Nuevos doctores exigen a la UMA que cumpla la LOSU y puedan presentarse al concurso de plazas
La Ley Orgánica del Sistema Universitario ha eliminado la obligación de la acreditación previa para profesores ayudantes doctores
Los nuevos doctores de la Universidad de Málaga, los que han defendido y aprobado su tesis doctoral desde el mes de abril, exigen al Rectorado ... que cumpla la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de manera que puedan presentarse a las nuevas plazas docentes que se convocarán en consejo de gobierno. La LOSU ha eliminado la obligación de acreditación previa para las plazas de ayudantes doctores, de manera que se pueden presentar los candidatos que sean doctores. Pero, al mismo tiempo, una disposición adicional permite a las universidades convocar plazas de acuerdo con los anteriores requisitos de la LOU, que fijaba esta acreditación previa de méritos para concurrir a las plazas.
Para complicar aún más la situación, la LOSU eliminó esta acreditación previa desde su entrada en vigor. De esta manera, los nuevos doctores de la UMA que han alcanzado este título desde abril se encuentran que, aunque tengan los méritos, legalmente ha desaparecido la acreditación de los mismos. Y que la UMA, en esta nueva convocatoria de plazas, va a exigir una acreditación a la que ellos no han podido optar legalmente.
«Esto nos deja en una posición en la que nuestro derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación queda vulnerado. No solo no podemos optar a un mérito preferente (aún cuando tendríamos las condiciones para obtenerlo), sino que se nos excluye de la convocatoria, generando una situación de indefensión», señala Jesús Javier Moreno Parra, que ha terminado su tesis con un contrato de Formación del Profesorado Universitario. «Solo en mi departamento –Didáctica y Organización Escolar– estamos doce afectados, pero hay también compañeros de Informática, Telecomunicación y otras facultades que se van uniendo», explica. Diferentes sindicatos de la UMA les están apoyando en su reivindicación, afirma.
Consejo de gobierno
Está previsto que el consejo de gobierno señalado para este martes día 18 apruebe nuevas plazas de profesores ayudantes doctores. Pero, según anunció el rector en el último claustro, la UMA se acogerá a la disposición transitoria de la LOSU, que permite que, hasta el 31 de diciembre, estas nuevas plazas puedan regirse por la anterior ley, que obliga a la acreditación de los candidatos.
«Es prioritario resolver la situación de los acreditados», asegura el rector
El rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, entiende la preocupación de los nuevos doctores, pero asegura que ahora su prioridad es resolver la situación de los que ya están acreditados de acuerdo con la anterior Ley Orgánica de Universidades. «Este es uno más de los problemas que nos genera la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario», comenta el rector de la UMA. «Ahora mismo haría más daño no atender a los doctores que cuentan con la acreditación, que a los que no se puedan acreditar como consecuencia de la nueva ley», afirma.
Además de que desaparece la necesaria acreditación para concurrir a estas plazas de ayudantes doctores (personal laboral), la ley fija una duración máxima del contrato de seis años y rebaja la dedicación docente de 240 a 180 horas. Desaparece la figura de profesor contratado doctor (ahora, personal laboral fijo) y se sustituye por la de profesor permanente laboral.
«Ahora tenemos diferentes figuras que están compitiendo y actuando al mismo tiempo y habrá que ver cómo lo podemos resolver. Creo que ahora lo que tenemos que atender es la situación de los que están acreditados y en el futuro, cuando no haya acreditados ya convocaremos las plazas en las condiciones de la nueva ley», afirma Narváez.
Desde el colectivo de afectados se ha enviado un escrito a los miembros del consejo de gobierno para hacerles ver lo injusto de esta decisión y las consecuencias que podría acarrear aprobar estas plazas, pues ellos están dispuestos a recurrir judicialmente, lo que supondría paralizar la convocatoria de plazas docentes durante años.
Igualdad de oportunidades
En el escrito, señalan que «de aplicarse dicha disposición, la convocatoria saldría con las condiciones previas a esta Ley, lo que implica que la acreditación a profesores ayudantes doctores sigue siendo un requisito de acceso. Sin embargo, la posibilidad de solicitar esta acreditación está cerrada desde la entrada en vigor de la LOSU, en el mes de abril. Esto ha originado que una serie de compañeros y compañeras que hemos adquirido la condición de doctores y doctoras desde el mes de abril (inclusive), no hayamos podido solicitar la acreditación para ayudante doctor. Esto nos deja en una posición en la que nuestro derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación queda vulnerado. No solo no podemos optar a un mérito preferente (aún cuando tendríamos las condiciones para obtenerlo), sino que se nos excluye de la convocatoria, generando una situación de indefensión».
Según explican, las universidades de Huelva, Jaén y Valencia ya han convocado plazas eliminando el requisito de acreditación a ayudantes doctor, conforme a la LOSU. «De hecho, la Universidad de Huelva ampara su decisión en un informe jurídico que apunta la posibilidad de que si no se aplican las condiciones de acceso que fija la LOSU, la posibilidad de demandas de las personas excluidas y de que los tribunales invaliden el proceso es muy alta. Nosotros, como colectivo afectado, pretendemos que se tomen las medidas adecuadas para no llegar a tribunales, pues en el caso de hacerlo todas las partes pueden salir perjudicadas, pudiendo retrasarse la convocatoria años», indican en su escrito.
Por esto, piden a los miembros del consejo de gobierno que en la próxima convocatoria de ayudantes doctores «se elimine el requisito de acreditación, ya sea porque salga con las condiciones establecidas en la LOSU o porque aún saliendo por la disposición transitoria décimo primera se elimine este requisito de acceso (acreditación) para no vulnerar el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de los interesados».
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