Un juez paraliza la convocatoria de las 127 plazas para ayudantes doctores en la UMA

La vicerrectora de Personal Docente e Investigador, Yolanda García Calvente, señaló ayer comprender el interés que suscita este asunto, con más de mil personas que han solicitado participar en el concurso, pero pide «unos días para poder comunicar con mayor precisión las acciones que adoptaremos». El juicio está fijado para julio de 2020, por lo que esta situación supone un importante perjuicio tanto para la propia institución como para los candidatos que contaba con poder concursar por una plaza, un contrato de cinco años que les da estabilidad y es el primer paso para iniciar la carrera docente. «Las acciones que podamos tomar tendrán siempre la finalidad de preservar los derechos de todas las personas afectadas y el interés general de la Universidad de Málaga», afirmó la vicerrectora.

Las plazas se convocaron en septiembre del año pasado. Son 127 plazas, de las 132 que aprobó el consejo de gobierno de la UMA en julio de 2017, y que la Junta de Andalucía no autorizó hasta julio de 2018. La convocatoria fue recurrida ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo por uno de los candidatos, que solicitaba la suspensión cautelar del proceso, porque estima que no se cumple la reserva legal para personas con discapacidad, de al menos el 10 por ciento de las plazas. La Universidad presentó un recurso de oposición a esta suspensión cautelar, que no ha sido atendido por el juez.

Sin embargo, la Universidad de Málaga sí que ha reservado seis de estas plazas a personas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, como fija la ley andaluza. Es la primera universidad andaluza que aplica la reserva prevista en la normativa, según la vicerrectora de Personal Docente e Investigador.

El abogado que ha llevado el recurso, Eduardo Martín Serrano, señaló ayer que espera conocer el auto para poder dar una opinión. Pero que, en todo caso, estaba claro que «los criterios fijados por la UMA en esta convocatoria iban contra la ley». Y aclaró que aunque la Universidad interponga recurso de apelación, como iría a la sala del TSJA, la convocatoria seguiría paralizada.

El sindicato Comisiones Obreras ha afirmado «no compartir el recurso» y ha señalado que la aplicación de la normativa sobre acceso a puestos de trabajo en las administraciones públicas y discapacidad en el ámbito del Personal Docente e Investigador de las universidades, a diferencia de su aplicación en otros ámbitos, «no es clara, indubitada y unívoca: las plazas de Personal Docente e Investigador no salen a concurso como un conjunto indistinto de plazas de tal o cual categoría, sino que se convocan en áreas determinadas y cuando existen necesidades docentes», señalan. Por esto, entienden que no hay una «única e indubitada manera de ejecutar el mandato del artículo 28 de la Ley andaluza 4/2017, de 25 de septiembre. El Rectorado de la UMA –añaden– escogió una de las vías posibles, que no es la que CC OO considera ideal, pero que entendemos legítima, y apoyamos en su momento». César Gómez Lahoz, representante del PDI del sindicato, explicó que es una norma de difícil aplicación en las universidades, pues aunque se convoquen cien plazas «cada una es única», pues se convocan por departamento y no se puede hacer un cómputo global para calcular el 10 por ciento de reserva. Considera que la UMA ha realizado «un esfuerzo honesto, con clara voluntad de cumplir con la ley, teniendo en cuenta las dificultades que presenta», con una posición «de vanguardia» en defensa de los derechos de personas con discapacidad.

Además de la Universidad y de los propios candidatos, otros de los perjudicados por esta situación pueden ser los propios alumnos. La docencia, no obstante, está garantizada, señaló la vicerrectora. Son los profesores sustitutos interinos los que asumen la docencia hasta que se resuelvan estas plazas.

«Es complicado conjugar todos estos derechos, el de los opositores del turno libre, los que presentan diversidad funcional y el derecho de los alumnos a recibir una docencia de calidad», indicó Gómez Lahoz. En todo caso, cree que la solución se debe adoptar desde la Junta de Andalucía y para el ámbito de todas las universidades.