Una exdelegada de Empleo de Jaén detenida obligó a trabajadores de la Junta a "hacer campaña" por el PSOE

Irene Sabalete ocupaba el puesto 9 en la candidatura que presentó por Jaén el PSOE a las elecciones autonómicas del pasado 22 de marzo que ganó Susana Díaz.

La jueza Mercedes Alaya desató ayer otra redada contra el supuesto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. La operación desarrollada por la Guardia Civil corre paralela al ya famoso caso Edu, en el que trabaja la Policía Nacional. Aunque con enfoques distintos, las dos investigaciones tienen la misma diana en el punto de mira: irregularidades en el uso de partidas millonarias en ayudas contra el desempleo repartidas por el Gobierno autonómico por toda la comunidad.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid han detenido a 16 personas, entre las que se encuentran 13 altos cargos o exaltos cargos de la Junta. Han sido arrestados el exdirector del SAE en Málaga Juan Carlos Lomeña la Fiscalía ya pidió que declarara como imputado por el caso Edu, y los actuales delegados provinciales de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente. Estos últimos fueron destituidos ayer mismo por la Junta, que los considera personas «honestas e íntegras» y pide «respetar su presunción de inocencia».

También figura entre los detenidos la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, que es cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Florido prestó declaración ante la UCO, que le imputa presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La jueza Alaya ha extendido la operación Barrado iniciada dos días después de las elecciones andaluzas a toda la comunidad. Los investigadores arrestaron ayer a otros seis exdelegados provinciales de Empleo: Antonio Rivas (Sevilla), también imputado en la causa de los ERE irregulares; Juan Bouza (Cádiz); Antonio Fernández (Córdoba); Francisca Pérez Laborda (Almería); Marina Martín Jiménez (Granada), que actualmente es directora de la Fundación Pública El Legado Andalusí; e Irene Sabalete (Jaén).

En Málaga, los agentes de la UCO detuvieron a dos personas relacionadas con el centro de información en industrias del ocio CIOMijas. Se trata del exdirector José Gutiérrez y la directora de UTE que actualmente lo gestiona, Mariola Ustarán. Tras ser arrestada en su domicilio, fue conducida al centro de formación, donde se realizó un registro durante unas tres horas. Los investigadores se incautaron de los listados de alumnos y de los cursos para comprobar si efectivamente se han impartido, así como la contabilidad de los últimos años, según ha podido saber SUR. Ustarán fue conducida ayer mismo a Sevilla para declarar ante la jueza, mientras que los otros dos detenidos en Málaga permanecieron en los calabozos, incomunicados entre sí.

La nómina de arrestados la completan la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta y exconcejal en el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) María José Lara; al exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y al exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes, según Europa Press. Aparte de los 16 detenidos, hay cinco imputados en la operación, una de ellas una mujer que reside en Málaga y que trabajaría en recursos humanos de una administración.

«Bolsas de fraude»

La jueza Alaya centra sus pesquisas en las ayudas concedidas por la Junta en la última década. En uno de sus autos, la magistrada explicó que, según se desprende de la declaración prestada como testigo ante la UCO por el exdirector general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, la Administración autonómica habría exonerado o permitido no justificar 950 millones en subvenciones a la formación, todo ello a fecha de octubre de 2013.

En una resolución del pasado 20 de enero, en la que declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la «gravedad» de los hechos, la jueza dijo haber detectado distintas «bolsas de fraude» que le llevaron a abrir cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe). Alaya subrayó en el auto la «existencia de entramados empresariales» que tenían acceso a un «volumen importante de subvenciones». Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta sobre las «distintas direcciones provinciales de Empleo y las diversas irregularidades denunciadas por la misma».