Ordenan de nuevo el ingreso en prisión del presunto estafador de las criptomonedas detenido en Maro hace un año

En un auto al que ha tenido acceso SUR, el magistrado explica que el fiador de Biosca, el empresario sevillano Ignacio Pérez, de la sociedad 'Strong Project', realizó sendas comparecencias el 15 de julio y el 18 de julio en las que puso de manifiesto que «había intentado ponerse en contacto con el supuesto estafador y que le había sido totalmente imposible».

«Ni a través de llamadas telefónicas, cuyo teléfono estaba apagado continuamente, y pudiendo comprobar que en el domicilio designado tras su puesta en libertad no había nadie desde el 4 de julio, y que personas de allí le habían comunicado que en esa fecha había habido un traslado de muebles; y segundo, solicitando la devolución del millón de euros que consignó para garantizar la libertad provisional de Javier Biosca», explica el magistrado en su resolución.

Así, el juez vuelve a imponerle una fianza de un millón de euros, frente a la petición del fiscal, que proponía que las comparecencias en sede judicial fueran diarias, o las acusaciones particulares, que pedían elevar la cuantía hasta los 50 millones de euros, como proponían los abogados de la principal asociación de afectados, Emilia Zaballos, y Francisco Jiménez, que representan a 720 de los 750 víctimas de Javier Biosca.

«Cuando salió de prisión se puso en contacto con nosotros y nos manifestó que tenía el dinero y que tiene intención de devolverlo, pero en estas tres semanas no ha hecho absolutamente nada, de hechos nos cuentan que ha estado de comilonas», ha manifestado Zaballos a este periódico, al tiempo que ha explicado que tras tener conocimiento de que había acudido a fichar a un juzgado de La Línea de la Concepción, en Cádiz, «nos pusimos en alerta porque teníamos claro que podía huir en cualquier momento a través del Estrecho de Gibraltar», ha apostillado.

Así, tras solicitar su detención, fue localizado en Sevilla, donde el pasado lunes compareció por videoconferencia desde un juzgado de la capital andaluza ante el magistrado de la Audiencia Nacional. «Tiene además una querella abierta porque presentó como fianza un palacete en Asturias que tasó en dos millones, pero se ha demostrado que vale 600.000 euros», ha apuntado Zaballos.

No obstante, a pesar de que Biosca ha sido representado ya por hasta ocho abogados, la letrada de la principal asociación de afectados se ha mostrado dispuesta a negociar con él directamente en la cárcel para conseguir que devuelva el dinero presuntamente defraudado a los 720 inversores a los que representa.

El supuesto 'bróker' está acusado de nueve delitos, entre ellos estafa continuada, apropiación indebida, suplantación de identidad, blanqueo de capitales, delitos contra la Agencia Tributaria y falsedad en documento público. Ilícitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group, captando desde 2019 a inversores particulares que buscaban una alta rentabilidad en el mercado de las criptomonedas.