Vuelven a detener al hombre «extremadamente conflictivo» de Campillos: la libertad le duró 24 horas

No en vano, en la última semana, A. P. G. ha ingresado en la cárcel dos veces, que se dice pronto. El penúltimo episodio de este insólito caso arranca el 2 de junio, cuando se le arrestó por quebrantar la orden de destierro que pesaba sobre él respecto a los municipios de Campillos y Sierra de Yeguas. Alguien lo vio en la casa de un familiar y avisó a la policía, que lo detuvo allí mismo.

Las Fuerzas de Seguridad lo pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Antequera, cuyo titular, tal y como ayer adelantó SUR, lo envió a prisión provisional por el quebrantamiento. Sin embargo, permaneció muy poco entre rejas. Su abogado presentó un recurso de reforma contra la decisión del juez y éste le dio la razón y dispuso que saliera de la cárcel.

En paralelo, la Audiencia Provincial resolvía un recurso de apelación contra la orden de destierro, dictada a principios de año tras un grave incidente con las Fuerzas de Seguridad en el que presuntamente lesionó a tres funcionarios. Y también le dieron la razón. Los magistrados revocaron y, por tanto, dejaron sin efecto la medida provisional que le impedía pisar Campillos y Sierra de Yeguas. Es decir, no sólo salía la cárcel, sino que podía residir o deambular tranquilamente por ambos municipios.

La única restricción de movimiento vino dictada por el Juzgado de lo Penal número 13 de Málaga, que es el encargado de ejecutar la sentencia por amenazas a Mónica, su exmujer. En el fallo, además de condenarlo a seis meses de prisión, se incluyó una orden de alejamiento de 500 metros respecto a ella. Consciente de que podía volver al pueblo, donde ella reside con los hijos en común, la Fiscalía solicitó que al menos le colocaran una pulsera telemática, medida que el juzgado consideró oportuna.

Así las cosas, A. P. G. abandonó la cárcel la noche de este jueves 5 de mayo, eso sí, con una pulsera electrónica para controlar que no se acercara a menos de 500 metros de Mónica, algo complejo en una localidad de menos de 9.000 habitantes y un casco urbano relativamente pequeño. Según las fuentes consultadas por este diario, la pulsera sonó en varias ocasiones a lo largo del viernes, su primer día en libertad.

Tras el informe del centro Cometa, que controla este sistema telemático, los agentes lo buscaron para detenerlo por quebrantar la medida de protección. Lo localizaron -y arrestaron- el sábado por la mañana y lo mandaron a los calabozos del cuartel de la Guardia Civil. Allí se instruyó un nuevo atestado que se entregó este lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron su ingreso en prisión.

A. P. G. acumula entre denuncias y detenciones más de 80 reseñas, con constantes quebrantamientos de las medidas cautelares. SUR se hizo eco del caso hace un mes ante la desesperación de Mónica, que sigue sin entender estos vaivenes en las decisiones judiciales. Si hay una víctima en este caso, por encima de todas, es ella.

La pareja se instaló en Campillos hace un cuarto de siglo y abrió pescaderías en Teba y en Almargen. Les fue bien durante unos años, aunque cuando Mónica tuvo al segundo de sus tres hijos empezó a vislumbrar su futuro. Ya entonces pensó en separarse, pero decidió aguantar por su suegra, que fue como una madre para ella. Finalmente, dio el paso el 1 de septiembre de 2021.

Según relata, a los dos años de separarse empezó a hacerle la vida imposible: supuestamente vendió todo lo que habían adquirido en gananciales y lo último fue el domicilio familiar, donde ella vivía con sus hijos. En septiembre de 2024 firmaron el divorcio, y ni con esas. En noviembre, Mónica le puso la primera denuncia por amenazas de muerte, que llegaba a hacerle telefónicamente a través de sus hijos.

En el juicio rápido quedó probado que él le decía que le iba a cortar el cuello, que la iba a matar a palos, o que iba a quemar la casa con ella dentro, según la sentencia. Le cayeron seis meses de cárcel, pero también la orden de alejamiento de Mónica de 500 metros por la que ahora le han colocado la pulsera telemática.

Según la mujer, A. P. G. supuestamente le rompió los cristales de la casa y volvió a amenazarla, y también le ha pinchado las ruedas del coche. Ha quebrantado en numerosas ocasiones la prohibición de acercarse a ella. Una de esas veces acabó de nuevo en los tribunales: «Yo estaba dentro testificando y, cuando salí, me mandaron un vídeo y me dijeron: 'Mira lo que hacía en la puerta del juzgado mientras tú estabas declarando'». En las imágenes se le ve bailando.

El 9 de enero, la Policía Local lo llevó al cuartel para comprobar si continuaba vigente la orden de protección, porque, al parecer, la había seguido con el coche y le había pitado. Allí verificaron que no podía acercarse a ella y volvieron a detenerlo, momento en que A. P. G. arremetió contra los agentes y, supuestamente, lesionó a tres funcionarios, ademas de amenazar al resto. Él negó las acusaciones. Tras aquella intervención se dictó la orden de destierro que la Audiencia ha dejado sin efecto.