Las agresiones físicas de reos a funcionarios se multiplican en las cárceles de Málaga
Mientras que en 2021 se produjeron cuatro ataques, en los nueve primeros meses del año la cifra ya asciende a once; la mayoría de los episodios se han registrado en el centro de Alhaurín de la Torre
La situación de tensión en los centros penitenciarios de Málaga no deja de ir a más. En los nueve primeros meses de este año las ... agresiones físicas de reos a funcionarios se han multiplicado respecto a las contabilizadas durante todo 2021 en las prisiones de Alhaurín de la Torre y Archidona. Si el pasado ejercicio se produjeron cuatro ataques a trabajadores, hasta el 30 de septiembre del presente año las mismas ascendían a once. Así se recoge en un documento publicado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
En este recuento -que no incluyen otro tipo de agresiones, como insultos, amenazas, empujones o tocamientos-, no quedaría recogida la agresión que supuestamente se produjo el pasado día 23 de octubre, cuando un trabajador se fracturó la mano al reducir a un preso que, al parecer, presentaba una conducta agresiva. El empleado tuvo que recibir la baja médica para recuperarse.
De acuerdo con lo expuesto en el documento oficial, los ataques de la población reclusa no han dejado de incrementar en Málaga desde 2018. El mismo revela además que desde 2015 se han registrado más de 60 episodios violentos que han acabado en agresiones a trabajadores, teniendo la mayoría de ellos lugar en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.
Precisamente, en este centro se han registrado ocho incidentes violentos de reos -sin contar el de octubre- a funcionarios hasta septiembre del presente año. Una situación que desde la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios 'Tu Abandono Me Puede Matar' (TAMPM) llevan años denunciando y de la que culpan directamente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por falta de medios y personal.
En este sentido, también apuntan a que los ataques físicos no son los únicos problemas que padecen los trabajadores en su día a día, aunque constituyan la manifestación más grave. De hecho, esta misma semana se han registrado en la cárcel malagueña dos intentos de motines. El que generó mayor tensión fue el ocurrido este jueves 10 de noviembre en el patio del módulo seis.
Como ya avanzó SUR, por la mañana, una veintena de presos se sublevaron presuntamente contra los tres funcionarios que había en esa dependencia, incitando además al resto de reclusos para que se sumaran al plante. Tuvieron que intervenir trabajadores de otras áreas de la cárcel para resolver la situación antes de que fuera a peor.
El día anterior, además, se produjo una situación similar en el módulo once de la prisión. Al parecer, dos reos fueron conducidos a aislamiento después de que protestaran e incitaran al resto de presos a encararse contra los funcionarios por la realización de un cacheo general de los presos.
Agentes de autoridad
Ante esta realidad, desde el sindicato TAMPM siguen reclamando que se reconozca con urgencia la reivindicación histórica de que los funcionarios de prisiones obtengan la condición de agentes de la autoridad: «La proposición de ley fue presentada el 24 de julio de 2020, hace más de dos años; y calificada el 2 de septiembre de ese mismo año», subrayan.
Lo cuenta SUR. Lo cuenta Irene Quirante.
En este sentido, critican que hasta el 29 de marzo de 2022, fecha en la que se votó la toma en consideración en la cámara baja, «ha habido muchas agresiones» -en concreto, un total de 310 en las cárceles de España- hacia los funcionarios de prisiones. «Este año y medio de tener guardada en el cajón la proposición de ley da una idea de lo prioritario que son para este gobierno los funcionarios de instituciones penitenciarias», subrayan.
La consideración de agentes conlleva que, en caso de sufrir ataques, estos serán considerados como atentados a la autoridad, como sucede con los efectivos de la Policía o la Guardia Civil. Asimismo, supondría la aplicación del principio de indemnidad, por lo que en caso de sufrir algún daño en el ejercicio del trabajo, el Estado les indemnizaría inmediatamente.
Asimismo, esta protección también llevaría aparejado el principio de veracidad, lo que significaría que las declaraciones o denuncias de los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones se presupondrían veraces.
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