Libertad con cargos para cuatro excargos de la Junta tras declarar ante la jueza Alaya

Las otras doce personas detenidas ayer en la 'operación Barrado' están a la espera de ser conducidas ante el juzgado de Alaya, que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

Esta madrugada quedó en libertad con cargos la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara, que se acogió a su derecho a no declarar y para la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de un millón de euros.

Después pasó a disposición judicial la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, acusada de prevaricación y malversación de caudales públicos y que declaró ante la juez tras hacerlo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Florido, a la que esperaban varias compañeras del PSOE en las puertas de los juzgados y que es cuñada del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, imputado en el caso, negó que hubiera intervenido en las ayudas que recibió su familiar.

La juez, que decretó el secreto parcial del caso relativo a los cursos en enero pasado, cuantifica en 33 millones de euros el dinero que Ojeda recibió de la Junta de Andalucía en solo un año y medio, y Florido aseguró que se abstuvo cuando se abordaban ayudas para las empresas de su cuñado.

Tras las dos ex directoras generales, fueron conducidas ante la juez Irene Sabalete, ex delegada de Empleo en Jaén, y una cuarta ex delegada de Empleo, que también quedaron en libertad.

Hoy está previsto que declaren ante la juez los hasta ayer delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fue alcalde de Nerva (Huelva).

Ambos fueron cesados por el Gobierno andaluz cuando se conoció que habían sido detenidos dentro de la operación dirigida por Alaya.

Los 16 detenidos se reparten entre los dos exdelegados de la Junta en Huelva y Sevilla, siete exdelegados de Empleo, cuatro ex directores generales de Formación y tres responsables de consorcios de formación de Almonte (Huelva) y Mijas (Málaga).

Las detenciones se han practicado después de los informes de la Intervención General de Andalucía relativos a las irregularidades en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La juez Alaya decretó en enero pasado el secreto parcial del caso ante la "gravedad" del fraude que detectó en los consorcios y los "entramados empresariales" del sector de formación, y lo amplió tras analizar los informes de la Intervención sobre el SAE.