El plan que modernizó la Costa del Sol se extingue sin acuerdo sobre quién debe pagar su elevada deuda

La aprobación de las cuentas y de la liquidación de este proyecto creado para la modernización de destinos maduros sólo recibieron los votos a favor del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el 22% de participación, y de la Junta de Andalucía, con el 40%, sumando una mayoría del 62%. El resto de los integrantes de este consorcio -la Diputación de Málaga, con un 8%; los ayuntamientos de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva, que cuentan con un 3% cada uno; la Confederación de Empresarios, con un 3%, y las centrales sindicales CC OO y UGT, con un 1,5% cada uno- no respaldaron ni las cuentas ni la liquidación. Todos mostraron su desacuerdo tanto en las cifras aportadas como en el reparto de la deuda. De la cuantía por abonar, se les reclama más de 19,8 millones a los ocho municipios, destacando la partida de 4,6 millones que deberá afrontar Marbella; de 4,1 millones que se le pide a Mijas o de 2,3 y 2,2 millones a Torremolinos y a Casares, respectivamente, según apuntó Del Cid, que añadió que los ayuntamientos recurrirán estas partidas y que barajan hacerlo de forma conjunta. Esta deuda principal, que se eleva a 13 millones, corresponde a un préstamo de 25 millones concedido por Unicaja con cargo al Fondo para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (Fomit) y que, según los alcaldes consultados, se repartían las inversiones a razón de un 33% entre los ocho municipios, otro 33% la Junta y la misma proporción para el Gobierno.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, mostró también sus diferencias con las cuentas y la liquidación, asegurando que la Corporación «creo que es la única que ha seguido pagando la cuota del préstamo pese a que la disolución de facto del plan se arrastra desde diciembre de 2019. Por eso no entendemos que la deuda que nos reclaman sea de 1,9 millones, sin darnos más detalles. Hemos pedido un desglose porque quiero saber por qué debo esa cuantía y qué debe cada ayuntamiento, porque yo he pagado mi parte. No me cuadran las cuentas aportadas». De hecho, avanzó que recurrirán y que al final de la reunión, de la que la Junta no ha facilitado más información que la aprobación de las cuentas y la liquidación como pasos necesarios en la disolución del consorcio, han hablado de defenderse los municipios de forma conjunta.

La reunión, presidida por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, se prolongó durante más de hora y media, transcurriendo en un tono de cordialidad pese a las discrepancias manifestadas por los empresarios, a los que se les reclaman 348.000 euros, los sindicatos, que deben abonar 174.000 euros cada uno, y los ayuntamientos. Desavenencias que el propio secretario provincial de CCOO, Fernando Cubillo, ya avanzó ayer que terminarán en los tribunales: «CCOO no está conforme con esa deuda ni la podemos asumir. Nuestra pertenencia al consorcio tenía un carácter político y ahora nos reclaman cuotas y débitos de actuaciones realizadas por algunos ayuntamientos cuando nosotros no hemos gestionado un céntimo».