Las magistradas de violencia sobre la mujer prevén el «colapso judicial» al asumir los delitos sexuales: en Málaga solo se creará una plaza

Al respecto, las propias magistradas de los órganos especializados en la lucha contra esta lacra desde la Ciudad de la Justicia, en declaraciones a SUR, precisaron que la problemática va más allá del aumento de la carga de trabajo: «Como mínimo, se va a incrementar de manera considerable el retraso en la tramitación de los asuntos relacionados con la violencia sobre la mujer», advierten.

La asunción de estas nuevas competencias quedó establecida en la ley orgánica de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de enero. De acuerdo con la norma, se atribuye a las secciones de violencia sobre la mujer la instrucción de los procesos por delitos contra la libertad sexual, a los que también se suman los relacionados con la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el acoso con connotación sexual, siempre que las víctimas sean mujeres.

En consecuencia, según explica la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, María del Carmen Gutiérrez, órganos de violencia exclusivos de la Ciudad de la Justicia pasarán a asumir en octubre buena parte «de la carga de cada uno de los 14 juzgados de instrucción» de la capital, entre los que ahora se reparten estos asuntos, así como los otros cinco de Torremolinos.

En este sentido, la magistrada María Concepción Montoya, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, lamenta que, si no se aumentan los recursos para hacer frente a estas nuevas competencias, van a ser las víctimas las que, «con mucha seguridad», sufran en primera persona las consecuencias de estas modificaciones. «Nuestro principal miedo es ese, que la atención se vea mermada», indica.

Al respecto, las juezas ponen como ejemplo aquellos supuestos de maltrato recogidos en el artículo 153, en el que se hace referencia a lesiones de menor gravedad, como los empujones o las amenazas. «Son casos en los que hay que procurar sacar a las mujeres cuanto antes de su entorno, y ello también requiere de tiempo y no entrevistarse con ellas mirando el reloj», explica Montoya, quien denuncia que esta atención, inevitablemente, «se verá relevada por los delitos sexuales por su gravedad».

En este sentido, la titular del Juzgado de lo Penal número 12 de Málaga, Paloma Martín, que es uno de los tres penales dedicado a enjuiciar los casos de violencia sobre la mujer, lamenta que las causas que van por juicio rápido y que actualmente se están señalando para un año y medio vista, si no se refuerzan los medios, tardarán el doble en llegar a juicio. «Tener a las víctimas en esta situación durante tanto tiempo, en el que además puede pasar cualquier cosa, es someterlas a una doble victimización», denuncia.

En el comunicado, refrendado por casi un centenar de operadores judiciales, se advierte de que la entrada en vigor de esta nueva competencia será el 3 de octubre. Al respecto, inciden en que «tras los grandilocuentes anuncios» realizados por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, «sobre la creación de un 50 por ciento más de plazas destinadas a violencia sobre la mujer, y un aumento de recursos allá donde fuera necesario», la cifra de nuevas plazas se queda lejos de lo que se prometió.

«Son muchos los partidos judiciales donde nada se crea; en otros, se crea una plaza a cambio de agrupar partidos judiciales, con lo que ello supone en cuanto a desplazamientos de las víctimas; y de las grandes capitales, tan solo en Madrid se crean tres plazas, mientras que en Barcelona, Málaga y Sevilla solo se crea una», lamentan.

Además, como han denunciado, dichas plazas llegarán tarde o, en muchos casos, ni siquiera estarán disponibles si no se constituyen los tribunales de instancia, para lo que, a falta de una fecha sobre la mesa, entrarían en vigor el 31 de diciembre. «Esta situación desmantela de facto la Ley Orgánica 1/2004, que durante 20 años ha sido referente mundial por su atención integral a las mujeres y a sus hijos e hijas; se está legalizando un modelo que rompe con la atención especializada y deja a las víctimas sin protección real».