El juez ve indicios de delito en la gestión del CIOMijas y remite la querella a Fiscalía

En un auto fechado el pasado 18 de septiembre al que este periódico ha tenido acceso, se expone en relación a la querella presentada que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». De esta manera, da traslado al ministerio fiscal para pronunciarse sobre la competencia territorial del Juzgado de Instrucción nº 9 de Málaga, para tramitar el asunto, y sobre los hechos objeto de la querella.

Según el abogado de los empleados, Jordi Ventura, en el presente caso no habría duda de que el presunto delito relativo a la falta de condiciones de salubridad y seguridad expuesto en la querella se ha ejecutado en el propio CIO Mijas, «pero en cambio, otros delitos lo habrían sido en el partido judicial de Málaga, como es el caso de la falta de abono de los seguros sociales a la Seguridad Social o bien las acciones u omisiones constitutivas de abuso y aprovechamiento de la situación de necesidad de los trabajadores», sostiene, entre los que enumera la obligatoriedad de acudir al trabajo bajo amenaza de despido, negativas a dispensarles de acudir al mismo, o la falta de pago de las nóminas como forma de presión, entre otras.

Además, señala que otra regla para la determinación del juzgado competente territorialmente la da el artículo 15.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, «serán jueces y tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio, el de la residencia del reo». En este caso, y por la condición de cargos públicos o excargos que tienen las personas querelladas, el domicilio señalado en la querella es el de Alameda Principal, nº 18 de Málaga, sede de la Delegación de Junta de Andalucía en Málaga.

La querella en cuestión se refiere, tal y como explicó Ventura cuando se presentó, a supuestos delitos contra los trabajadores debido a la «falta de salubridad» en sus puestos de trabajo, «ausencia de seguridad en unas instalaciones que tienen más de 30.000 metros cuadrados» y el citado impago de los sueldos. A juicio de Ventura, habría existido «mala fe» por parte de la Junta de Andalucía, ya que no era una situación puntual de falta de liquidez, sino que se trata de una administración pública «que no puede desatender a los trabajadores». Además, el letrado apuntó entonces a que en los últimos presupuestos del Gobierno regional se había aprobado una partida para pagar unas nóminas. «El presupuesto es ley, y por tanto se tendría que haber cumplido», sostiene.

En cuanto a los destinatarios de la querella criminal, ésta va dirigida al actual delegado de Empleo, Mariano Ruiz, así como el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García.

Asimismo, la querella hace referencia a todos los cargos públicos relacionados con el CIOMijas desde noviembre de 2014 (cuando se pagó la última nómina), por lo que estarían afectados, entre otros, la actual delegada de Educación, Patricia Alba, y el exdirector general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, tal como desgranó el propio Jordi Ventura en conversaciones con SUR.