El reo que inició el motín hace una semana en la prisión de Málaga denuncia agresiones de funcionarios
Según reza en el documento presentado al Juzgado de Guardia, ha tenido que ser trasladado varias veces al hospital por golpes y amenazas de los trabajadores tras el conato de sublevación
El preso que supuestamente encabezó el amago de motín ocurrido hace una semana en la cárcel de Alhaurín de la Torre ha denunciado ante ... el Juzgado de Guardia de Málaga a funcionarios del centro penitenciario por presuntas agresiones, amenazas y vejaciones. Estos episodios habrían sucedido tras el intento de sublevación en el que intervinieron una veintena de reclusos en el patio del módulo seis, quienes supuestamente se encararon con los empleados y alentaron al resto de internos a que los desobedecieran.
De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, a la que SUR ha tenido acceso y que está pendiente de ser admitida a trámite, el interno ha tenido que ser trasladado por presuntas agresiones a un hospital en varias ocasiones tras el conato de insurrección ocurrido el pasado jueves 10 de noviembre por la mañana. El mismo se disolvió en cuestión de media hora sin que llegasen a producirse heridos.
Según el reo, en la mañana del incidente, uno de los funcionarios lo condujo a una zona del módulo sin cámaras y lo golpeó en un ojo, produciéndole sangre, ya que en esa parte de la cara tenía una lesión que se habría hecho la noche anterior al caerse en su celda.
Después fue trasladado a aislamiento, donde, siempre según lo recogido en la denuncia, fue atado con sujeción mecánica y continuó siendo agredido e insultado. El preso, al parecer, se tragó dos tornillos del sistema de inmovilización para obligar a los funcionarios a que lo trasladaran al hospital para que quedara constancia de su situación.
Así, ingresó en un centro hospitalario en torno a las 22.35 horas, siendo su hora de salida las 13.22 del día siguiente. En el documento presentado al juzgado se alude al informe del alta, en el que el médico dejó constancia de que el interno había sufrido traumatismos faciales y policontusiones en el motín del día anterior.
Supuestamente, el reo también tuvo que ser ingresado nuevamente en los días 12 y 13 de noviembre y los médicos apreciaron que presentaba una luxación completa del cóndilo mandibular derecho que imposibilitaban la apertura bucal, como reflejaron en el parte.
Asimismo, este mismo recluso ha denunciado que el pasado 14 de noviembre recibió amenazas de muerte. Según su versión, otro funcionario le dijo que le partiría la espalda con una porra por afirmar que había sido agredido por su compañero. Además, indica que este empleado le quitó el apósito que los facultativos le colocaron en la boca para su curación.
Unos hechos por los que su representante legal ha solicitado a la autoridad judicial el visionado de las imágenes de las cámaras, apuntando a que así se podría comprobar cómo un empleado le acerca la porra a la espalda y al cuello. Del mismo modo, ha pedido el acceso a las grabaciones íntegras entre las 00.00 horas del día 10 hasta las 23.59 del 14 de noviembre de las distintas instalaciones de la cárcel en las que habrían ocurrido las agresiones.
Según indicaban fuentes próximas al centro penitenciario, este interno ya habría realizado una denuncia similar en otra prisión andaluza hace varios meses y se está investigando si las lesiones de las que está acusando a funcionarios podrían haber sido autoinfligidas. Del mismo modo, desde el Sindicato Tu Abandono Me Puede Matar han querido pronunciarse sobre estos hechos para defender la presunción de inocencia de los trabajadores de la prisión malagueña.
«Nuestro trabajo está expuesto a este tipo de denuncias debido a múltiples motivos, desde el de minusvalorar las posibles sanciones o consecuencias penales de los actos de los reclusos hasta las venganzas por lo que ellos consideran un trato injusto por parte de los que debemos imponer el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios», subrayan.
Al respecto, el sindicato han vuelto a recalcar que los trabajadores de la cárcel suponen uno de los colectivos de la Administración General del Estado que más sufren las agresiones en el marco de su actividad, sin que todavía sean considerados como agentes de la autoridad ni se aplique el principio de veracidad a sus informes. «Es por eso que tenemos que enfrentarnos en muchos de los casos a procesos judiciales sin prueba alguna en contra», lamentan.
En cualquier caso, tendrá que ser un juez quien decida si se dan indicios suficientes para investigar los hechos denunciados por el preso y enjuiciar a los funcionarios o para archivar la causa.
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