Libertad bajo fianza de un millón de euros para el presunto estafador de las criptomonedas que fue detenido en Maro el pasado junio

En un auto notificado este lunes, al que ha tenido acceso SUR, los magistrados explican que en el caso de abonar la citada cantidad Biosca pasaría a estar en libertad provisional, con las obligaciones de realizar comparecencias en sede judicial cada quince días, entregar el pasaporte y comunicar los cambios de domicilio así como la prohibición de salida del territorio nacional.

Los magistrados de la Sección Tercera se alinean de esta forma con la postura del fiscal Pedro Rubira y aseguran que es «menor o casi inexistente el peligro de destrucción o alteración de fuentes de prueba, como consecuencia del avance de la instrucción y del aseguramiento de aquellas que se ha producido durante la tramitación del procedimiento». «La existencia de movimientos de estos activos durante la permanencia en prisión provisional del recurrente y la situación de libertad provisional en la que se encuentran los otros investigados, miembros de su familia, determinan la escasa o nula repercusión en este aspecto de aquella medida privativa», sostiene la Sala.

Así las cosas, y en alusión al riesgo de fuga aludido por el juez instructor, los magistrados inciden en que «es indudable el efecto atenuador del tiempo transcurrido» desde su detención e ingreso en prisión. En este contexto, la Sala alude a la jurisprudencia que valora «como insuficiente la mera referencia a la gravedad de la pena». Y todo a ello a pesar de que los magistrados reconocen que aunque siga «habiendo peligro de que Biosca »se sustraiga y no comparezca« ante la Justicia. »Es indudable que los contratos celebrados con los inversores no excluyen la existencia del engaño característico del delito de estafa«, aseguran.

El auto también pone el foco en el «cierto grado de conocimiento por los inversores del área en que se desarrolla la inversión, o el anuncio de unas expectativas de rendimientos por encima de lo habitual en el mercado» que, añade, «basta para desvanecer la estafa por aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada». «Y hay datos en este caso que indiciariamente apuntan a una puesta en escena, organizada por el recurrente, atribuyéndose experiencia y medios inexistentes, plenamente compatibles con el engaño que configura el mencionado delito», avisan.

Ese riesgo al que alude la acusación particular -la posibilidad de fuga- es para la Sala «menor que cuando se decretó la prisión y que, dado su arraigo personal y familiar y su domicilio conocido, puede también ser minimizado con otras medidas menos restrictivas de derechos». Y a esto se añade además que «no hay elementos suficientes para concluir que una eventual puesta en libertad pudiera poner en peligro bienes jurídicos de las víctimas, ni siquiera en cuanto a las inversiones» en la moneda virtual.

«En definitiva, el cambio de circunstancias hace aconsejable, más idónea para la preservación de los fines del proceso y más proporcionada, la medida de prisión provisional, pero eludible mediante la prestación de fianza, cuya cuantía, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, habrá de establecerse en un millón de euros, dada la capacidad económica del recurrente», concluyen los magistrados.

Biosca está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group, captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas. La Audiencia Nacional comenzó a investigar este asunto a raíz de las querellas presentadas por particulares y por la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins contra el 'clan' Biosca y Algoritmhmics Group, la empresa creada por el bróker con la que se habría perpetrado la estafa.

En la querella de esta asociación, que calcula que habría unos 300 afectados y más de 100 millones de euros estafados, se detalla que Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019 pero que carecía de todo tipo de autorizaciones, dado que no estaba inscrito, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).