Las viviendas turísticas alzan la voz: «Las limitaciones en Málaga y en Cádiz no se ajustan a lo establecido por la Junta»

Una medida que llega apenas unas semanas después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunciara la primera actuación para limitar el crecimiento de estos inmuebles de alquiler vacacional y sorprendiera con prohibir todos los inmuebles que no tengan un acceso independiente. Es decir, acotar esta oferta a unifamiliares o locales, advirtiendo de que el siguiente paso puede llevar aparejada la prohibición en zonas saturadas. Actuaciones que estas administraciones enmarcan al amparo del nuevo decreto de la Junta de Andalucía y a las que se suma la voluntad expresa del Gobierno Central de regular los alquileres temporales como ya ha hecho con los permanentes.

Ante este contexto, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avva-Pro) alza la voz para, con cifras, datos y alternativas para solventar este problema, dejar claro que las limitaciones que han llevado a cabo los ayuntamientos de Málaga y de Cádiz no se ajustan a lo establecido en el decreto de la Junta y a insistir en que un sector regulado que paga sus impuestos no puede convertirse en cabeza de turco de la escasez de viviendas cuando representan el 2% del total del parque de inmuebles de la capital de la Costa del Sol mientras que en la provincia hay un 15% de inmuebles vacíos. Carlos Pérez-Lanzac, presidente de Avva-Pro, asegura que «nosotros entendemos que tiene que haber una ordenación del territorio y que los ayuntamientos quieran establecer un nuevo modelo de ciudad y estamos dispuestos a analizarlo como llevamos cuatro años haciéndolo con el Ayuntamiento de Málaga, pero las limitaciones que se establezcan tienen que hacerse según marca la norma de la Junta, que deja claro que deben ser medidas justificadas, es decir con métricas que constatan esa presión, y de forma proporcionada, lo que supone que sean transversales e impliquen a todos los sectores que generen esa saturación: hoteles, oficinas o despachos. Ningún ayuntamiento, ni el de Cádiz ni el de Málaga, ha ejecutado correctamente el decreto».

Es más, recalca que «se está faltando a esa obligación de garantía jurídica y cuando se establecen así las limitaciones se están quitando derechos al propietario», para advertir de que «la asociación va a tutelar los intereses del sector y más cuando hay un comportamiento negligente o irresponsable de una administración». En el caso de la capital de la Costa del Sol, avanza que al haber empleado la figura de una instrucción no se puede impugnar porque el mecanismo jurídico que implica es el de «ir peleando caso a caso. Esperamos que en Málaga no se judicialice y que se vaya a un planteamiento acorde en las próximas medidas. Estamos en conversaciones para ver cuál es el planteamiento real y definitivo que se vaya a hacer y pendientes de avanzar en si se impone el trabajo de los últimos cuatro años de una zonificación y el establecimiento de unos cupos, partiendo de la base de que si el semáforo indica zonas en rojo aceptaremos esa decisión de viviendas cero, pero también de todos las actividades que influyen en esa tensión». En este sentido, pone el ejemplo de que «en Sevilla se han construido más de 80 hoteles desde 2016 en fincas compatibles con viviendas, que hubieran tenido una capacidad para 1.300 viviendas y el 90% se ubican en el centro. Hay muchas tipologías que presionan, por lo que no se pueden hacer normas sólo para limitar viviendas turísticas».

Cabe recordar que el decreto publicado el pasado mes de febrero, con consenso del sector, y en el que se actualizaba la primera regulación de las viviendas turísticas de Andalucía de 2016 da, por primera vez, competencias a los ayuntamientos para que puedan regular esta actividad. Sin embargo, precisa que «son los instrumentos de planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales las que pueden introducir, en su caso, las correspondientes exigencias sobre el uso compatible o complementario de este tipo de viviendas que sirven de alojamiento turístico, o introducir otro tipo de limitaciones sectoriales diferentes a las de ordenación turística de conformidad con los principios de proporcionalidad, objetividad, necesidad y seguridad jurídica». El texto del decreto detalla, además, que «los ayuntamientos, por razón imperiosa de interés general, podrán establecer limitaciones proporcionadas a dicha razón, en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona. Dichas limitaciones deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos, a los que se haya dado debida publicidad con anterioridad a su aplicación». El presidente de AVVA-Pro deja claro que en el caso de «Málaga capital no ha habido ni consulta, ni criterio de proporcionalidad, ni se ha justificado con métricas la limitación establecida hasta el momento».

La manifestación del 29J

La manifestación del pasado 29J por una vivienda asequible remarcó aún más ese foco que hay sobre la actividad de las viviendas turísticas, que en el caso de la capital suponen unos 7.000 inmuebles, representando en la provincia un 4,10% del parque residencial, frente al 1,7% que suponen en Andalucía y del 1,15% de España. En el último ejercicio han crecido a nivel provincial un 5,1%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A tenor de los datos, desde AVVA-Pro consideran que «la provincia no cuenta con una presencia desproporcionada de inmuebles de alquiler vacacional. El sector se ha consolidado de manera responsable y cuenta con un porcentaje superior a la media de la Comunidad por el peso y los beneficios que el turismo residencial genera por ser destino de costa».

Además de recordar que la capital cuenta con un porcentaje de inmuebles de uso turístico perfectamente asumible e inferior a la provincia. De ahí, que Pérez-Lanzac afirma, con claro malestar, que «no entendemos que se genere esa crispación e inseguridad jurídica a un sector regulado y que paga sus impuestos. Esto no tiene sentido. Nosotros no somos responsables directos. Es un sinsentido, una demagogia. En España hay un problema muy importante de vivienda y es normal que la gente se manifieste, pero se han mezclado conceptos y es un asunto global del país al que las administraciones tienen que poner solución. Es absurdo considerar que las viviendas turísticas son la causa de todos los males. No hay ningún estudio de mercado que señala a este sector como factor que provoca el problema. Un 2% no puede ser un elemento distorsionador. Por cada vivienda turística hay ocho vacías».

Por eso, defiende que este sector generó en la provincia 1.910 millones de euros, de los 4.244 millones de impacto que esta actividad tuvo en Andalucía. La provincia aporta el 9,3% de los 20.525 millones de impacto que tienen a nivel nacional. Y propone como medidas para paliar la actual situación que las administraciones agilicen los procesos urbanísticos, que los ayuntamientos liberen suelos y que no se tarde tres años en comenzar una obra. También hay edificios de oficinas en desuso que se podían cambiar a uso residencial, además de permitir más altura en ciertas zonas de la ciudad para construir más viviendas en vertical o nuevos modelos de alojamiento como los coliving o distintas modalidades que están surgiendo, así como acuerdos público-privado para impulsar las viviendas de protección oficial.

Asegura que en España hay 26,6 millones de viviendas y los expertos apuntan que se tendría que construir un 1% cada año para cubrir la demanda, unas 22.000 al mes cuando se está construyendo a ritmo de unas 9.000 en un momento en que hay más necesidades de hogares, porque hay más matrimonios que se separan, hijos que se emancipan y se quedan la ciudad o en la provincia por las oportunidades de empleo que hay y profesionales que vienen de fuera a vivir ante el nuevo modelo productivo. «Simplificarlo todo en las viviendas turísticas es un absoluto despropósito», reclama.