesto que en el mejor de los casos se está trabajando en la redacción de los proyectos, como son los de Almogía, Valle de Abdalajís, Carratraca, Cuevas Bajas, Almargen, Guaro o Sierra de Yeguas.

Como atenuante, en la Junta remarcan que las competencias en materia de depuración son de los municipios y que su papel es el de «prestar auxilio», como precisó recientemente en el Parlamento el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal. Pero además, ponen el acento en la dificultad de los ayuntamientos para acometer las expropiaciones de los terrenos, así como en su exigencia de que ninguna actuación se ponga en marcha mientras no se haya suscrito el convenio que garantice que, una vez construida la infraestructura, los gastos de explotación serán asumidos por los entes locales.

A la espera de que, si no surgen nuevos retrasos, Nerja deje de ser a mediados de 2017 el único municipio costero de la provincia que sigue vertiendo sus aguas al mar sin filtro previo (los 23,5 millones los aporta el Etado con fondos europeos), el principal punto negro en materia de saneamiento es el río Guadalhorce, donde cada día va a parar la carga contaminante de cien mil personas (Coín, Cártama, Alhaurín el Grande, Álora y Pizarra) porque siguen sin ejecutarse dos actuaciones pendientes desde hace más de una década: la depuradora del Bajo Guadalhorce, que daría servicio a Coín, Álora y Pizarra; y la Málaga-Norte, concebida para tratar los residuos de buena parte del área metropolitana y que permitiría canalizar las aguas fecales de Cártama y Alhaurín el Grande, pero que está bloqueada a raíz de que la Consejería de Medio Ambiente decidiera reducir su capacidad para abaratar su coste (de 80 a 60 millones). Ambos proyectos figuran en los presupuestos autonómicos de 2017.

La del Bajo Guadalhorce es una habitual en las cuentas de los últimos años, esta vez con 15,8 millones para la planta y la red de colectores, financiada en su mayor parte con fondos de la UE.

Guadalhorce y el interior

La previsión es que las expropiaciones estén listas en cuestión de semanas y que las obras, adjudicadas desde 2007, puedan comenzar en el primer trimestre de 2017. Pero la que se estrena es la del área metropolitana, con una reserva de 40 millones de los que, a lo sumo, únicamente se podrán gastar el próximo ejercicio los que cueste la redacción del proyecto, ya que a día de hoy sigue sin haber acuerdo entre Junta y Ayuntamiento de Málaga.

Extender el saneamiento a los distintos núcleos urbanos de Antequera y Ronda también sigue pendiente, al igual que la veintena de nuevas estaciones para poner coto a los vertidos a ríos y arroyos de los residuos que producen unas 150.000 personas que residen en los pueblos, con el agravante del Valle del Genal y el Alto Guadiaro de que al generado por la población (apenas 14.000 habitantes) se unen los procedentes de la actividad ganadera.

En esta zona, pese al empujón dado por la Diputación para echarle una mano al Ministerio de Medio Ambiente asumiendo la tramitación de los proyectos, la realidad es que las 17 depuradoras contempladas siguen sin arrancar. Al margen de que la mayoría aún están pendientes de la evaluación de impacto ambiental previa a la redacción del proyecto, hay otro handicap. Y es que el Gobierno y la Junta deben renovar el convenio que suscribieron en 2006 para declarar estas actuaciones de interés general del Estado, que posteriormente también lo fueron de interés de la Comunidad Autónoma. La misma situación que ocurre con la depuradora de Nerja, que sí que está en marcha con dinero del Estado procedente de la UE. En definitiva, un largo camino aún hasta el ansiado vertido cero.