La imputación de Chaves y Griñán por el Supremo descoloca al PSOE

Pese a ello y a que los interrogatorios se producirán después de las elecciones andaluzas del 22 de marzo, la imputación de los dirigentes socialistas ha descolocado al PSOE andaluz en una precampaña intensa en la que este partido se juega poder recuperar la mayoría en Andalucía y mantener la Presidencia del Gobierno andaluz. La confusión en el PSOE sobre cómo afrontar la situación llevó al portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, a afirmar primero que no se les pediría la dimisión si no eran llevados a juicio. En una demostración más de la falta de coordinación con el PSOE andaluz,luego corrigió y dijo que dejarán el escaño si eran imputados con un delito. De la otra forma hubiera dejado en evidencia a la presidenta de la Junta.

Susana Díaz dijo el pasado 6 de noviembre que los expresidentes debían abandonar el escaño si eran imputados, aunque cuatro días después matizó estas declaraciones y añadió si eran imputados «de algún delito». A esta matización se agarró ayer el PSOE para rechazar que vaya a pedirles a los expresidentes y exconsejeros el abandono del escaño. Chaves, Viera y Zarrías son diputados, y Griñán y Moreno, senadores por la comunidad autónoma. Chaves recordó que no hay auto de imputación. Se trata de una providencia, y que si el juez hubiera visto «indicio de delito» hubiera tenido que pedir el suplicatorio al Congreso.

Cierto es que la situación procesal de los expresidentes no ha cambiado desde que el Supremo les abrió una investigación el pasado otoño. Pero también que si renunciaran al acta de diputado y senador dejarían de estar aforados y pasarían a la jurisdicción de la jueza Mercedes Alaya. En el PSOE temen que la magistrada los haría desfilar por el juzgado seis de Sevilla en la campaña electoral. En la de las elecciones de 2012, Alaya ordenó el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo Francisco Guerrero, principal imputado en la causa. Para la víspera de esta (día 3 de marzo) ha citado a declarar de nuevo al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ya estuvo en prisión preventiva.

Cuando Susana Díaz anunció el adelanto el pasado 25 de enero ya se conocía que el Supremo podría empezar los interrogatorios a los expresidentes en febrero. Díaz ha mantenido que el caso ERE no le puede afectar puesto que desde que llegó a la Presidencia ha dejado fuera del Gobierno a cualquier cargo señalado y ha impedido que los aforados incluidos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), otros cuatro exconsejeros, vayan en las listas electorales. Los socialistas en cualquier caso concebían la esperanza de que el alto tribunal archivara la causa, convencidos de que no hay razones para su procesamiento, antes de los procesos electorales.

No ha sido así y el runrún de las imputaciones formará parte del argumentario de la oposición en las elecciones andaluzas. El líder del PP, Juanma Moreno, se apresuró a elevar el tono y reclamar a Díaz que cumpla su palabra y pida la dimisión a Chaves y Griñán.

Lo contrario, según varias fuentes, de lo que el juez Jorge Alberto Barreiro ha querido evitar al anunciar los interrogatorios con tanto tiempo y para después de las elecciones. El magistrado parece comulgar con la norma no escrita de que los tribunales de justicia no deben interferir en procesos electorales.

Suplicatorio

Una vez pasadas las elecciones, el instructor interrogará a los aforados para que expliquen «los actos realizados en el desempeño de sus funciones» con motivo de «la concesión de ayudas sociolaborales directas a diferentes empresas, así como las prestadas a personas físicas» desde el año 2000 a 2012, ambos inclusive. Barreiro explorará en sus declaraciones si hay razones suficientes para seguir adelante con el proceso, lo que obligaría, entonces sí, a pedir el suplicatorio al Congreso y al Senado. Sin este permiso, no puede acusarles de manera formal ni pedir medidas cautelares, como una fianza civil. Pero si pide el suplicatorio sí habrá entonces una imputación de delito y deberán, según su partido, abandonar el escaño y perder el aforamiento.

El alto tribunal abrió una causa judicial sobre los expresidentes y exconsejeros a tenor de la exposición razonada de la jueza Mercedes Alaya, quien los considera partícipes «de forma directa o indirecta» de un instrumento presupuestario, el de las transferencias de financiación, para la concesión de ayudas sociolaborales que tacha de ilegal basándose en un informe de la Intervención General del Estado de diciembre de 2013.

Alaya considera que era «imposible» que los expresidentes y consejeros lo desconocieran a tenor de sus cargos. Según la jueza, ese procedimiento se hizo para escapar al control previo del gasto y permitió el fraude en 855 millones de euros de subvenciones para prejubilados y empresas que, aún sin concretar, se calcula en al menos 141 millones de euros. Hay 264 imputados.