Las obras pendientes generarían 7.000 empleos directos y 15.600 indirectos

El retraso en completar de una vez por todas el mapa del saneamiento en la provincia tiene un triple efecto. El primero, evidentemente, el ambiental porque pese a que las aguas residuales que genera el 90% de la población censada en la provincia (excluidos turistas y no empadronados) son tratadas correctamente, aún quedan ese 10% restante cuya carga contaminante acaba en ríos y arroyos. El segundo, el turístico tal y como viene reivindicando el sector desde hace cinco décadas. Y el tercero, el laboral, porque los 390 millones de euros que la Junta se comprometió a invertir en obras de depuración suponen una importante inyección para las constructoras. No en vano, en el sector se estima que por cada millón de euros que se invierte en obra pública se generan 18 puestos de trabajo directos en la construcción y unos 40 indirectos. Siguiendo esta ratio, el medio centenar de actuaciones declaradas de interés comunitario por la Junta en la provincia supondrían unos 7.000 puestos directos y unos 15.600 indirectos que, a día de hoy, siguen sin materializarse. «Cualquier inversión en obra pública nos afecta muy positivamente, por eso es especialmente sangrante que todos los andaluces estemos pagando un canon de depuración, que es finalista y sólo puede destinarse a la construcción de depuradores, y las obras no se ejecuten», se queja la secretaria de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), Violeta Aragón, quien también critica la falta de información de la Junta. «Hemos preguntado en repetidas ocasiones tanto a nivel provincial como regional qué se está haciendo con el dinero recaudado y qué calendario de plazos contemplan, pero nunca contestan. Lo único claro es que no están cumpliendo», remarca.

Una inacción que hace un año fue llevada a los tribunales por tres asociaciones de constructores e ingenieros . En noviembre del año pasado, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop), la Federación Andaluza de Empresas de la Construcción (Fadeco Contratistas) y la Asociación de Ingenierons Consultores de Andalucía (Asica) presentaron una denuncia formal contra la Junta por tener prácticamente paralizada la construcción de depuradoras pese a que desde mayo de 2011 está cobrando en el recibo del agua un canon para financiar estas obras.