La UMA, entre las más perjudicadas por el recorte de la financiación de la Junta

La UMA teme ser de las más perjudicadas por el anunciado recorte de 135 millones en la financiación de las universidades públicas andaluzas, un dinero que será parte de los 700 millones que la Junta quiere reunir de diferentes partidas para un fondo de emergencia social por la Covid-19. ¿La razón? La UMA es la universidad andaluza a la que más dinero le debe la Junta, unos 70 millones, de los 126 a que asciende la deuda con el conjunto de las diez universidades públicas. De esta manera, mancomunar la deuda a todas las universidades perjudica fundamentalmente a la UMA, pues supone el 55% del total. Además de la deuda, se cuenta con el remanente presupuestario, el dinero no gastado por las universidades, para alcanzar los 135 millones.

Esta misma semana hay dos reuniones, una con los gerentes de las universidades, para abordar los detalles de la negociación, como es la contribución entre las distintas universidades, y otra con los rectores para llegar a un acuerdo definitivo. A la UMA preocupa el déficit que ya se acumula desde el año pasado, cuando fue necesario utilizar 40 millones de euros de remanentes. «Sin un plan de contingencia, los fondos remanentes no van a durar más de un año», señalaron. Este dinero procedente del ahorro se ha utilizado, por ejemplo, para financiar inversiones en nuevas infraestructuras.

Este recorte llega unos meses después de que la UMA aprobara sus cuentas para este año, 276 millones de euros, lo que supone un aumento de un 2,54 por ciento (siete millones) con respecto a las cuentas del pasado ejercicio.

Los sindicatos han reaccionado ante estos recortes. El Sindicato de Ayuda Mutua, SIAM, apoya la creación de este fondo de emergencia social, pero al mismo tiempo rechaza el recorte en los presupuestos de las universidades públicas. «Entendemos que la dotación de presupuestos extraordinarios es necesaria, siempre y cuando su destino sea realmente cubrir necesidades de emergencia social. Una vez dotado el fondo, será muy importante comprobar el destino que se da al dinero pero, independientemente del correcto uso de los fondos, entendemos que hay otras partidas desde las que se puede obtener el dinero», señalan, y consideran «incuestionable» el papel que debe tener la investigación universitaria «tanto para la previsión de nuevas pandemias como para la búsqueda de salidas alternativas a la crisis económica con sus aportaciones, tanto para la reorientación del sector turístico como para el impulso de nuevos sectores productivos».

Comisiones Obreras acusa a la Junta de «encubrir los recortes en materia de universidad planeados con anterioridad a la crisis», con un «nefasto modelo de financiación», y eleva la desinversión a unos 260 millones de euros. «Esta desinversión se dirigirá al cierre de titulaciones, al despido de cientos de profesoras y profesores interinos y asociados y a la precarización cada vez mayor de sus trabajadoras y trabajadores».

UGT-UMA ha mostrado también su «rechazo más rotundo» a estos recortes, que llegan en un momento muy delicado, especialmente porque las universidades públicas se enfrentan ahora a dos retos: «por una parte, poder seguir invirtiendo en infraestructuras de mejora y a equipamientos y poder garantizar una formación de calidad de cambios y de incorporación a un modelo mixto o combinado de enseñanza presencial con un mayor apoyo en la virtual». UGT-UMA teme que con estos recortes las plazas de profesorado que estaban previstas no se puedan convocar.

El sindicato CSIF rechaza los recortes que pudieran estar planteándose y pide un plan estratégico de mejora integral a medio plazo que resuelva el «problema endémico» de la financiación de las universidades. Asimismo, CSIF defiende que se implemente un plan estratégico de mejora integral del sistema público universitario andaluz a corto y medio plazo. A juicio de CSIF Andalucía, «las inversiones por alumno son manifiestamente mejorables y los planes de inversiones para investigación dormitan o se retrasan años». Además las infraestructuras requieren una importante renovación, según considera la central sindical. Esta mala situación de partida se ve agravada ahora, de cara al curso académico 2020-21, por muchos interrogantes que se plantean, como por ejemplo con relación a de qué manera se desarrollará el curso, si desde el punto de vista presencial o a distancia, o combinando ambas modalidades. Ante ello, CSIF considera que «urgen inversiones económicas para el incremento y la estabilización del personal, la mejora de los medios informáticos y dotaciones específicas de material sanitario de prevención y detección del virus».