Aquella venta de armas del Ayuntamiento de Málaga en 1874

El 11 de febrero de 1873 se proclamó en España la Primera República que, como señaló el profesor Cristóbal García Montero, fue acogida con alegría y esperanza por amplios sectores de la población malagueña, pero también con recelos. Desde el día siguiente aparecieron grupos armados por las calles que chocaron con el ejército. Y es que la fórmula unitaria de la república no tenía en Málaga muchos partidarios, que preferían una república federal. Esta opción contaba con muchos apoyos en los barrios de la Trinidad y del Perchel.

El 22 de mayo fue elegido alcalde de Málaga José Moreno Micó, de firmes ideas republicanas. En su corto mandato ordenó «una aportación voluntaria» para pagar las 4.000 armas que a su juicio necesitaba la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos que de manera espontánea se ofrecía a defender la República. Hacía falta reunir 60.000 pesetas y, viendo que las aportaciones voluntarias no estaban teniendo efecto, se acordó hacerlas obligatorias. Pero los contribuyentes se ausentaban y se iban de Málaga, por lo que se decidió que toda la ciudad se acordonase, utilizando para ello a las compañías de la milicia. El Ayuntamiento acudió a todos los medios posibles para conseguir el dinero, incluso propuso vender los solares de los conventos que habían sido demolidos.

El 18 de junio de 1873 el capitán voluntario de la república Antonio Cantero de la Bandera fue comisionado por el Ayuntamiento de Málaga para que fuese a Madrid a firmar el contrato que tenían preparado Eduardo Palanca, Francisco Solier y Eduardo Carvajal Reboul para la adquisición de 4.000 fusiles marca Remington, con bayoneta, al exorbitante precio de 75 pesetas cada uno. A Antonio Cantero le acompañaba en el viaje el armero Juan Polo Gómez, quien se iba a encargar de supervisar la parte técnica de la operación. También el Ayuntamiento les autorizó para comprar doce maquinillas de hacer cartuchos. A ambos se les facilitó la cantidad de 1.000 pesetas para gastos de viaje. Sin embargo la operación finalmente no se realizó, probablemente por el alto precio de los fusiles.

En Málaga la anarquía y el desorden reinaban en las calles, sucendiéndose un día tras otro los altercados y los enfrentamientos. El propio alcalde Moreno Micó fue asesinado el 25 de junio cuando volvía a su casa por un grupo de jóvenes que se negaban a alistarse en el ejército. De unos apuntes de Narciso Díaz de Escovar extraemos las siguientes noticias que dan fe de la caótica situación de la capital:

- El 30 de junio de 1873 el gobernador civil presentó su dimisión ante su incapacidad para controlar la situación.

- El 1 de julio el nuevo alcalde Nicolás Maroto quiso dejar su cargo, pero los milicianos fueron a buscarlo a su casa y lo condujeron al Ayuntamiento, donde le obligaron a ocupar su puesto de nuevo. El alcalde acabaría dimitiendo pocos días después.

- El 3 de julio el jefe de la milicia Eduardo Carvajal Reboul colocó cañones en la plaza del Obispo y ordenó desalojar el palacio episcopal.

- El 4 de julio el Ayuntamiento acordó que se quitasen todas las imágenes religiosas de las calles; que se incautara la biblioteca del Obispado; que se exhumaran los cadáveres de las religiosas enterrados en los conventos y que se cambiaran los nombres de algunas calles.

- El 9 de julio se empezó la demolición del Castillo de Gibralfaro. Ese mismo día el Ayuntamiento publicó un bando obligando a todos los malagueños con edades comprendidas entre los 20 y 40 años a formar parte de la Milicia Nacional.

- El 11 de julio se fugaron todos los presos de la cárcel de Coín, algunos condenados por delitos graves.

- El 19 de julio el joven malagueño Francisco Prolongo, que se dirigía a Nerja a ver a su familia, fue asesinado a la altura de Lagos por unos milicianos.

Ante la gravedad de la situación, el 21 de julio Francisco Solier proclamó el Cantón de Málaga. En las calles de la capital solo se oían los gritos de algunos ciudadados que vociferaban: «¡Viva la República Federal! ¡Viva el pueblo soberano! ¡Vivan los pueblos libres! ¡Viva el pueblo trabajador y honrado! ¡Viva el Gobierno de la República Federal!» La situación llegó a ser tan caótica que la Junta de Comercio e Industria acordó adquirir armas para «defender sus vidas y haciendas» ante la anarquía reinante. El Gobernador aprobó el acuerdo. Ante el temor de un posible bombardeo de la ciudad, muchas familias abandonaron Málaga. La población estaba casi desierta, y las casas y los comercios permanecían cerrados.

En este contexto es en el que debemos de situar la compra de armas que ordenó el Ayuntamiento. El 31 de julio de 1873 el Consistorio depositó 157.500 pesetas en la Casa Manuel Larios e Hijos para la compra de 3.000 fusiles con sus correspondientes municiones. Los concejales Ángel Torrente y José Sené López, acompañados del armero Juan Polo, viajaron a París para hacerse cargo de la operación. El Ayuntamiento les facilitó 3.000 pesetas en concepto de dietas. Finalmente, el 12 de septiembre de 1873 se formalizó la compra de 3.000 fusiles con sus correspondientes municiones en 165.000 pesetas, a un precio de 45 pesetas por arma.

