Los rectores andaluces, contra la cotización obligatoria de los alumnos en prácticas

El Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, ha sido aprovechado para incluir una disposición adicional que regula la inclusión en el sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación.

Los rectores andaluces consideran que esta medida «tendrá gravosas consecuencias desde el punto de vista de sus costes y de su gestión administrativa, así como por las implicaciones que puede tener en el correcto desarrollo formativo del estudiantado». En un comunicado, las universidades públicas andaluzas expresan su «desacuerdo con una reforma de la que se deriva una cotización obligatoria a la Seguridad Social con ocasión de la impartición de una asignatura por el mero hecho de que su desarrollo se produzca fuera del aula y en colaboración con el tejido administrativo, productivo o asociativo. Particularmente, nos preocupa cómo se podrán gestionar las prácticas vinculadas a las administraciones públicas».

Los rectores reclaman «una solución diferente para la necesaria protección de las posibles contingencias que, con carácter excepcional, el estudiantado pueda tener en el desarrollo de sus prácticas académicas y que, en todo caso, nos adherimos a la solicitud que ha realizado la propia Conferencia General de Política Universitaria respecto a la obtención de una prórroga de al menos un año para la entrada en vigor de esta medida».

Por su parte, el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha alertado de la «gran preocupación existente entre la comunidad universitaria andaluza», ya que la exigencia de incorporar a esos alumnos en el régimen general de la Seguridad Social tendrá repercusiones negativas en el tejido empresarial, «provocando una disminución en la oferta de este tipo de formación por parte de las empresas e instituciones». El Ministerio, con esta premisa, «está poniendo en riesgo decenas de miles de prácticas formativas obligatorias de los estudiantes de grado en Andalucía», ha recalcado.

La cotización a la Seguridad Social por las prácticas de sus estudiantes costaría a la Universidad de Málaga casi 1,5 millones de euros, según los cálculos que maneja la UMA. Es una cantidad similar a la que destina la Universidad a su plan de becas propias (ayuda a alumnos que cumplen los requisitos económicos pero no llegan a la nota mínima exigida por el Ministerio para poder tener la beca general) y la tercera parte de lo que destina a investigación.

En la UMA hay dos tipos de prácticas, las denominadas curriculares, que forman parte del plan de estudios del alumno, ya sea como asignaturas obligatorias (por ejemplo, en los grados de Ciencias de la Educación o Ciencias de la Salud) o bien optativas, y por tanto necesarias para poder titular. Y las prácticas extracurriculares, que son las que ofertan las empresas a través de la plataforma Ícaro, en este caso voluntarias. Las curriculares, es decir, las que forman parte de su plan de estudios, las gestiona el centro y en ningún caso son remuneradas. Las extracurriculares sí son remuneradas, con un mínimo de 360 euros al mes.

Cada curso se realizan más de 11.000 prácticas curriculares, por tanto no remuneradas, que con la aplicación de la medida tendrán que cotizar a la Seguridad Social. Por otra parte, la UMA gestionó 2.683 prácticas extracurriculares, el 81% en estudios de grado, un 16% de máster y un 3% de másteres propios.