¿Qué ocurrió en la protectora de animales de Torremolinos?

¿Qué es la Asociación Parque Animal?

Esta asociación fue fundada en 1996 con el supuesto objetivo de recoger animales abandonados y buscar dueños responsables que les proporcionaran un nuevo hogar. Años después llegó a disponer de una residencia canina y un centro zoosanitario. Era financiada mediante los donativos de sus socios y los beneficios de la residencia y, además, recibía cada año cerca de 27.500 euros del Ayuntamiento de Torremolinos, propietario de los terrenos. El Consistorio subvencionó la apertura del albergue de animales y también se hacía cargo de los costes de las incineraciones, que sólo en 2009 y 2010 ascendieron a más de 15.000 euros. La asociación también cobraba a particulares por la recepción de cada animal.

¿Por qué comenzó la investigación?

La Guardia Civil puso en marcha en junio de 2010 una investigación tras la denuncia por maltrato animal de un veterinario que había trabajado en la asociación. El empleado aportó varias grabaciones realizadas por teléfono móvil para evidenciar que los animales estaban siendo eutanizados de forma masiva e injustificada.

¿Qué descubrió el Seprona?

En un demoledor informe, el Seprona relata que, durante una visita sorpresa a las instalaciones de la protectora, encontró congeladores con 44 gatos, siete perros, una gaviota y dos cajas con despojos de carne troceada. Algunos de estos animales «no presentaban rigor mortis», por lo que habrían sido congelados antes de su fallecimiento. En el contenedor de la basura «había dos gatos muertos en bolsas de plástico y residuos sanitarios peligrosos». La Guardia Civil también requisó cinco facturas, con cargo al Ayuntamiento de Torremolinos, por la incineración de 702 animales (perros y gatos) entre el 30 de abril y el 31 de agosto de 2010. Los agentes muestran «el asombro por el elevado número de animales incinerados en tan solo cinco meses».

¿Cómo morían los animales?

La Fiscalía de Málaga acusa a Carmen Marín y su ayudante de realizar sacrificios sin tener titulación veterinaria en jornadas que califica como «auténticas sesiones de exterminio». Siempre según la acusación pública, ambos se introducían en las jaulas a primera hora de la mañana para eutanizar a los animales. Antes apagaban las cámaras de seguridad y subían el volumen de la radio, conectada a los altavoces, para silenciar los alaridos de los animales, que agonizaban durante horas debido a que recibían menos producto eutanásico del necesario para ahorrar costes. Este producto era inyectado por vía intramuscular en vez de intravenosa, como es preceptivo.

¿Qué relataron los trabajadores?

Uno de los empleados aseguró a los agentes de la Guardia Civil que Carmen Marín «se jactaba de sacrificar animales y recriminaba que los demás gastábamos mucho producto eutanásico y nos decía que con menos cantidad también se acababan muriendo», aunque la mala administración del producto causaba «agonía» en las mascotas. El fiscal calcula que, «por tal cruel procedimiento», los acusados «han sacrificado y entregado para su incineración» entre los meses de enero de 2009 y octubre de 2010 más de 2.180 animales. Los empleados afirman que los exterminios «eran tan indiscriminados» que, en una ocasión, Marín llegó a quedarse sin animales y tuvo que ir a buscar perros a la protectora El Paraíso, en Alhaurín de la Torre.

¿Qué delitos se le imputan a la expresidenta de Parque Animal?

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Marín por presuntos delitos de maltrato animal continuado, falsedad documental e intrusismo profesional. El fiscal sostiene que Marín falsificaba las firmas de los veterinarios en los listados mensuales de animales fallecidos y en las recetas de los productos eutanásicos. Asimismo, su ayudante es acusado de supuestos delitos de maltrato animal e intrusismo profesional al ser considerado «cooperador necesario».

¿Qué pruebas presenta la Fiscalía?

El fiscal aporta decenas de páginas de documentación, además de los vídeos mencionados y los testimonios de tres funcionarios del Seprona, varios empleados de Parque Animal y numerosos afectados que denuncian la desaparición de animales. Agunos de estos testigos relatan que recogieron perros o gatos encontrados en la calle para llevarlos al parque y que, horas después, cuando los propietarios eran localizados, habían desaparecido. La excusa oficial era que habían sido dados en adopción, pero la ley establece que los animales abandonados o perdidos no pueden entregarse o sacrificarse hasta transcurrido un plazo mínimo de diez días desde su recepción.

¿Hubo beneficio económico?

La investigación de la Guardia Civil concluye que «queda constatado que una parte importante de los ingresos obtenidos por Parque Animal fueron utilizados por su presidenta para fines distintos para los que fue constituida la asociación», como alojamientos en hoteles de lujo, el pago de las obras del centro médico de su hija, la compra de un vehículo, asistencias a gimnasios y circuitos de hidromasaje, viajes en tren, comidas en restaurantes, contratación de un servicio de videovigilancia instalado en su domicilio, vuelos a San Petesburgo, Marrakech o Boston, ingresos en su cuenta corriente y compras en grandes almacenes.

¿Qué alega Carmen Marín?

En su declaración como imputada tras la apertura de diligencias previas, Marín reconoció haber realizado pagos y compras con cargo a la asociación pero aseguró que con posterioridad ingresaba ese importe «en metálico o por transferencia» a la cuenta de Parque Animal. También afirmó que «por confusión» utilizaba de manera indiferente la tarjeta bancaria de la cuenta de la asociación y la propia pero que estos importes eran «recompensados». Marín también admitió haber comprado un coche por el cumpleaños de su nieta con cargo a la cuenta de la asociación y sostiene haber reingresado el dinero luego. En cuanto a los viajes, Marín explicó que se realizaban «para mantener contactos con otras asociaciones» de animales «e intercambiar opiniones sobre la manera de llevarlas».