La epidemia de fiebre tifoidea de 1951 y sus consecuencias

Las deficientes condiciones alimentarias e higiénicas que sufría la mayor parte de la población habían propiciado a lo largo de la década de 1940 varios brotes epidémicos, siendo especialmente grave el de tifus exantemático que se inició en 1941 y se prolongó con menor intensidad hasta 1943. En la primavera de 1942 hubo un brote de fiebre tifoidea, que se repitió en septiembre de 1945. Según los doctores Caffarena y Gutiérrez Mata era una enfermedad endémica en la ciudad, siendo habitual que hubiese pacientes en el pabellón de infecciosos del Hospital Civil.

Pero la epidemia de 1951 fue diferente a las anteriores. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria del género Salmonella que se transmite a través del agua y de alimentos contaminados. El 15 de enero las autoridades declararon la existencia de un brote epidémico que, paradójicamente, estaba afectando a las calles más céntricas. De hecho, la incidencia se concentró en los barrios de El Molinillo, La Goleta, Lagunillas y La Victoria, pero especialmente en el entorno de la calle Granada y la plaza de la Merced. Es decir, una parte importante de las personas que había contraído la infección era residente en zonas consideradas de clase media y con viviendas que tenían acceso al agua corriente domiciliaria. Las calles más cercanas al puerto y casi todos los barrios obreros situados al otro lado del río Guadalmedina quedaron al margen del contagio. Es decir, factores como el hacinamiento, la falta de higiene o la pobreza no servían para explicar la extensión de la enfermedad.

Entonces, ¿qué estaba pasando? La Jefatura Provincial de Sanidad determinó que el origen de la epidemia estaba en la contaminación por aguas fecales de la red de distribución de agua potable en la zona alta de la ciudad. A pesar de que en los años veinte se había renovado la conducción de traída de aguas desde los manantiales de Torremolinos, no se había completado con la renovación de las tuberías de distribución, que seguían siendo las mismas que se instalaron en la década de 1870. En algunos puntos los tubos de hierro habían llegado a desaparecer y el agua circulaba por el hueco que habían dejado, provocando pérdidas de líquido y, como se vio, un enorme riesgo de contaminación.

El jefe provincial de Sanidad, Mariano Fernández Horques, propuso el día 22 de enero que se tomasen las siguientes medidas: vacunación obligatoria de la población, aislamiento de los enfermos, vigilancia sanitaria del agua potable y, a largo plazo, la reforma de la red de abastecimiento. En el marco político del momento, el Consejo Provincial de Sanidad estimó oportuno que solo se hiciesen públicas algunas de esas propuestas, con el fin de no perjudicar los intereses del comercio y del turismo. En esas semanas se estaban celebrando las Fiestas de Invierno, por lo que se quería evitar una mala publicidad para la ciudad.

El gobernador civil ordenó que se aplicara un sistema de depuración del agua de consumo, para lo que el 24 de febrero empezaron a funcionar tres depuradoras por cloración. Para entonces, muchas familias habían instalado en sus viviendas filtros esterilizadores, que eran anunciados en la prensa local a pesar de las restricciones informativas. A continuación se puso en marcha una campaña de vacunación masiva que, en un periodo de 36 días, alcanzó a un total de 202.160 personas, es decir, casi tres cuartas partes de la población de la ciudad (que, según el censo del año anterior era de 276.000 habitantes).

El balance oficial de la epidemia fue de 2.943 casos declarados y de 52 víctimas mortales de la enfermedad. En el mes de marzo se dio por superado el brote infeccioso. La política informativa seguida por las autoridades locales fue cuestionada por los propios expertos de sanidad. Una comisión técnica escribió: «Una actitud de silencio solo puede servir para desorientar. En la prensa debe hablarse de la situación sanitaria, aplicando si se quiere acentos optimistas, pero siempre que con ellos no se cause confusión ni se oculten las prácticas sanitarias en las que deben participar más o menos activamente».