Abogados mutualistas de Málaga fletan un autobús para exigir en Madrid «pensiones y coberturas dignas»

Y es que, según describe, el futuro que espera a estos profesionales tras décadas cotizando es del todo dramático. «Todo ha estallado ahora al comprobar que nuestros fondos no rinden el interés adecuado; cada vez que hacemos una simulación de la pensión, esta es más reducida, hasta el punto de que últimamente arroja un resultado de entre 300 y 500 euros», detalla Fernández. En Málaga, indica, hay más de 7.000 abogados mutualistas, aunque los más perjudicados son aquellos con edades próximas a la jubilación.

Uno de los afectados es el letrado antequerano Juan de Dios, de 60 años, cuya prestación por jubilación, como ha comprobado, no llegaría ni a los 400 euros si se retirase en siete años. «Me he pasado la vida haciendo pleitos y lo que me he encontrado es que estoy atrapado; o nos dan una solución, o no voy a poder dejar de trabajar hasta que me muera», dice. Como relata, él se dio de alta como mutualista en el año 95, nada más colegiarse.

La póliza que firmó en su momento, dice, contemplaba que al final de su vida profesional tendría al menos garantizadas unas 100.000 pesetas al mes, cantidad que hoy se traduciría en 600 euros. Pero ni siquiera eso es lo que le quedaría. «Llevo soltando pasta 32 años, con pagos extraordinarios, y a estas alturas de la vida me veo completamente atrapado, sin posibilidad de un plan B», expone.

Cabe recordar que hasta el año 95, los abogados recién colegiados únicamente podían darse de alta en la Mutualidad de la Abogacía. De Dios tuvo la posibilidad de inscribirse en el Régimen de Autónomos o RETA, pero en su momento, indica, se alentaba a los nuevos profesionales a optar por el primer sistema.

«Nos decían que era un régimen de solidaridad en el que el dinero que aportaba cubría la pensión de mis mayores, y si dejábamos de aportar estábamos siendo insolidarios, puesto que ellos no iban a cobrar la pensión; y luego nos prometían que la mutualidad, sin duda, iba a ser algo más rentable que la propia Seguridad Social», resume.

Inmaculada Jiménez también recuerda perfectamente el momento en que le saltaron todas las alarmas. Fue hace unas semanas, estando de guardia en los juzgados. «Estuve hablando con unos compañeros y comentaban horrorizados las pensiones que se nos iban a quedar a los abogados mutualistas, yo no me lo podía creer», señala la letrada malagueña. Esa conversación en los pasillos de los tribunales la dejó con tal preocupación que no tardó en consultar la prestación de jubilación que le correspondería a ella.

Con estupor, Jiménez averiguó que la misma tampoco alcanzaría los 400 euros en caso de que dejase de trabajar a los 67 años, según relata a SUR. La profesional, de 55 años, comenzó a cotizar en la Mutualidad de la Abogacía tras colegiarse en el año 2004. Según apunta, empezó con unas aportaciones que, con el tiempo, acabó duplicando. Ahora, dice, paga unos 480 euros al mes. «Es increíble, directamente una burrada que nos veamos en esta situación», comenta indignada, y añade: «Hay compañeros que se han jubilado ahora y que pensaban que iban a cobrar unos 1.200, cuando lo que les ha quedado no llega a los 400».

Una de las modificaciones jurídicas que ha dado pie a esta situación, como señalan los perjudicados, data del año 2005, cuando la entidad cambió su sistema de reparto, de capitalización colectiva, a un sistema de capitalización individual. Así lo confirmó también a este periódico el director regional de la Mutualidad de la Abogacía, Rafael Navas. «Cada mutualista se ha diseñado la pensión que quiere a partir de las aportaciones que ha ido haciendo; el que ha pagado cuotas mínimas, es normal que se encuentre con una jubilación baja», defiende.

Navas calcula que en Málaga hay al menos 2.000 mutualistas con pensiones que no llegan a los 600 euros. «Es cierto que antes de 2005 había unas cantidades garantizadas; se garantizaban 600 euros pero había que pagar cuotas suficientes como para, en función de las variables económicas que hubiera en cada momento, poder seguir manteniendo esta cifra», argumenta al respecto. «La mutualidad partió en su momento de un sistema de reparto que sí era parecido al de la Seguridad Social y que era obligatorio; pero las propias normas aseguradoras nos fueron llevando a cambiar este sistema hasta el que tenemos ahora», añade.

En el caso de Alter Mutua, según afirmó en declaraciones a SUR su director general, David Gabarró, la entidad tiene presencia en Andalucía desde el año 2009 y desde el inicio se ha ofrecido un sistema de capitalización individual: «Los mutualistas, desde el minuto cero, saben perfectamente con las aportaciones que tienen previstas hacer el capital que recibirán en la fecha de vencimiento estimada, que sería de la jubilación». Según señala, en Málaga cuentan con cerca de 600 mutualistas, si bien, dice, recientemente solo han recibido una decena de consultas en relación a las pensiones.

No obstante, para los letrados que se han unido en el Movimiento #J2, la realidad es que los profesionales que han confiado en la Mutualidad de la Abogacía y en Alter Mutua están viendo que se «quedan con unas rentas vitalicias de entre la mitad y un tercio de la mínima del RETA, y en muchos casos por debajo de una no contributiva, lo que obliga a seguir trabajando sin poder jubilarse». Tienen la posibilidad de retirar el dinero acumulado, en cuyo caso Hacienda se quedaría con un pellizco del 47 por ciento, por lo que es una opción que prácticamente queda descartada.

En este sentido, los abogados aseguran que se sienten engañados y que se ha generado un auténtico problema social ante el que el Gobierno debe buscar una solución, como podría ser el traspaso de lo acumulado tras años de aportaciones al sistema público de pensiones para que se integre en el mismo. Así se pronunció también el decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González, quien esta semana mantuvo un encuentro con varios de los afectados en la sede institucional.

Al respecto, el representante de los letrados malagueños apostó por contar con un marco normativo que iguale al mutualista con el resto de trabajadores autónomos: «Se deben establecer pasarelas tanto al sistema activo como pasivo de la seguridad social, que las pensiones se actualicen, crear un fondo solidario y mejorar la participación de los mutualistas».

Los momentos más críticos también son aquellos en los que más suele aflorar la solidaridad. Y esta no es una excepción. En este caso, un total de 131 abogados malagueños han contribuido de manera voluntaria para pagar el autobús fletado en el que se desplazará una treintena de letrados de la provincia en representación de los intereses del colectivo en Madrid.