La Junta insiste en que no tiene competencias para limitar las viviendas turísticas y señala al Gobierno central

Según ha explicado Fernández, «el Gobierno sacó los arrendamientos de menos de dos meses de la Ley de Arrendamientos Urbanos y los metió en el ámbito turístico, pero sin sacarlos del ámbito de las relaciones entre privados». Eso implica que el alquiler turístico regentado por particulares se considere a efectos fiscales y regulatorios «como un alquiler normal, lo que pasa es que en vez de seguir el modelo de contrato de la LAU, se rige por el Código Civil. Pero no deja de considerarse un rendimiento inmobiliario del patrimonio; es decir, sigue tributándose en el IRPF y no con la fiscalidad de una empresa». Mientras el Gobierno central no cambie esto, es decir, mientras no pase a considerarlo una actividad empresarial, «no puede haber una regulación que sea restrictiva o que limite la instalación de viviendas de uso turístico«, ha afirmado el consejero, que ha pedido al Gobierno que tome cartas en el asunto y modifique las leyes que hagan falta -desde la Ley de Propiedad Horizontal hasta la de Haciendas Locales- para dar herramientas a ayuntamientos y comunidades de vecinos para limitar la proliferación de estos establecimientos.

Fernández ha asegurado que la Junta ha hecho «todo lo que en nuestra mano estaba dentro de nuestro ámbito competencial» para regular las viviendas turísticas, que es «decir lo que es legal y lo que es clandestino». «Fuimos de las primeras comunidades autónomas que lo hicieron, y por cierto, nuestro decreto no lo ha impugnado nadie porque lo hicimos con consenso y diálogo. El Registro de Turismo da calidad a aquel que viene a alojarse. Todo aquel que tenga el número de registro le da garantías a quien piense en alojarse en Andalucía de que tiene unas condiciones de seguridad; condiciones que no sólo son de seguridad del consumidor, sino que también recogen las indicaciones que hubo tanto de la Agencia Tributaria en el caso de la fiscalidad, pidiendo que tuviera una referencia catrastral para saber que hay una actividad económica, como del Ministerio del Interior. «Siempre hemos tenido la voluntad que, desde las competencias de la Junta, éste sea un modelo regulado, un modelo que garantice la seguridad del consumidor y la seguridad de la ciudadanía y, sobre todo, que garantice la calidad de lo que tiene que ser el alojamiento en Andalucía», ha afirmado.

Desde esta posición, lo que la Junta pide al Gobierno central es que «actúe». «Queremos que el Estado busque la manera de armonizar una norma transversal para todas las comunidades autónomas, respetando nuestras competencias, y sobre todo que habilite modificaciones en otras leyes, por ejemplo la Ley de Propiedad Horizontal o la Ley de Haciendas Locales para capacitar a los ayuntamientos a limitar esta actividad. Simplemente bastaría que considerara que cualquier alquiler turístico tiene que estar desarrollado por una empresa con su correspondiente licencia municipal. Eso le daría el instrumento a los ayuntamientos de ordenar su propia oferta«, ha argumentado.

Respecto a los intentos de otras comunidades autónomas de limitar este fenómeno, Fernández se ha mostrado escéptico, pues opina que los servicios jurídicos de esas autonomías les advertirán de que esas medidas invaden competencias o normas estatales, como le ocurrió a la propia Junta de Andalucía con su intento de habilitar a las comunidades de vecinos para vetar por mayoría la instalación de viviendas turísticas -y que el Consejo Consultivo recomendó eliminar porque chocaba con la Ley de Propiedad Horizontal-. Si eso no ocurre, serán los tribunales o las autoridades de competencia los que impugnen esas limitaciones, como ya ha ocurrido con el decreto de Canarias. «Lo que buscamos desde la Junta es que haya una normativa estatal que armonice toda la normativa que hay en relación al alquiler vacacional, no en su aspecto turístico que ya regulamos las comunidades autónomas, sino en la regulación del alquiler, y que esa norma permita también a los ayuntamientos establecer zonas saturadas o fijar ciertos límites«, ha añadido.

Respecto a las recientes declaraciones del ministro de Turismo sobre que el Gobierno central carece de las competencias para actuar sobre este ámbito, Fernández ha aclarado: «Seguramente Turismo no tiene esas competencias, pero el gobierno de la nación sí las tiene. No tiene por qué ser el ministro de Turismo; será el ministro de Hacienda o el ministro de Administraciones Públicas», ha afirmado.