Paradas Romero se sentará en marzo en el banquillo acusado de coacciones a Juan Cassá

La jueza apoya su resolución en el atestado de la Policía Nacional, cuya investigación señala directamente a José Luis Paradas Romero como presunto responsable de decenas de llamadas de teléfono realizadas desde número oculto y a horas intempestivas al móvil de Juan Cassá, lo que le supuso una «alteración grave» en el desarrollo de su vida cotidiana y le provocó un constante «estado de alerta» que no le dejaba dormir, según denunció el edil.

La magistrada entiende que esos hechos pueden tener relevancia penal y, a su juicio, encajarían en el tipo de las coacciones, que contempla penas de seis meses a tres años de prisión o multa de 12 a 24 meses (artículo 172.1 del Código Penal) para los supuestos más graves, o de uno a tres meses de multa (artículo 172.3) para los más leves.

La jueza ya apunta en su auto –fechado el 13 de enero– a la levedad del delito y cita a todas las partes para que comparezcan en el juicio oral, incluida la Fiscalía, pese a que la representante del Ministerio Público solicitó el archivo de la causa al considerar que no estaba acreditada la relación entre el incendio de la caravana y las llamadas de teléfono, y que las mismas no habrían supuesto un menoscabo para la tranquilidad y la libertad de Cassá.

Cassá, según la denuncia que presentó en comisaría, comenzó a recibir llamadas desde número oculto a su teléfono móvil a partir del 4 de mayo de 2020. La fecha es muy significativa, porque fue el día en que se consumó su salida de Ciudadanos y pasó a ser concejal no adscrito del Ayuntamiento de Málaga.

En total, 41 de esas llamadas dejaron un rastro en el terminal de Cassá, pese a que la persona que estaba al otro lado de la línea colgaba rápidamente. Sus dos asesores políticos y colaboradores más cercanos, Íñigo Vallejo y Beatriz González, quienes también abandonaron la formación naranja, recibieron igualmente decenas de llamadas. Esa situación les provocó, tal y como ellos mismos contaron a la policía, una situación de desasosiego y de alarma constante, con problemas para conciliar el sueño.

El culmen de toda esta situación tuvo lugar la madrugada del 30 de julio del año pasado, cuando alguien prendió fuego a la autocaravana que el político acababa de adquirir y que estaba aparcada en la calle, a pocos metros de su domicilio, en la zona Este de la capital malagueña.

No obstante, a Paradas Romero no se le relaciona –ni en la detención policial ni en la citación judicial– con el incendio de la autocaravana, que sigue sin esclarecer. Su supuesta implicación en el acoso a Cassá se limitaría a las llamadas desde número oculto. La policía descubrió que presuntamente se habían realizado desde el teléfono del gerente de Málaga, Deportes y Eventos.

Paradas Romero manifestó a SUR que era inocente, que todo era un «montaje» para hacerle daño y confió en que todo quedaría resuelto «en los próximos días». Esas declaraciones las hizo en septiembre de 2020, sólo unas horas después de que este periódico destapara su detención por el supuesto acoso al que fue su compañero en la formación naranja.

El exárbitro de fútbol ocupó el número cinco en la candidatura de Ciudadanos a las elecciones municipales de 2019 y fue designado para el puesto de gerente de Málaga, Deportes y Eventos tras el acuerdo de gobierno que alcanzó la formación con el PP.