Cae una red con ramificación en Málaga acusada de introducir a un millar de migrantes sirios y argelinos

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, la red facilitaba la permanencia de los migrantes en España y el tránsito a otros países europeos a cambio de cantidades que podían alcanzar los 20.000 euros, lo que les habría reportado unos beneficios superiores a 1.500.000 de euros.

La operación se ha saldado con 21 detenidos en diferentes provincias españolas, 13 en Madrid, cinco en Almería y uno en Guipúzcoa, Málaga y Murcia, entre los que se encuentran seis cabecillas que han ingresado en prisión provisional.

La investigación policial tuvo su origen en otra operación desarrollada en 2023 que logró desmantelar la logística en España de una organización dedicada al tráfico de migrantes y que permitió delimitar la existencia de esta importante red criminal de ámbito internacional dedicada al tráfico de migrantes sirios y, en menor medida, argelinos, compuesta por dos organizaciones principales, una asentada en Argelia y otra en España.

Según la Policía, la rama española estaba formada por dos grupos diferentes que contaban con una gran cohesión y una clara delimitación de tareas. El grupo principal, asentado en la provincia de Madrid, era responsable de la organización de todas las actividades de la red en coordinación con la célula matriz afincada en Orán (Argelia). El otro grupo, que estaba ubicado en Almería, se encargaba de la recepción de los migrantes llegados en patera a las costas españolas y su traslado a Madrid.

La matriz argelina era la encargada de organizar y lanzar embarcaciones rápidas de fibra con migrantes sirios y argelinos, desde las costas de Oran y Mostaganem (Argelia), con destino a España. Según la investigación, las travesías marítimas se realizaban «con grave riesgo para la vida de los migrantes», en unas embarcaciones sobreocupadas carentes de cualquier elemento de seguridad, sin chalecos salvavidas o arnés de seguridad, cargadas de bidones de combustible y en las que no había agua ni comida.

El grupo afincado en Almería, en perfecta coordinación con la matriz, se encargaba de la recogida de los migrantes poco después de su desembarco en las costas de Almería y Murcia, que normalmente se producía de noche y en zonas de difícil acceso alejadas de núcleos urbanos.

De manera inmediata, y gracias a la flota de vehículos que poseían, trasladaban a los migrantes hasta la provincia de Madrid, donde contaban con una amplia red de pisos de seguridad en los que eran alojados en condiciones de insalubridad y hacinamiento. Cuando consideraban que en esos inmuebles ya no se podían instalar más migrantes, los traficantes hacían uso de establecimientos hoteleros que controlaban y que permitían ocultar hasta 30 personas al mismo tiempo.

A los migrantes que decidían abandonar España, el entramado les ofrecía la posibilidad de hacerlo vía aérea, facilitándoles la obtención de los pasaportes y billetes necesarios, o bien vía terrestre, a bordo de vehículos de su propiedad o de alquiler que arrendaban a nombre de testaferros.

La Policía Nacional destaca la «especialización y profesionalización» de la red en el movimiento secundario terrestre de los migrantes sirios desde España a otros países europeos, para lo que habían ideado una ruta especial que marcaba un itinerario concreto y un horario especifico para cruzar las fronteras interiores sin ser detectados por las autoridades policiales.

Además, en ocasiones, y para aumentar los beneficios del entramado, esa información era vendida a otras organizaciones criminales que se dedicaban a actividades delictivas similares.

La ruta migratoria empleada por los traficantes con los ciudadanos de origen sirio discurría por Asia, África y Europa. El punto de partida era el aeropuerto de Beirut (Líbano), donde llegaban tras ser introducidos cruzando la frontera terrestre siria, y desde aquí eran traficados vía aérea hasta Egipto. A continuación la organización facilitaba el cruce de fronteras terrestres de Libia y Túnez hasta llegar a Argelia, donde eran alojadas hasta su salida hacia España.

Los migrantes debían ir pagando en cada etapa a través del conocido método «hawala», sistema financiero que actúa fuera de los cauces legales, y se calcula que cada migrante podría haber pagado hasta 20.000 euros. Durante la investigación los agentes detectaron cómo el entramado criminal hacía uso de material tecnológico como cámaras espía y micrófonos ocultos para garantizar los cobros de dinero.

La investigación ha finalizado con un operativo policial que ha contado con la participación de 90 agentes y en el que se han realizado cinco registros domiciliarios y cuatro inspecciones a establecimientos hoteleros en las provincias de Madrid, Almería, Guadalajara, Murcia, Málaga y Guipúzcoa, en los que se han incautado 8.950 euros, 1.381 dólares, 36.000 dinares argelinos, tres vehículos y diverso material tecnológico. Además, se ha decretado el bloqueo cautelar y embargo preventivo de 25 cuentas bancarias