La red de prostitución nigeriana que explotó a una menor de 14 años en Puerto Banús

Los hechos que se van a enjuiciar se remontan a 2017. En concreto, en el verano de ese año, la Fiscalía mantiene que una de las cinco personas acusadas en este procedimiento, todas ellas de Nigeria, obligó a prostituirse a la adolescente de 14 años.

Esta persona, que también ejercía la prostitución, se encargaba de controlar a la menor en todo momento. De hecho, convivía con ella en un piso de Málaga, desde donde se trasladaba a la víctima en coche junto con otras chicas para explotarla sexualmente.

El Ministerio Público explica que primero fue obligada a prostituirse en la zona de Puerto Banús y que, después, a partir de noviembre de ese mismo año, era llevada hasta el polígono Guadalhorce de la capital malagueña.

Fue entonces cuando la maquinaria de esta red de prostitución empezó a funcionar, según la Fiscalía, desde donde se insiste en que a partir de noviembre de 2017 los acusados, puestos de común acuerdo y guiados con el ánimo de obtener un lucro ilícito, se aprovecharon del ejercicio de la prostitución de diversas mujeres de su nacionalidad.

La mujer que controlaba a la menor no solo la habría acogido a ella, sino también a otras jóvenes, a las que, supuestamente, ayudaba a controlar. Ella era solo un eslabón de esa cadena que habrían montado para lucrarse ilícitamente.

Dentro de ese reparto de tareas, otros de los acusados se encargaban de aspectos como recoger el dinero que ganaban las mujeres o recargar el saldo de los teléfonos móviles que usaban las chicas que se prostituían. Asimismo, el Ministerio Público mantiene que la trama recibía a las víctimas en Málaga y, posteriormente, las asignaba a los domicilios en los que eran controladas.

Sin dinero

En las casas se les retiraba el dinero y desde ellas eran trasladadas hasta los puntos en los que las chicas ejercían la prostitución. Un conductor las llevaba hasta zonas como el polígono Guadalhorce o varios clubs de Benalmádena, siempre según la Fiscalía.

De hecho, en la fase de explotación de la investigación, las autoridades encontraron numerosa documentación en las viviendas de los acusados,. Además de anotaciones sobre cuantías económicas, también hallaron pasaportes de las mujeres falsificados.

Desde el Ministerio Público se indica que no consta que ninguno de los acusados realice actividades laborales o mercantiles legítimas, pese a que constaba que recibían ingresos y realizaron transferencias desde sus cuentas con importes de miles de euros. El dinero, se insiste, provenía de su actividad delictiva.

En el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía asegura que se han cometido delitos de prostitución de menor, prostitución de mayores de edad, trata de seres humanos y continuado de falsificación de documentos oficiales. Por ello, solicita penas para los procesados desde siete años y medio de cárcel hasta 28 años y medio de prisión, en función la participación de los acusados en la trama. Las multas más importantes solicitadas ascienden hasta los 37.800 euros.