Once disparos por la espalda en el polígono Guadalhorce: el principal acusado niega su autoría en el crimen

El cuerpo sin vida de la víctima apareció en un descampado el 17 de marzo de 2019. Llevaba documentación falsa encima, pero los agentes pudieron identificarlo y comprobar que tenía antecedentes por tráfico de drogas, lo que hizo sospechar que un ajuste de cuentas estaría tras el crimen. Aunque el Ministerio Público también apunta al conflicto por sustancias estupefacientes como posible causa, precisa en su escrito de acusación inicial -al que ha tenido acceso este periódico-, que no se ha podido esclarecer.

Asimismo, en su relato mantiene que la víctima fue citada en la capital mediante engaño por los procesados, que decidieron supuestamente idear un plan para «acabar con su vida». Steve K. partió desde París un día antes de su muerte con el pasaporte de un ciudadano francés. Al aeropuerto de Málaga llegó a las 15.34, cogió un taxi hasta su alojamiento y después fue a una cafetería de calle Cuarteles, donde permaneció hasta última hora de la tarde.

No habían dado las ocho cuando volvió a coger un taxi que lo llevó al polígono Guadalhorce. Allí, supuestamente, se subió a un coche, ajeno a lo que ocurriría, y puso rumbo hacia la depuradora de EMASA. Al bajar, abrieron fuego contra la víctima por la espalda, «impidiendo de este modo cualquier tipo de defensa, con la intención de asegurar el resultado mortal y sin riesgo alguno para los autores». Hasta once balazos a corta distancia que le impactaron en la cabeza, el cuello y el tronco, y le ocasionaron la muerte allí mismo.

Según se expone en el escrito del Ministerio Fiscal, dos de los procesados colaboraron en el crimen mediante el alquiler de los vehículos implicados, lo que habrían hecho por petición de un tercer acusado. Este último, supuestamente, lo hizo para ayudar al principal sospechoso del asesinato, aunque el fiscal señala que no se ha llegado a acreditar que «conociera de antemano» los planes del supuesto autor material del crimen. Una vez ejecutado, sin embargo, el supuesto ideólogo habría pedido a su contacto que, antes de devolver los automóviles, hiciera desaparecer cualquier rastro del mismo limpiando los interiores.

Dicha orden fue cumplida por los dos individuos que alquilaron los coches, «quienes en ese momento tuvieron cabal conocimiento igualmente del uso ilícito de los vehículos», por lo que el Ministerio Público pide para ellos un año y diez meses solo por encubrimiento. Para el supuesto enlace, el fiscal defiende una condena de casi cuatro años por encubrimiento y por tenencia ilícita de armas.

Los 22 años de prisión que solicita para el principal acusado se desglosan de la siguiente manera: 19 por un delito de asesinato, un año y cinco meses por tenencia ilícita de arma de fuego, un año y medio por falsedad en documento oficial, y ocho meses por uso de documento de identidad auténtico por quien no es su titular.