Entra en vigor la prohibición de viviendas turísticas en 43 zonas de la capital malagueña

La publicación en el BOP supone que a partir de este martes no podrán inscribirse nuevas viviendas turísticas en los 43 barrios que un estudio realizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo calificó como saturados al superar los alquileres vacacionales el 8% del parque residencial. De la misma manera, se establece una segunda zona formada por 32 barrios con un índice de viviendas turísticas igual o superior a 4,53%, donde solo se permitirán nuevas inscripciones hasta alcanzar el tope del 8%; y una tercera con un índice por debajo del 4,53%. En este cambio del plan general se señala que el número máximo de pisos turísticos en cada uno de los barrios estudiados será revisado al año de la entrada en vigor de la modificación y, posteriormente, con una periodicidad máxima de cuatro años.

Las zonas en las que se prohíben nuevas viviendas turísticas son el Centro Histórico, El Ejido, La Merced, Lagunillas, Capuchinos, El Molinillo, el ensanche del Centro, La Goleta, San Felipe Neri, la Trinidad, Conde Ureña, Cristo de la Epidemia, la Victoria, Ventaja Alta, Campos Elíseos, Cañada de los Ingleses, La Malagueta, Perchel norte, plaza de Toros Vieja, El Candado, El Chanquete, playas de El Palo, camino del Colmenar, Peinado Grande, Santa Paula-Miramar, Baños del Carmen, La Viña, Las Acacias, la playa de Pedregalejo, Torre de San Telmo, Pinares de San Antón, Martiricos, Málaga 2000, Torre del Río, Torres de la Serna, Pacífico, Santa Isabel, Tabacalera, Guadalmar, La Cizaña y los diseminados de Puerto de la Torre.

Para el resto de barrios de la ciudad se mantiene vigente la limitación aprobada por el Consistorio el pasado mes de junio, con efecto retroactivo desde el 22 de febrero, de que sólo pueden aspirar a conseguir licencia para el alquiler vacacional los inmuebles que tengan un acceso y suministros independientes del edificio residencial en el que se ubiquen.

Desde el Ayuntamiento señalan que la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, por la que se prohíbe o limita la implantación de nuevas viviendas turísticas en determinados barrios de Málaga, se centra en incluir una disposición adicional, de acuerdo a lo establecido en el decreto 31/2024 (mediante el que se modifican diversas disposiciones en materia de vivienda turística) de la Junta de Andalucía y que habilita a los ayuntamientos a establecer limitaciones de viviendas turísticas por razón de interés general. "Esta disposición del PGOU se va a basar en la limitación de este tipo de viviendas en barrios donde ya existe un gran número y donde supone un detrimento del parque residencial de acuerdo al estudio sobre el impacto de la vivienda turística en la ciudad elaborado por Espacio Común Coop, que aporta datos hasta junio del presente año", precisan.

La capital malagueña cuenta con 13.000 viviendas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía, que suman casi 68.000 plazas. Tras Marbella, es el segundo municipio con mayor volumen de oferta de alquiler vacacional. Cabe recordar que, a fecha del pasado día 29 de octubre, se contabilizaban 78.950 inmuebles inscritos con licencia para alojar turistas. Unas propiedades que superaban las 400.000 plazas, concretamente, 418.740. La cifra, para ponerla en contexto, supone que casi multiplica por cuatro las camas que ofrecen los 921 hoteles y hostales que hay en la provincia. Y la tendencia va a más. De hecho, el ritmo medio es de quince inscripciones al día, que se acelera conforme los ayuntamientos, al amparo del decreto de viviendas turísticas del pasado mes de febrero, anuncian limitaciones.

Con la primera prohibición de viviendas turísticas en la capital malagueña se abre el debate sobre cómo evitar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, que depende de la Junta de Andalucía, de inmuebles en las zonas de la ciudad que han sido vetadas para esta actividad. Hay que recordar que en la actualidad y de conformidad con la actual ley del turismo la inscripción en el registro se produce en virtud de la presentación de una declaración responsable, lo que permite iniciar la actividad, siempre bajo responsabilidad del declarante. Tras este paso, la Junta inicia los procesos de comprobación que ahora se agilizarán tras firmar a final del mes pasado un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga para facilitar la comunicación bilateral para frenar nuevas viviendas que no cumplan con la norma.

Hoy por hoy, desde la Junta apuntan que cuentan ya con mecanismos para que las viviendas que se les ha dado de bajo por no cumplir con la normativa no puedan volver a registrarse. En este sentido, señalan como herramientas fundamentales los acuerdos que ya han alcanzado con Málaga, Sevilla o Granada. Consideran que estos convenios son claves para avanzar en la transparencia de datos, nuevas inscripciones, cambios de titularidad y cancelaciones mediante un ágil sistema de intercambio de información. También refuerzan la colaboración en el control del cumplimiento normativo para detectar infracciones urbanísticas o falta de cualquier otro requisito sectorial. El acuerdo incluye la creación de una Comisión de Seguimiento compuesta por representantes de ambas administraciones para la coordinación de actuaciones.

A ello se suma, un nuevo decreto, avanzado ya por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para delimitar las viviendas turísticas del que no ha especificado mucho más.