La Junta lamenta la inseguridad jurídica que genera el Registro Único de viviendas turísticas

El consejero recuerda que respecto a esta normativa también se han cumplido los vaticinios que durante meses han hecho desde Andalucía: «este procedimiento lo único que ha generado es confusión e inseguridad jurídica en miles de alojamientos en un momento clave para la industria turística como es el inicio del verano. No lucha contra la clandestinidad al no tener medidas concretas ni régimen sancionador específico aprobado, duplicándose la carga administrativa por igual entre todos los ciudadanos propietarios y operadores que actúan legalmente y los que no». Insiste en que «desde el Gobierno central no ha habido ninguna voluntad de consenso y diálogo con las comunidades autónomas». Es más, muestra su preocupación «por la falta de diálogo y consenso del ministerio, al ignorar las advertencias que hemos hecho desde las comunidades autónomas y, por otro lado, que no se hayan tenido en cuenta los criterios del Consejo de Estado y la Unión Europea».

Las críticas vertidas por Bernal también señalan al Ministerio de Turismo, considerando que «ha estado ausente en todo este proceso. Resulta alarmante el poco peso que el ministro de la principal industria de este país tiene en el Consejo de Ministros» y reprocha al Gobierno central las escasas reuniones de coordinación que se han llevado a cabo sobre este Real Decreto. «Han sido reuniones telemáticas sin contenido real, no se ha respetado el orden del día y no ha habido escucha efectiva de los planteamientos de las comunidades autónomas, lo que ha impedido un debate real ni soluciones ante la incertidumbre y dudas que se han generado».

Tras ello, el consejero explica que «Andalucía trabaja activamente para garantizar la legalidad y el control de las viviendas turísticas. Gracias a los convenios que hemos firmado con los ayuntamientos, nuestro Decreto 31/2024 sobre Vivienda de Uso Turístico, el Decreto Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda en Andalucía y refuerzo de la inspección hemos impulsado la cancelación de más de 9.200 Viviendas de Uso Turístico que no cumplían con los requisitos necesarios».

Bernal deja claro el apoyo que desde el Gobierno andaluz se hace al Reglamento Europeo 2024/1028 que pretende la mejora en la recogida e intercambio de datos sobre alquileres turísticos de corta duración. Sin embargo, advierte de que «ha duplicado las cargas administrativas para propietarios y explotadores que ya cumplen con la normativa autonómica», justificando así la tramitación de la interposición de un recurso contencioso administrativo por parte de la Junta de Andalucía a este Real Decreto.