El Cantón de Málaga fue el segundo de más larga duración tras el de Cartagena. Hubo un tácito acuerdo entre el Gobierno y las autoridades locales, según el cual aquel respetaba la situación autónoma de Málaga a cambio de que estas se comprometiesen a mantener el orden público. El 19 de septiembre se puso fin al Cantón de Málaga. Ese día, a las 10:15 de la mañana, un tren procedente de Córdoba trajo a las primeras tropas del general Pavía. Así hasta un total de trece trenes que transportaron a 1.000 hombres, 376 caballos y 12 piezas de artillería que fueron formando en la Alameda. El orden público había sido restablecido.

Durante los siguientes meses, el Ayuntamiento de Málaga fue presidido por una Comisión que, ante el vacío de poder, se encargó de solucionar los asuntos más urgentes. El 3 de enero de 1874 el golpe de estado del general Pavía puso fin a la República Federal. El 6 de enero el Gobernador Militar de Málaga destituyó al Ayuntamiento y nombró otro presidido por Pedro Alonso García, que ya había sido alcalde de Málaga en 1872. Fue este el primer camerano que alcanzó la más alta magistratura municipal y, debido a su delicado estado de salud -padecía distintas enfermedades de tipo respiratorio y fallecería de edema de glotis a los 50 años en 1881-, no pudo ocupar su cargo de manera efectiva hasta el 3 de julio de 1874. Hasta entonces, el soriano Liborio García Bartolomé ocupó la alcaldía de manera accidental durante el primer semestre de 1874.

Por aquellos tiempos el asunto de las armas era el tema más destacado en las tertulias y en los mentideros locales. Muchos ciudadanos se quejaban del alto precio que había desembolsado el Ayuntamiento por ellas (45 pesetas por fusil aunque, recordemos, estuvo a punto de pagar 75), cuando el precio de mercado era de unas 30 pesetas. Pero el problema más importante que tenía la corporación municipal era qué hacer con las armas que habían comprado los dirigentes municipales anteriores y que no habían llegado aún a Málaga, porque el Gobierno de España se negaba a conceder el imprescindible permiso de importación, sin duda para evitar armar a la población y que se produjesen más altercados. Ante la negativa del Gobierno, al Ayuntamiento no le quedó otra que vender las armas.

La opción elegida fue la de vender los fusiles al propio Gobierno, que se comprometió a adquirirlas a precio de costo. Sin embargo, cuando el nuevo gobierno municipal tomó posesión a principios de 1874 pudo averiguar, al acceder al contrato, que las armas se habían comprado en la Casa de Frederic Foerster en el Havre y que los 3.000 fusiles y los 160.000 cartuchos estaban depositados en Amberes. El primer problema con el que se encontró el Ayuntamiento fue que, según el vendedor, se había contratado la venta de 4.000 armas y solo se habían pagado 3.000. Y, en segundo lugar, el Ayuntamiento quería que las armas se trajesen al puerto de Málaga, mientras que el Gobierno, que seguía sin fiarse, prefería que llegasen al de Santander.

Así estaban las cosas cuando el viernes 3 de julio de 1784, a las dos y media de la tarde, tomó posesión el nuevo alcalde, Pedro Alonso García, ya recuperado de sus dolencias. Prueba de la gravedad del asunto fue que la primera decisión del nuevo alcalde fue comisionar a los tenientes de alcalde Liborio García y Emilio Asencio para solucionar el tema de las armas. Se habló de «la enojosa y conocida cuestión de los fusiles», que era «un asunto que viene ocupando y preocupando tanto a la corporación». El caso era aún más peliagudo, porque el vendedor de los fusiles había denunciado al Ayuntamiento por no haber pagado todavía la totalidad de los fusiles.

Ante la gravedad de la situación, el propio Liborio García, acompañado de Emilio Asencio, tuvo que viajar a Bélgica para hacerse cargo personalmente del asunto. Curiosamente, en las actas municipales no se hace referencia ahora a ninguna cantidad en concepto de dietas. No es descabellado pensar que los concejales se pagaran el viaje de su propio bolsillo. En efecto, pensamos que Liborio García tenía una situación económica desahogada, como lo prueba el que fuese propietario de los terrenos de El Castillo de Torremolinos, donde más adelante se abriría el hotel Castillo de Santa Clara, el primero de la Costa del Sol. Pero no divaguemos y volvamos al a tema de las armas.

Liborio García averiguó en Amberes que en la venta había participado un intermediario que no había actuado de buena fe. En el almacén estaban depositados 4.000 fusiles y 500.000 municiones a la espera de ser abonados en su totalidad. Además el vendedor reclamaba el pago de un seguro de almacenaje. La respuesta de Liborio García fue contundente: el Ayuntamiento de Málaga no tiene nada que ver en esto porque el Gobierno de España ha comprado el armamento. Así que, ni corto ni perezoso, viajó hasta Madrid para ser recibido por el ministro de la Guerra y ponerle en conocimiento del estado de la cuestión.

Finalmente, el 19 de octubre de 1874, el Gobierno adquirió los 4.000 fusiles y los 500.000 cartuchos por 80.000 pesetas. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento republicano había pagado por una parte de ellas 165.000, las pérdidas no fueron tan grandes y se recuperó de la nefasta gestión anterior lo que se pudo.

El 29 de diciembre de 1874 el pronunciamiento de Martínez Campos puso fin a la primera experiencia republicana española. Dos días más tarde, el último día del año, Pedro Alonso García dejó el cargo que «aceptó por las difíciles circunstancias que atravesaba la ciudad», pues ya había terminado el periodo al que se comprometió. Sesenta y cinco años después un sobrino-nieto suyo, Pedro Luis Alonso Jiménez, sería también alcalde de Málaga.