El juez estudia si envía a prisión al dueño de la finca donde murió Julen

Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de prisión por un delito de homicidio por imprudencia. Dado que carecía de antecedentes penales y había asumido su responsabilidad en los hechos, la sentencia quedó suspendida –y con ella el ingreso en la cárcel– a condición de que saldara la responsabilidad civil y que no volviera a delinquir. La resolución le obligaba a indemnizar a cada progenitor con 89.529,27 euros y a la Junta de Andalucía, por las obras realizadas para el rescate, con otros 663.982,45 euros.

Serrano se había declarado insolvente durante el proceso. Un día antes del juicio, ingresó 25.000 euros en la cuenta del juzgado, lo que –unido a la asunción del delito– ayudaron a cerrar in extremis un acuerdo entre las partes que evitó la vista oral.

En su día, el abogado Antonio Flores, director del despacho LawBird Legal Services, que representa a Serrano, dijo que los 25.000 euros habían sido aportados por un empresario benefactor, también cliente del bufete, que se solidarizó con el caso.

En la sentencia, el juez fijó en 50 euros el pago mensual que Serrano debía realizar para abonar el total de la indemnización hasta que cambiara su suerte. Durante 2020, el dueño de la finca pagó dos de las once primeras mensualidades, lo que hizo que el magistrado estudiara, por primera vez, revocarle el beneficio de la suspensión.

Ante esta situación, Serrano se puso al día el pasado diciembre tras ingresar 500 euros en la cuenta del juzgado. Su abogado informó entonces de que el propio bufete había tenido que prestarle el dinero porque no tenía ingresos.

En enero, el juez decidió que continuara en libertad, aunque le recordó que no es «insolvente total», ya que es titular registral de algún inmueble y que, además, llegó a consignar antes del juicio «un importe que, aisladamente cuantificado, es de consideración [los 25.000 euros]».

El magistrado consideró el primer impago «una simple disfunción que ha sido remediada», recordó a Serrano que los 50 euros mensuales que se le han impuesto constituyen una «cifra irrisoria» respecto del total de la responsabilidad civil y le advirtió de que, ante un nuevo incumplimiento, la decisión podía ser otra.

Según ha podido saber SUR, sólo cuatro meses después, el juzgado ha acordado «iniciar nuevamente el trámite de revocación de la suspensión» tras comprobar en la cuenta de consignaciones que Serrano ha incumplido desde el mes de febrero la obligación de abono de los plazos estipulados para saldar la responsabilidad civil derivada del caso.

El letrado de la administración de Justicia (LAJ) notificó el viernes pasado a las partes el reinicio del trámite de revocación y les da un plazo de tres días para alegar lo que consideren oportuno, al tiempo que requiere también a la Fiscalía para que emita un informe sobre su postura al respecto.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han confirmado que, una vez se pronuncien las partes, el juez decidirá si envía a prisión a David Serrano para que cumpla la condena o si, por el contrario, le da una nueva oportunidad.

Los padres de Julen ya se han pronunciado. En un escrito presentado este martes en el juzgado, la familia del pequeño, representada por la abogada Antonia Barba, recuerda que aceptaron el pago de una cuantía mínima de 50 euros como «prueba de buena fe», pero ante el incumplimiento del pago, que consideran «grave y reiterado», solicitan que se revoque el beneficio de la suspensión y el inmediato ingreso en prisión de Serrano para cumplir la pena.