Inversiones anónimas, no ilícitas
La abogada de Del Valle defiende la legalidad de las actividades del bufeteLa defensora del principal imputado de 'Ballena Blanca' afirma que garantizar la confidencialidad no es equiparable al blanqueo
MONTSE MARTÍN
Martes, 30 de noviembre 2010, 02:30
En el juicio por el 'caso Ballena Blanca' sobre blanqueo de capitales les tocó ayer a las defensas de los acusados exponer sus informes ... finales. La primera en intervenir fue la del principal imputado, el abogado marbellí Fernando del Valle. María Gutiérrez, la abogada que participa en su defensa junto con el catedrático Horacio Oliva, defendió la legalidad de la actividad del bufete de Del Valle, considerado por la Fiscalía Anticorrupción el epicentro de operaciones de blanqueo. La letrada dijo que garantizar el anonimato de una inversión, actividad que procuraba Fernando del Valle en su bufete mediante la constitución e interposición de empresas, «no se puede equipar con una actividad ilícita o de blanqueo de capitales».
Una a una fue replicando la letrada a todas las acusaciones que el fiscal imputa a Del Valle. Por ejemplo, se refirió a la oferta desde el despacho de un «producto estrella» -como lo calificó la acusación pública- para sus clientes, a los que daba ideas de cómo invertir, por ejemplo a través de sociedades participadas en las que se ocultaba la identidad del inversor tras una personalidad jurídica, dado que los clientes desconocían la legislación española.
Cuestión de seguridad
La abogada aseguró que en modo alguno era el bufete el que ofrecía este sistema. «El despacho no daba ideas. Los clientes de la Commonwealth saber perfectamente lo que es un 'trust'». Así explicó que el anonimato es una de las consecuencias de la fórmula del 'holding'y resulta un reclamo que utilizan muchas instituciones de banca privada «porque hay personas que desean mantener el anonimato por una cuestión de seguridad».
María Gutiérrez subrayó que existen «muchos motivos y muchas finalidades por las que una persona puede querer detentar inmuebles a través de una sociedad y garantizarse el anonimato, no tiene por qué vincularse a actividad ilícita». Entre ellos, la letrada citó la reducción del pago de determinados impuestos, como el de plusvalía, el de transmisiones y el de sociedades.
Citó un ejemplo próximo para poner en evidencia cómo, a su juicio, se ha demonizado la creación de estructuras societarias en el bufete de Del Valle: «La propia Junta de Andalucía en su web dispone de un programa, que está vigente a día de hoy, que se denomina 'Empresas 24 horas', por el que se ofrece un amplio catálogo de 200 sociedades limitadas ya constituidas a disposición de los interesados».
Asimismo aseguró que las sociedades limitadas y las sociedades anónimas españolas «pueden ser igualmente opacas» como las creadas en Delaware (EE UU), en cuanto a conocer la identidad del socio partícipe o el beneficiario, porque no se reflejan en los registros.
«La Fiscalía y la policía parten de un desconocimiento del derecho mercantil y todas las investigaciones se han construído sobre esa ignorancia y desconocimiento», apostilló María Gutiérrez.
También se refirió al supuesto conocimiento que el fiscal imputa a Del Valle de las actividades delictivas de sus clientes. De esta forma aseveró que la acusación se construye por las relaciones que tienen unas personas con otras. Llegado a ese extremo la defensora de Del Valle se preguntó: «¿Cómo va a saber un abogado lo que hace su cliente en su tiempo libre ni lo que ha hecho en su vida pasada?» A continuación destacó que ninguno de los clientes de Del Valle ha sido condenado en España por un delito grave y que el abogado imputado nunca tuvo conocimiento de las actividades de éstos en territorio nacional ni en el extranjero.
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